ADAVIT, ADOTUR, OPETUR y ASOTURE —cuatro de las principales asociaciones del sector turístico dominicano— expresaron su preocupación tras la aprobación en el Senado del proyecto que modifica la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. Las entidades solicitaron a las autoridades habilitar espacios de diálogo con el sector productivo antes de que la iniciativa continúe su curso legislativo, argumentando que las nuevas contribuciones contempladas en el texto no cuentan con estudios técnicos ni metodologías de cálculo publicados que justifiquen los montos propuestos.
En una declaración conjunta, las cuatro organizaciones coincidieron con la posición previamente planteada por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) y otras entidades empresariales frente a la reforma. Según indicaron, apoyan cualquier iniciativa que fortalezca la gestión ambiental del país, pero consideran que ese tipo de medidas deben estar técnicamente fundamentadas y construidas en diálogo con los sectores impactados.
Las asociaciones plantearon una serie de criterios que, a su juicio, deberían regir el esquema de contribuciones: que responda al tipo y volumen real de residuos generados por cada actividad económica, que reconozca las inversiones ya realizadas por empresas turísticas en gestión de residuos, que fortalezca los procesos de valorización y reciclaje, y que garantice seguridad jurídica y trato equitativo entre sectores productivos.
Un punto central de la objeción tiene que ver con el modelo de cálculo de las contribuciones. Las entidades explicaron que su modelo de negocio se basa en la intermediación de servicios turísticos, por lo que un esquema calculado sobre la facturación global no reflejaría, según su análisis, la realidad económica de estas empresas. De acuerdo con lo señalado por los gremios, esto podría comprometer la viabilidad operativa de varias compañías del sector.
Las cuatro organizaciones reafirmaron su disposición a participar en mesas de trabajo y consultas que sean convocadas para revisar la propuesta, aportando lo que describieron como experiencia técnica y operativa de distintos segmentos de la industria turística. El llamado se dirige tanto al Poder Ejecutivo como al Congreso Nacional, a quienes solicitaron considerar las observaciones del sector antes de que el proyecto continúe avanzando.
«Apoyamos firmemente cualquier iniciativa que fortalezca la gestión ambiental del país, pero esas iniciativas deben estar técnicamente fundamentadas y construirse en diálogo con quienes serán impactados por ellas.»
ADAVIT agrupa a las agencias de viajes y turismo del país. ADOTUR representa a empresas intermediarias del sector, enfocadas en los viajes desde, hacia y dentro de República Dominicana. OPETUR reúne a profesionales del turismo receptivo, congresos, convenciones y grupos de incentivos. ASOTURE, por su parte, agrupa a operadores receptivos y gestores de destino.
El proyecto de ley busca modificar el marco regulatorio de gestión de residuos sólidos vigente, en momentos en que el turismo continúa siendo uno de los principales motores de la economía dominicana. La objeción de estos gremios se suma a la postura previamente expresada por Asonahores, ampliando el frente empresarial que solicita revisión antes de la aprobación definitiva de la normativa en la Cámara de Diputados.
Al cierre de esta nota, el proyecto de reforma a la Ley de Residuos Sólidos se encuentra en proceso legislativo tras su aprobación en el Senado, pendiente de su discusión en la Cámara de Diputados. Las asociaciones turísticas señalaron que mantienen su disposición a integrarse a las consultas técnicas que sean convocadas, mientras el sector espera una respuesta formal de las autoridades sobre la apertura de dichos espacios de diálogo.
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