El organismo superior de control fiscal de la República Dominicana no dejó espacio a interpretaciones ambiguas: el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) operó durante los años auditados bajo una arquitectura de controles débiles, adjudicaciones cuestionables y desembolsos sin la debida verificación documental. El informe final de la Cámara de Cuentas identifica 38 irregularidades con presuntos indicios penales, las cuales ya fueron remitidas a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
La investigación especial abarca la gestión del exministro de Educación Roberto Furcal (agosto 2020–agosto 2022), del exdirector Cecilio Rodríguez Montás (septiembre 2020–noviembre 2021) y del exdirector Víctor Castro Izquierdo (noviembre 2021–agosto 2022). Tres funcionarios, un período crítico y más de RD$3,000 millones en recursos públicos bajo observación.
Contrataciones con anomalías de fondo
La sección de compras y contrataciones concentra algunos de los hallazgos más voluminosos. El informe documenta expedientes con documentación incompleta por RD$58,817,468 y adjudicaciones a 135 proveedores sin capacidad técnica acreditada por RD$808,175,293. A eso se suma que 11 suplidores que no cumplían el criterio de ubicación recibieron contratos por RD$75,152,036, lo que apunta a un proceso de calificación de oferentes que no operó conforme a la normativa.
Las modificaciones contractuales también están bajo escrutinio: adendas y cambios a contratos de 35 proveedores por RD$406,335,801 superaron los límites permitidos por la ley de compras y contrataciones públicas. La Cámara también registra adjudicaciones a proveedores vinculados entre sí por RD$426,539,756, una práctica que compromete los principios de libre competencia y transparencia que deben regir el gasto público.
En materia de raciones alimenticias —el corazón del mandato del INABIE— el informe identifica diferencias entre lo contratado y lo facturado por RD$187,256,083, junto con pagos con reajuste retroactivo por RD$77,877,586. La ecuación entre lo pactado, lo servido y lo cobrado no cierra, y esa brecha no es menor cuando se trata del desayuno escolar de los niños dominicanos.
«Pagos a proveedores respaldados con documentos sin sello de pago ascendieron a RD$2,363,384,064. La combinación de debilidades documentales y fiscales evidencia la ausencia de mecanismos de verificación previa al desembolso.»
— Informe Final de Auditoría Especial, Cámara de Cuentas de la República DominicanaDesembolsos sin verificación fiscal ni documental
Quizás el hallazgo más contundente del informe se encuentra en la sección de pagos: RD$2,363,384,064 desembolsados a suplidores cuyos documentos de respaldo carecían de sello de pago. No son montos menores ni errores de forma; representan una fractura en el ciclo básico de verificación que debe anteceder cualquier pago del Estado. Adicionalmente, RD$213,039,496 fueron pagados a proveedores que no estaban al día con sus obligaciones fiscales, en directa contravención del marco normativo vigente.
Irregularidades financieras y contables
En el plano financiero, la auditoría detecta una diferencia de RD$107,178,333 entre la ejecución presupuestaria y el estado de rendimiento financiero, lo que compromete la confiabilidad de los reportes institucionales. El informe también reporta cuentas bancarias operando fuera del Sistema de Cuenta Única del Tesoro, que recibieron depósitos por RD$175,694,503 y realizaron pagos por RD$133,237,458 sin apropiación presupuestaria. Ese dinero moviéndose fuera del sistema oficial de control es, en sí mismo, una señal de alerta mayor.
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A esto se añade un ajuste patrimonial de RD$32,131,399 en fondos no reintegrados al Tesoro Nacional, pagos de nómina por RD$99,718,474 mediante transferencias internas no registradas y un reajuste salarial retroactivo anterior a la aprobación del MAP. La retención de impuesto sobre la renta no remitida a la DGII asciende a RD$6,338,143, lo que extiende el problema al ámbito tributario.
Personal en nómina sin aprobación del MAP ni contratos registrados ante la CGR: RD$9,079,951. Bonos pagados con fondos del programa PNUD-INABIE: RD$24,406,397. Beneficios e incentivos otorgados a personal fijo bajo disposiciones para docentes: RD$63,306,661. El régimen de compensaciones operó sin marcos normativos claros.
Personal de seguridad: pagos sin políticas aprobadas
La nómina de compensación del personal de seguridad acumuló RD$28,730,225 sin políticas ni procedimientos aprobados. El informe también registra beneficios económicos por RD$8,725,593 a personal militar en funciones administrativas y pagos extrasalariales por RD$9,445,346 a 122 miembros del área, además de un pago retroactivo de RD$3,282,127 a personal contratado sin autorización del MAP. El patrón es consistente: pagos autorizados sin el marco normativo que los respalde.
Debilidades tecnológicas: sin manual, sin pistas de auditoría
La parte final del informe documenta ausencia de un manual de seguridad de la información, de una metodología para gestionar riesgos tecnológicos y de controles sobre respaldos y resguardo de datos. No existen pistas de auditoría definidas ni un responsable de bases de datos. Aunque estos hallazgos no siempre implican montos directos, comprometen la capacidad institucional para prevenir, detectar y corregir irregularidades. Una institución que maneja miles de millones de pesos y no tiene pistas de auditoría no puede rendir cuentas, porque no existe el registro que lo permita.
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El caso en manos de la PEPCA
Por la gravedad de los hallazgos y sus presuntos indicios penales, la Cámara de Cuentas remitió el expediente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). Corresponde ahora a ese organismo determinar si los hechos documentados ameritan acción penal contra los exfuncionarios identificados en el informe. El traslado no es un acto simbólico: es el paso que convierte las anomalías administrativas en potenciales causas penales.
Lo que el informe de la Cámara de Cuentas describe no es una suma de errores aislados. Es un patrón: proveedores sin calificación, contratos modificados fuera de los límites legales, pagos sin respaldo documental, cuentas fuera del sistema de control, nóminas sin autorización. Cada hallazgo, por separado, podría atribuirse a debilidad institucional. El conjunto apunta a algo más estructural. La PEPCA tiene la palabra.
¿Cuántos millones más deben documentarse antes de que se produzcan resultados concretos en sede penal?
Sigue el caso: Monitorea las actuaciones de la PEPCA sobre el expediente INABIE en los próximos meses. Comparte este artículo y exige transparencia en la gestión de los programas de alimentación escolar.
