Cuando un gobierno se otorga a sí mismo el título de campeón de la libertad de prensa, la primera pregunta no debería ser si el halago es merecido, sino quién lo certificó y con qué vara. El presidente Luis Abinader informó que el Poder Ejecutivo depositó el viernes pasado un conjunto de modificaciones al Código Penal y a la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, presentadas como un equilibrio entre la libertad de expresión y la protección al honor y la intimidad. El anuncio llega envuelto en una narrativa de consenso y en la mención reiterada de que República Dominicana ha ocupado los primeros lugares del Índice de Chapultepec durante tres años consecutivos. Pero un país que pasó más de veinte años fuera del poder no necesita superar un adversario invisible para llamarse a sí mismo récord: necesita mostrar la metodología.
El relato del consenso y sus zonas grises
El mandatario explicó que la propuesta fue entregada a la Sociedad Dominicana de Diarios y a comunicadores bajo la coordinación de Napoleón Rodríguez, hoy juez de la Suprema Corte de Justicia. Aseguró que hubo consenso, aunque también admitió que ese consenso fue criticado, incluso sin que el Poder Ejecutivo recibiera observaciones formales. Esa frase, dicha por el propio presidente, merece una pausa: si el proceso fue tan participativo como se describe, ¿por qué la crítica persistió pese a la ausencia de objeciones oficiales? Un consenso que genera desconfianza en el sector que se pretende reformar — la prensa — no es un consenso resuelto, es un consenso pendiente de explicación.
Sobre el Código Penal, el presidente recordó que la pieza fue aprobada hace 11 meses con un año de vacatio legis para ajustes, y que apenas cinco semanas de discusión con «diferentes sectores» bastaron para producir el paquete de modificaciones depositado la semana pasada. El propio Abinader hizo mea culpa: «Quizás los dos sectores debimos hacerlo inmediatamente se aprobó.» La autocrítica es honesta, pero no responde la pregunta de fondo: ¿por qué un texto con quince años de gestación termina ajustándose contrarreloj, a menos de un mes de su entrada en vigencia?
«Un gobierno que se aplaude a sí mismo por un récord histórico, sin decir contra quién lo midió, no está informando: está narrando.»
El «récord histórico» que nadie ha explicado cómo se mide
Aquí está el punto que el oficialismo prefiere no desarrollar. Abinader repite que el país ha ocupado el primer y segundo lugar del Índice de Chapultepec durante tres años consecutivos, un dato que se usa como escudo frente a cualquier señalamiento sobre la Ley de Expresión. Pero, ¿récord histórico frente a qué línea base? República Dominicana pasó más de veinte años bajo administraciones que no rindieron cuentas de la misma manera ni fueron medidas con los mismos parámetros metodológicos actuales. Comparar el presente con un pasado sin ficha técnica equivalente no es medir un logro: es construir un relato favorable con datos incompletos.
De acuerdo con lo declarado por el propio presidente, tampoco existe claridad pública sobre la ficha técnica del índice citado: muestra, metodología de evaluación, financiamiento y criterios de ponderación. Sin esa información, la cifra funciona como eslogan de gobierno más que como evidencia verificable. No se trata de negar avances — sería igual de irresponsable —, sino de exigir que el mismo Estado que se autoelogia también se autofiscalice con el mismo rigor.
En este segundo mandato consecutivo del oficialismo, iniciado en agosto de 2024 tras el primer período 2020-2024, la retórica sobre libertad de expresión convive con un texto penal que, según fuentes cercanas al proceso legislativo, todavía genera dudas entre comunicadores sobre los límites entre protección al honor y posible uso disuasivo frente a la crítica periodística. Esa tensión —no resuelta con un anuncio de prensa— es, precisamente, lo que el ciudadano necesita vigilar antes del 3 de agosto.
Nota de rigor periodístico: Este artículo se basa en declaraciones públicas del presidente Luis Abinader y en información institucional disponible. No se afirma la existencia de intención deliberada de censura; se cuestiona, de acuerdo con el principio de rendición de cuentas, la falta de transparencia metodológica en las cifras oficiales citadas y la ausencia de ficha técnica pública del índice mencionado.
Que un gobierno depure su Código Penal y ajuste una ley con más de una década de retraso no es, por sí mismo, motivo de alarma. Lo que sí exige vigilancia es que ese ajuste llegue envuelto en un relato de récord histórico que ningún organismo independiente ha validado con datos públicos, y que el mismo Ejecutivo que legisla sobre libertad de expresión sea quien decide, sin contrapeso claro, qué cuenta como «consenso». Despertar Matinal no celebra ni condena por anticipado: exige la ficha técnica.
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¿Puede un Estado calificarse a sí mismo de récord histórico en libertad de prensa mientras redacta, a puerta casi cerrada y contrarreloj, las normas que definen los límites de esa misma libertad?
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