Peralta llama «avance trascendental» a un Código Penal que su propio gobierno todavía no termina de corregir

Antoliano Peralta habló este lunes con una seguridad que contrasta con el calendario real del Código Penal dominicano. Lo llamó «avance trascendental«. Lo defendió con cifras de décadas, con nombres de expresidentes, con la carga simbólica de una norma que, según dijo, no le pertenece a ningún gobierno en particular. Pero hay una pregunta que el ministro no respondió y que Despertar Matinal sí quiere hacer: si el proyecto lleva más de veinticinco años dando vueltas por el Congreso Nacional, ¿por qué el actual Poder Ejecutivo —que ya cumple su segundo mandato consecutivo desde agosto de 2024, después de haber gobernado también entre 2020 y 2024— necesita seguir corrigiendo el texto a semanas de su entrada en vigor? La respuesta oficial habla de «lentitud» técnica. La pregunta de fondo es otra: ¿lentitud de quién, y a costa de qué garantías ciudadanas?

Una reforma que nadie quiere firmar, pero todos quieren estrenar

De acuerdo con lo expuesto por el propio Peralta durante la entrevista en Teleimpacto, el origen del Código Penal se remonta a la gestión de Leonel Fernández. Fue aprobado y observado bajo Danilo Medina por el debate de las tres causales de aborto, y más adelante el Tribunal Constitucional lo tumbó por un vicio de procedimiento legislativo —no por su contenido, aclaró el ministro—. Ese dato es importante porque desmonta la narrativa de que se trata de un «Código Abinader» propio del oficialismo, pero también expone algo que Peralta no subrayó: si la falla que tumbó la norma en su momento fue de forma y no de fondo, ¿por qué el texto que hoy se aprueba sigue generando observaciones de fondo sobre difamación, ofensas gestuales y tipos penales, según reconoció el propio funcionario?

Peralta explicó que, siendo consultor jurídico del Ejecutivo, el gobierno enfrentó la disyuntiva de observar la ley o promulgarla y usar el año de vacatio legis para revisarla. Optaron por promulgar y corregir después. Es una decisión política legítima, pero también es, en los hechos, una admisión: el Poder Ejecutivo decidió poner en marcha una legislación penal —la que rige delitos, penas y garantías de todos los dominicanos— sabiendo que necesitaría enmiendas antes de que entrara en vigor. Eso no es planificación; presuntamente es gestión sobre la marcha de una norma que debía estar lista desde antes de su promulgación.

El punto ciego: la difamación a funcionarios

El tramo más sensible de la entrevista fue el de la difamación contra funcionarios públicos. Peralta insistió en que el Tribunal Constitucional no despenalizó de manera absoluta la difamación hacia servidores del Estado, sino solo aquella vinculada al ejercicio de funciones públicas. Es una precisión jurídica correcta en el papel. Pero en un país donde el periodismo de investigación —el que hace preguntas incómodas sobre contratos, sobrevaluaciones y nombramientos— vive con el temor constante de querellas por difamación, la forma en que el nuevo Código Penal termine redactando esa línea no es un detalle técnico: es una frontera entre la fiscalización ciudadana y el silencio.

La retórica del «avance» frente a la deuda de fondo

Cuando Peralta afirma que «con este Código ganamos» y que «el tiempo va a demostrar» el acierto de la reforma, apela a una validación futura que ningún ciudadano puede exigir hoy. Es el mismo mecanismo retórico que este medio ha señalado antes en otros anuncios del oficialismo: se presenta como logro histórico algo que aún no ha sido probado en la práctica, y se pide fe institucional a una gestión que, en dos períodos consecutivos, no ha resuelto con transparencia comparable el debate sobre opacidad de datos, autocertificación de cifras y ausencia de auditorías independientes en otras áreas del Estado. El ministro reconoce «cierta lentitud«. No reconoce, en cambio, qué garantías concretas tendrá el ciudadano común frente a un texto que, por su propia confesión, todavía está siendo corregido a contrarreloj.

Tampoco se explicó, durante la entrevista, cuál es el mecanismo de rendición de cuentas si alguna de las correcciones de último momento introduce, sin debate público amplio, cambios que afecten derechos fundamentales. La comisión de juristas, las observaciones del Ministerio Público y de las plataformas digitales fueron mencionadas como parte del proceso, pero no hubo detalle público sobre actas, sesiones o el contenido exacto de esas observaciones. Esa opacidad de proceso —no el contenido del Código en sí— es lo que Despertar Matinal cuestiona.

El Código Penal dominicano entrará en vigor el 3 de agosto con o sin las correcciones que hoy mismo se siguen negociando. Peralta pide paciencia y promete que «el tiempo» dará la razón al Estado. Pero el tiempo ya dio veintiséis años de espera, y en ese tiempo el país cambió de gobierno, de crisis y de prioridades sin que la norma terminara de cerrarse. La pregunta no es si el Código representa un avance trascendental sobre uno del siglo XIX —probablemente lo sea en varios aspectos técnicos—, sino si un gobierno que lleva dos períodos consecutivos en el poder puede seguir presentando como logro propio una tarea que ni siquiera termina de entregar completa.