En un acto cuidadosamente escenificado junto al presidente Luis Abinader, los líderes del comercio detallista anunciaron que los precios de productos esenciales se han mantenido estables pese a la turbulencia internacional. Lo que no dijeron es cómo se financia esa estabilidad, quién la sostiene y por cuánto tiempo es sostenible.
Ricardo Rosario, presidente de la Central Nacional de Detallistas Unidos (CNDU), aseguró durante la clausura de la Segunda Convención Nacional de Negocios Detallistas que el Estado ha destinado recursos a fertilizantes, ha sostenido subsidios a los combustibles y ha protegido, según sus propias palabras, a más de un millón de familias beneficiarias de programas sociales. Como prueba tangible del compromiso gubernamental, anunció una reducción del precio del pollo a 53 pesos en el Gran Santo Domingo, medida que se extendería a la región Este.
Un pollo a 53 pesos en Santo Domingo suena a alivio. Pero si el salario mínimo del sector privado no sectorizado ronda los 14,000 pesos mensuales —según datos del Ministerio de Trabajo— y una familia promedio consume varios kilogramos de proteína a la semana, el precio del pollo es apenas un síntoma. El problema estructural es otro.
Casi cinco años de subsidios: ¿inversión o anestesia?
El gobierno de Abinader llega a su quinto año en el poder habiendo enfrentado, según su propio relato, una pandemia, la inflación derivada de la guerra en Ucrania, eventos climáticos y ahora la incertidumbre generada por tensiones en Medio Oriente. Ante cada sacudida, la respuesta ha sido la misma: subsidio, acuerdo de precio, convocatoria sectorial.
El patrón es comprensible en el corto plazo. Lo que genera interrogantes es su acumulación sin una reforma estructural visible. Según datos oficiales, el país registró un crecimiento económico de 4% en el primer trimestre del año —cifra citada por el propio presidente en el acto— y el ministro Eduardo Sanz Lovatón destacó exportaciones récord en marzo y una expansión manufacturera superior al 5%. ¿Cómo se explica, entonces, que el acceso a la canasta básica siga requiriendo subsidios permanentes si la economía crece a ese ritmo?
La pregunta no es retórica. Es la tensión central que el evento del lunes no abordó: el crecimiento macroeconómico y la estabilidad de precios administrada conviven sin que los salarios reales hayan recuperado el terreno perdido durante la inflación 2021-2023. Organizaciones de la sociedad civil han documentado que el poder adquisitivo de los trabajadores formales se contrajo en ese período y la recuperación ha sido parcial.
Formalización: meta ambiciosa, avance modesto
El ministro Sanz Lovatón anunció que desde el Ministerio de Industria se impulsa un plan para alcanzar 350,000 mipymes formalizadas al 2028, tras haber registrado, según afirmó, más de 54,000 negocios. La cifra es positiva, pero la brecha es reveladora: si el comercio detallista representa aproximadamente el 11% del PIB comercial —dato aportado por el propio ministro— y el sector opera en su mayoría en la informalidad, 54,000 negocios formalizados en casi cinco años de gobierno sugiere que el ritmo actual no alcanzará la meta, al menos no sin una aceleración significativa de los mecanismos de incentivo.
Las ferias de crédito con tasas preferenciales y el fortalecimiento de Promipyme son instrumentos reales, pero su alcance geográfico y la facilidad de acceso para pequeños comerciantes en zonas rurales no fueron parte del discurso oficial. Sin esos datos, el anuncio queda en promesa sin termómetro.
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El acto, los reconocimientos y la narrativa del consenso
No pasó inadvertido que el evento incluyó la entrega de reconocimientos al presidente Abinader: uno de la CNDU y otro de la Confederación General Almacenera de Argentina. Los reconocimientos en actos oficiales no son ilegales ni inusuales, pero forman parte de una gramática de legitimación mutua entre el Estado y los sectores que se benefician de sus políticas. El sector detallista recibe subsidios y acceso; a cambio, el gobierno recibe respaldo público y cobertura política ante eventuales presiones de precios.
El presidente de COOPENADU, Fellito Luna, pidió al mandatario «continuar respaldando al sector». Daniel Acuña, de la confederación argentina, elogió el «respaldo al comercio de proximidad». El tono del evento fue, en síntesis, el de una alianza consolidada. Lo que no hubo fue espacio para voces que cuestionaran si esa alianza beneficia por igual a los consumidores que a los distribuidores.
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Lo que queda abierto
La estabilidad de precios que el gobierno exhibe como logro es, en parte, real. Los subsidios a combustibles y fertilizantes han amortiguado golpes que en otros países se trasladaron directamente al consumidor. Pero una política de precios administrada por subsidios es, por definición, frágil: depende de la disponibilidad fiscal, de la voluntad política y de que las crisis externas no superen la capacidad de absorción del Estado.
Con un entorno internacional que el propio Abinader calificó como «uno de los más difíciles de las últimas décadas», la pregunta que el acto del lunes dejó sin responder es la más importante: ¿Cuál es el plan cuando el subsidio ya no alcance?
Redacción Despertar Matinal · Este artículo se basa en declaraciones públicas emitidas durante la Segunda Convención Nacional de Negocios Detallistas y en datos de fuentes oficiales disponibles al momento de la publicación. Los señalamientos analíticos son de responsabilidad editorial.
