Abinader llama «animal» al policía que mató a un joven, pero nunca usó esa palabra para quienes saquearon la salud del pueblo

Hay una indignación selectiva que se activa cuando la cámara está encendida y el país entero observa. El sábado, Luis Abinader llamó «animal» al cabo José Francisco Moreta Heredia, autor del disparo a quemarropa que mató a Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años, en la Cañada de Guajimía, Herrera. Exigió justicia contundente, llamó al padre de la víctima, prometió seguimiento. Todo correcto. Todo esperable de un jefe de Estado. Pero esa misma indignación selectiva nunca apareció cuando el saqueo sistemático de los fondos de Senasa —presuntamente vinculado a estructuras cercanas al poder— dejaba, según denuncias del Ministerio Público, un rastro de pacientes sin tratamiento oncológico, diálisis interrumpidas y medicamentos desviados. ¿Por qué un crimen individual genera un pronunciamiento inmediato y un presunto crimen institucional, con un número de víctimas incalculablemente mayor, apenas mereció comunicados protocolares?

El caso de Herrera es claro en su gravedad: un agente de la Policía Nacional disparó a quemarropa contra un joven de 19 años sin que mediara, según los reportes disponibles, ninguna justificación proporcional. Abinader calificó el hecho de «incalificable» y pidió que la justicia dicte una sentencia que sirva de ejemplo. La reacción fue rápida, pública y, en el plano humano, comprensible.

Pero el contraste se vuelve inevitable cuando se coloca al lado del expediente conocido como Operación Cobra, la investigación que —de acuerdo con el propio Ministerio Público— documentó un presunto esquema de desvío de recursos dentro del Seguro Nacional de Salud (Senasa) durante años. A diferencia del caso Herrera, aquí no hablamos de un disparo aislado, sino de un presunto patrón sostenido de corrupción en el sistema de salud pública, con consecuencias que, según denuncias de pacientes y organizaciones civiles, se tradujeron en tratamientos negados, medicamentos oncológicos represados y muertes evitables. La diferencia no está en la gravedad —ambas son atroces— sino en la respuesta presidencial: contundente para un caso, tibia para el otro.

Esa asimetría es, precisamente, el objeto de este análisis. No se trata de restar validez a la indignación por la muerte de Darlin Mercado —merece toda la atención y toda la justicia—, sino de preguntar por qué el mismo estándar de furia moral no se aplicó cuando las víctimas no tenían un video viral, sino un expediente judicial lento y miles de historias clínicas dispersas por el país.

El doble rasero presidencial no es un detalle menor: es un patrón. Cuando el crimen es visible, individual y fácil de señalar con un adjetivo —»animal»—, la respuesta institucional es inmediata. Cuando el crimen es presuntamente sistémico, diluido entre expedientes, auditorías y estructuras de poder que incluyen a financistas de campaña, la palabra «indignación» desaparece del discurso oficial y es sustituida por el silencio o, en el mejor de los casos, por declaraciones genéricas sobre «fortalecer las instituciones».

Esta indignación selectiva tiene un costo político y social. Primero, legitima la idea de que la justicia dominicana funciona con dos velocidades: una veloz para el ciudadano sin poder, y otra lenta —o inexistente— para quienes forman parte del entramado de financiamiento político. Segundo, envía un mensaje implícito a la ciudadanía: la vida de un joven asesinado por un agente estatal genera un comunicado presidencial en horas; la salud de miles de dominicanos afectados por un presunto desfalco en Senasa apenas genera un proceso judicial que avanza a paso de tortuga, sin que el jefe de Estado utilice jamás la misma contundencia verbal.

No se trata de exigir que el presidente use la palabra «animal» para calificar a funcionarios o financistas señalados en el caso Senasa —eso sería tan populista como injusto sin sentencia firme—. Se trata de exigir coherencia en el nivel de indignación frente a hechos que, en magnitud de daño social, son comparables o superiores. El doble rasero no se mide en adjetivos, sino en la energía política invocada para perseguir, sancionar y dar seguimiento público a cada caso.

Vale reconocer que la inauguración de la carretera Palo Verde-Laguna Verde, en Montecristi, donde Abinader hizo estas declaraciones, corresponde a una obra real que responde a una demanda histórica de la Línea Noroeste. Eso no exime la pregunta de fondo: ¿por qué la misma capacidad de reacción inmediata no se aplicó, con igual intensidad pública, a los responsables señalados del presunto saqueo de la salud pública?

La indignación selectiva no se mide por lo que un presidente dice frente a las cámaras, sino por lo que calla cuando el silencio conviene. Un joven de 19 años fue asesinado y merece justicia plena. Pero si esa misma justicia y esa misma furia no se aplican con igual fuerza al presunto saqueo que dejó, según denuncias acumuladas, un sistema de salud pública desangrado, entonces la pregunta que queda no es sobre un policía llamado «animal»: es sobre qué tipo de crímenes merecen, para el poder, ser llamados por su nombre.