¿Por qué Bayahíbe, uno de los polos turísticos más reconocidos de La Altagracia, necesitó seis años de gestión gubernamental —entre el primer período del oficialismo (2020-2024) y lo que va del segundo (2024-2026)— para que el Ministerio de Turismo formalizara una mesa de trabajo permanente con hoteleros, comerciantes y comunidad? La pregunta no es retórica. Es la que debería hacerse cualquier ciudadano frente a un anuncio que se presenta como avance, pero que en realidad reconoce, entre líneas, una ausencia de planificación sostenida durante años.
El Ministerio de Turismo anunció esta semana la instalación de una mesa de diálogo permanente en Bayahíbe, con representantes del sector hotelero, comerciantes locales y la comunidad. Según el comunicado oficial, el objetivo es «coordinar acciones estratégicas» para el reordenamiento del destino, el fortalecimiento de su imagen y la sostenibilidad de sus recursos naturales y culturales. El anuncio llega presentado como un logro de gestión. Pero un examen más riguroso obliga a preguntar: ¿qué impidió que esta coordinación existiera antes?
Un destino de alto valor sin gestión articulada
Bayahíbe no es un destino turístico menor. Forma parte del clúster turístico de La Altagracia, cercano al Parque Nacional del Este y al Parque Nacional Cotubanamá, y ha sido durante décadas un punto de referencia para el turismo de buceo, excursiones y hospedaje complementario a Punta Cana y Bávaro. Precisamente por ese valor estratégico —reconocido incluso por los propios representantes del Ministerio en el anuncio— resulta más difícil de explicar por qué la coordinación institucional entre Estado, sector privado y comunidad se formaliza recién ahora.
Durante años, actores del sector hotelero y organizaciones comunitarias de la zona este han señalado, en distintos foros públicos, problemas de ordenamiento territorial, presión inmobiliaria sobre áreas protegidas y falta de seguimiento a los planes de desarrollo turístico sostenible previstos en la Ley 158-01 sobre Fomento Turístico y su normativa complementaria. Ninguno de esos señalamientos aparece mencionado en el comunicado ministerial, que se limita a describir la nueva mesa como un paso «importante» sin ofrecer un diagnóstico de por qué no existía antes ni qué mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas tendrá.
Lo que el anuncio no explica
El primer eje crítico es la base de comparación. El Ministerio de Turismo presenta la mesa de trabajo como una iniciativa nueva y positiva, pero no ofrece cifras, cronogramas ni indicadores previos que permitan medir si Bayahíbe ha perdido competitividad, inversión o posicionamiento durante los años en que esta coordinación no existía formalmente. Sin ese punto de comparación, el anuncio funciona como un gesto simbólico más que como una política evaluable.
El segundo eje es el fallo implícito que el propio comunicado deja entrever. Al hablar de la necesidad de «reordenamiento», «mejora de la imagen urbana» y «fortalecimiento de la seguridad», el Ministerio reconoce —sin decirlo explícitamente— que estas áreas presentan deficiencias actuales. Es decir, el anuncio admite, en su propio lenguaje, la existencia de un problema estructural que antecede a la solución que hoy se celebra.
El tercer eje es la opacidad del dato. No se especifica cuántas reuniones tendrá esta mesa, con qué periodicidad, quién sistematizará los acuerdos, ni si habrá informes públicos de seguimiento. La frase «reuniones periódicas» es, en sí misma, insuficiente desde el punto de vista de la rendición de cuentas institucional. Sin mecanismos de transparencia verificables, cualquier mesa de trabajo corre el riesgo de convertirse en un espacio de gestión de imagen antes que en una herramienta real de planificación territorial.
Es importante precisar que este análisis no afirma irregularidad alguna por parte del Ministerio de Turismo ni de los actores involucrados en la mesa de trabajo de Bayahíbe. De acuerdo con la información oficial disponible, la iniciativa se enmarca dentro de las competencias que la Ley 541-69 y la Ley 158-01 otorgan al Ministerio para la planificación y el fomento del sector turístico. Lo que este medio cuestiona, con base en el propio comunicado oficial, es la ausencia de indicadores de seguimiento, cronogramas verificables y mecanismos de transparencia que permitan a la ciudadanía evaluar el impacto real de la medida, no la legalidad de su creación.
Si Bayahíbe es, según el propio Ministerio de Turismo, uno de los destinos de mayor valor estratégico del país, ¿por qué su reordenamiento y su mesa de coordinación institucional llegan seis años después de iniciado el actual ciclo de gobierno, y sin un mecanismo público de seguimiento que garantice que esta vez sí habrá resultados verificables?
La instalación de una mesa de trabajo permanente en Bayahíbe puede ser, en efecto, un paso necesario. Pero un paso necesario no es automáticamente un logro cuando llega tarde y sin garantías de continuidad. La comunidad de Bayahíbe, el sector de hospedaje y los comerciantes locales merecen algo más que un comunicado optimista: merecen un cronograma público, indicadores medibles y la certeza de que esta mesa no será, como tantas otras iniciativas anunciadas en el sector turístico dominicano, un espacio que se disuelve una vez pasa el ciclo noticioso.
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