El Gobierno dominicano presentó ante periodistas de medios digitales los tres pilares de la Consulta Nacional para el Futuro de la Educación: participación ciudadana e inclusiva, concertación multisectorial y legitimidad democrática. El diseño del proceso replica, al menos en su estructura declarada, esquemas utilizados en iniciativas de reforma anteriores —según documentan evaluaciones del Banco Mundial y de la propia OCDE sobre sistemas educativos de la región— lo que plantea una pregunta que la Comisión Ejecutiva no respondió en el encuentro: ¿qué garantiza que esta consulta produzca resultados distintos?
La pregunta de fondo no es nueva. El país lleva décadas con diagnósticos similares sobre su sistema educativo. De acuerdo con el informe ERCE 2019 de la UNESCO, los estudiantes dominicanos de tercer y sexto grado se ubicaron entre los de menor desempeño en lectura y matemáticas de toda América Latina y el Caribe. Esos resultados se registraron años después de que el Estado comenzara a cumplir el mandato del 4 % del PIB establecido en la Ley 66-97. La brecha entre inversión y resultado de aprendizaje es, según ese mismo informe, uno de los problemas estructurales más persistentes del sistema.
La pregunta que la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa tampoco respondió es por qué cuatro instituciones que operan sobre el mismo sujeto —el estudiante dominicano— tardaron décadas en articularse en torno a un proceso común. MINERD, MESCYT, MAP e INFOTEP no tienen, hasta donde consta en documentación pública disponible, un marco de coordinación interinstitucional vinculante previo a esta consulta. Ese vacío no desaparece por el hecho de compartir una misma mesa.
Lo que los datos dicen — y lo que callan
El viceministro de Planificación y Desarrollo Educativo, Ayacx Mercedes, reportó que las convocatorias en El Valle y Enriquillo superaron en más de un 50 % las expectativas iniciales. Es un dato positivo, y debe registrarse como tal. Pero asistencia masiva no es sinónimo de incidencia real: el Gobierno no explicó qué mecanismo convierte los aportes ciudadanos en decisiones vinculantes, ni qué sucede cuando los consensos regionales entran en contradicción con la agenda técnica de los ministerios. Esa información no figura, hasta la fecha de publicación de esta nota, en ningún documento oficial de la Comisión Ejecutiva.
El principal desafío identificado por los participantes fue la calidad educativa. De acuerdo con los propios diagnósticos del MINERD publicados en años recientes, así como con mediciones internacionales como el ERCE 2019, ese ha sido el señalamiento central de prácticamente todos los procesos de evaluación del sistema desde la década de 1990. La pregunta no es si el país sabe cuál es el problema. La pregunta es qué análisis oficial explica por qué no se ha resuelto.
Tres ejes de análisis
Base de comparación. Según datos del Ministerio de Hacienda y del Banco Central correspondientes al período 2013–2024, la República Dominicana ha sostenido una inversión cercana al 4 % del PIB en educación, en cumplimiento del mandato establecido en la Ley 66-97. De acuerdo con el informe ERCE 2019 de la UNESCO, ese incremento sostenido de gasto no se tradujo en mejoras proporcionales en los indicadores de aprendizaje medidos regionalmente.
Fallo implícito. La reforma se presenta como un «nuevo sistema educativo», pero el ministro del MESCYT, Rafael Santos Badía, habló de articulación entre subsistemas y de pertinencia para el mercado laboral —objetivos que, según consta en documentos de reformas curriculares previas disponibles en el portal del MINERD, ya figuraban como metas en iniciativas anteriores. Sin una evaluación pública de por qué esos objetivos no se alcanzaron, el nuevo proceso parte de un diagnóstico incompleto.
Opacidad del dato. No se informó cuántos sectores fueron representados en las jornadas iniciales, qué metodología garantiza que los aportes de minorías no queden diluidos por mayorías, ni cuándo se publicará el informe consolidado de la consulta. Esa información no estaba disponible en fuentes oficiales al momento de redactar esta nota.
La directora del INFOTEP, Maira Morla, ofreció la definición más precisa del alcance de la reforma: no un ajuste curricular, sino una redefinición de los fundamentos del aprendizaje en el país. Es, precisamente por eso, la declaración que más obliga a los organismos convocantes a responder con documentación concreta. Si la transformación opera desde los cimientos —según sus propias palabras—, la Comisión Ejecutiva tendría que haber especificado ya qué estructuras administrativas se reorganizan, qué marcos legales requieren modificación y bajo qué cronograma, y qué evaluaciones de los sistemas previos se publicarán antes de construir el nuevo modelo. Esa documentación no estaba disponible al momento de celebrarse el encuentro.
El ministro Santos Badía convocó a los medios digitales a «difundir los alcances de esta transformación». El periodismo no difunde alcances; verifica resultados. El rol de la prensa en un proceso de consulta nacional es rastrear la distancia entre lo que se anuncia y lo que se ejecuta, y exigir que esa distancia se mida con datos públicos y verificables. Esa distancia empieza a medirse desde hoy.
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