Economía.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuestionó la derogación del decreto 693-24 mediante el decreto 635-26, al considerar que la decisión contradice las promesas del Gobierno de proteger la producción nacional de arroz frente a las importaciones estadounidenses.
La organización opositora sostuvo que las autoridades deben explicar las razones que motivaron la emisión y posterior eliminación de la medida, y advirtió sobre sus posibles consecuencias para los productores y el empleo rural.
El PLD propuso convocar una mesa nacional de negociación con los sectores arroceros y presentar una evaluación de la política arrocera entre 2021 y 2026, con datos sobre costos, productividad e inversiones.
Dijo que el arroz constituye un componente fundamental de la seguridad alimentaria dominicana y una fuente importante de empleo e ingresos rurales. Según Confenagro, el sector comprende alrededor de 30,000 productores y genera más de 300,000 empleos directos e indirectos. La organización ha solicitado un programa de transformación con metas, presupuesto y plazos verificables.
“Desde que asumió el gobierno en agosto 2020, el presidente Luis Abinader conocía que el periodo de desgravación del arroz establecido en el DR-CAFTA concluiría el 1ro de enero del 2025. Por tanto, durante los años 2021-2024, su administración tenía la responsabilidad de preparar al sector arrocero para enfrentar las nuevas condiciones de competencia”, agregó.
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Declaró que, sin embargo, a escasos días de concluir dicho período, el presidente emitió el Decreto 693-24, del 17 de diciembre de 2024, que establecía una cuota preferencial de 23,300 toneladas métricas de arroz estadounidense libre de aranceles y un gravamen de 99 % para las importaciones que superaran esa cuota. Dijo que hay una contradicción ya que el mismo gobierno PRM autorizó importaciones récords de arroz, alcanzando 4.7 millones de quintales, en ese mismo año.
Recordó que, en septiembre de 2021, el gobierno de turno eliminó el Decreto 569-12, emitido por el presidente Danilo Medina, que establecía la realización de Subastas Públicas para el otorgamiento de permisos de importación de productos agropecuarios. De esa manera tenía la posibilidad de importar sin las más mínimas reglas de transparencia.
En ese contexto cuestionó si aquella decisión respondió a una estrategia comercial sostenible o si fue una medida de carácter populista, destinada a generar simpatías entre los productores arroceros, sin ofrecer garantías de que podría mantenerse frente a los compromisos internacionales del país.
Explicó que lo que resulta políticamente cuestionable es que el Gobierno haya creado expectativas de protección entre los productores para luego retirar esa protección sin presentar simultáneamente una solución concreta a los problemas que justificaron su adopción. “Todo indica que la emisión del decreto 693-24 fue una medida engañosa y desconectada de un plan de soluciones a los problemas del sector. Y como dicen los productores, ¡con el arroz dominicano no se juega!”, agregó el partido.
Calificó la situación como preocupante porque, después de seis años de gestión, las autoridades no han presentado públicamente una evaluación integral que permita establecer cuánto se ha avanzado desde 2021 en la reducción de los costos de producción, el mejoramiento de los rendimientos agrícolas, la modernización de los sistemas de riego, la mecanización y el fortalecimiento de la competitividad del arroz dominicano.
Manifestó que el Gobierno del PLD ejecutaba un plan para generar dos nuevas variedades de arroz (Juma 68-18, Juma 69-20 y dejó lista la Juma 70-22), nivelación de suelos con tecnología de GPS, apoyo presupuestario para garantizar la comercialización estable a través de la pignoración, rehabilitación de caminos interparcelarios, crédito oportuno, rehabilitación de canales de riego, construcción de presas, control de las importaciones, entre otros.
Ese plan permitió aumentar la productividad del arroz dominicana en 1,018 kilogramos/hectárea, pasando de 4,127 kg/ha en el año 2012 a 5,145 kg/ha en el año 2019. Esto es, 63 kilogramos de arroz por tarea.
Resaltó que la responsabilidad del Gobierno no consiste solamente en cumplir los compromisos internacionales, sino que comprende preparar oportunamente a los productores nacionales para competir en las condiciones establecidas por esos compromisos.
El PLD propone la adopción inmediata de las siguientes decisiones:
- Convocar una mesa nacional de negociación con las organizaciones de productores, industriales arroceros y autoridades competentes, para evaluar las consecuencias de la derogación y acordar un programa de acción inmediata.
- Presentar una evaluación de la política arrocera ejecutada entre 2021 y 2026, indicando los recursos invertidos, los avances en productividad, la evolución de los costos de producción y las medidas adoptadas para preparar al sector frente a la apertura comercial.
- Explicar públicamente las razones que llevaron a emitir el Decreto 693-24 y posteriormente derogarlo, incluyendo los informes jurídicos que sustentaron ambas decisiones, las comunicaciones intercambiadas con Estados Unidos y las recomendaciones del Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan).
- Iniciar negociaciones formales con Estados Unidos, procurando identificar mecanismos de cooperación, transición y apoyo a los productores que sean compatibles con el DR-CAFTA, sin crear nuevas expectativas de protección que posteriormente resulten imposibles de cumplir.
- Poner en marcha un programa extraordinario de modernización del sector arrocero, con financiamiento definido y metas verificables, que contemple rehabilitación de canales de riego, mecanización, investigación agrícola, acceso al crédito, asistencia técnica, reducción de costos y apoyo especial a pequeños y medianos productores. Dicho programa debe incluir medidas transitorias para atender posibles pérdidas de ingresos y dificultades de comercialización derivadas de la apertura.
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