El primer ministro de Bulgaria, Rosen Zheliazkov, anunció este jueves 11 de diciembre la dimisión de su gobierno tripartito tras protestas multitudinarias que reunieron a decenas de miles de ciudadanos en Sofía. Las manifestaciones, convocadas por el partido opositor europeísta PP-DB, exigieron el fin del ejecutivo entre acusaciones de corrupción sistémica y control oligárquico del poder.
«Hemos oído la voz de la sociedad», declaró Zheliazkov ante el Parlamento, apenas horas antes de que se votara una moción de censura contra su administración, la sexta desde que asumió el cargo el pasado 15 de enero. El gobierno estaba conformado por el conservador GERB, el Partido Socialista Búlgaro (BSP) y el populista antisistema ITN.
El presupuesto que desató la crisis
La renuncia se produce en un momento crítico: Bulgaria está a menos de tres semanas de poner en circulación el euro el 1 de enero de 2026. Las protestas surgieron tras la presentación del primer presupuesto estatal diseñado para funcionar con la moneda única europea, un plan que contemplaba subidas de impuestos, cotizaciones y diversas tasas.
La semana pasada, el gobierno retiró el proyecto presupuestario bajo presión social y política. Sin embargo, las manifestaciones no cesaron. El descontento refleja una fractura más profunda en un país que ha celebrado siete elecciones nacionales en los últimos cuatro años, las más recientes en octubre de 2024, sin lograr estabilidad política duradera.
«No dudamos de que el Gobierno superaría la próxima moción de censura. Pero para nosotros, las decisiones del Parlamento tienen sentido cuando expresan la voluntad del pueblo soberano», argumentó Zheliazkov al justificar su decisión. La dimisión anticipa lo que serían las octavas elecciones desde 2021.

Borisov y Peevski: Los poderes en la sombra
La protesta del miércoles por la noche concentró especialmente su ira contra dos figuras que no ocupan cargos oficiales en el gabinete pero ejercen influencia determinante: el ex primer ministro Boiko Borisov, líder del GERB, y el oligarca Delyan Peevski.
«¡Dimisión! Fuera Peevski y Borisov del poder», coreaban los manifestantes, en su mayoría jóvenes y estudiantes que proyectaron con luz el lema «La mafia fuera del poder» en la fachada de la sede del gobierno. La presencia masiva de estudiantes marca un punto de inflexión generacional en la política búlgara.
Peevski, sancionado por Estados Unidos y Reino Unido por corrupción, lidera el minoritario partido DPS-Nuevo Comienzo, cuyo apoyo parlamentario resulta clave para que el tripartito pudiera gobernar sin mayoría absoluta. Según analistas políticos, Peevski ejerce control sobre el sistema judicial, los servicios de seguridad, medios de comunicación y sectores estratégicos de la economía.
Borisov, por su parte, ha dominado la política búlgara durante la última década pese a múltiples escándalos de corrupción. Aunque oficialmente fuera del gobierno, todos los analistas coinciden en que ambos tomaban las decisiones reales del ejecutivo de Zheliazkov.

El costo de la corrupción institucional
Una encuesta publicada este jueves reveló que las protestas han erosionado significativamente el apoyo al GERB, vencedor en las últimas elecciones. El 82% de los encuestados reclama un cambio en el modelo de gobierno, incluyendo una renovación de líderes y un sistema judicial más eficaz.
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Los datos respaldan el descontento ciudadano. Según el más reciente Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, Bulgaria ocupa el penúltimo lugar entre los países de la Unión Europea, solo por delante de Hungría. Esta posición vergonzosa para el país más pobre del bloque comunitario refleja décadas de captura institucional.
Numerosos politólogos búlgaros sostienen que la corrupción no es un problema de individuos aislados, sino un sistema arraigado donde oligarcas como Peevski controlan instituciones que deberían servir al interés público. El resultado: ciudadanos desencantados, economía estancada y confianza institucional erosionada.
Adopción del euro en entredicho
La crisis política genera incertidumbre sobre la capacidad de Bulgaria para implementar el euro en las condiciones previstas. Aunque el cambio de moneda está programado para el 1 de enero, la falta de un gobierno funcional y de un presupuesto aprobado complican la transición.
La Unión Europea observa con preocupación. Bulgaria representa un caso extremo de las fracturas que corroen la credibilidad democrática en algunos países miembros. La narrativa de integración europea se ve cuestionada cuando ciudadanos perciben que la pertenencia al bloque no ha impedido la captura oligárquica del Estado.
La dimisión de Zheliazkov no resuelve la crisis estructural de Bulgaria: solo abre otro capítulo en una espiral de inestabilidad política que ya lleva cuatro años. Mientras Borisov y Peevski conserven su poder en la sombra, cualquier nuevo gobierno enfrentará los mismos obstáculos. Los ciudadanos búlgaros han dejado claro en las calles que exigen más que cambios cosméticos: reclaman el desmantelamiento de las redes de corrupción que secuestraron su democracia. Europa no puede mirar hacia otro lado cuando uno de sus miembros vive bajo control oligárquico.
La democracia búlgara no morirá en silencio; seguirá gritando en las calles hasta recuperar el poder que le fue robado.










































































