Aerodom, filial de VINCI Airports, presentó como un hito la ampliación de rutas y frecuencias del Aeropuerto Internacional de Las Américas (SDQ). El anuncio llega envuelto en el lenguaje habitual del oficialismo: expansión, conectividad, desarrollo. Pero detrás de cada cifra hay una pregunta que rara vez se formula desde el poder: ¿quién audita estos números y a quién beneficia primero esta expansión, al pasajero dominicano o al balance de la concesionaria?
Conviene precisar el marco temporal. El actual gobierno inició su primer mandato en agosto de 2020 y transita, desde agosto de 2024, su segundo período consecutivo bajo la misma administración. No son «cuatro años» de gestión continua sin matices, sino dos mandatos distintos, cada uno con sus propios compromisos y resultados que ameritan evaluación separada.
Entre julio y diciembre de este año se concretarán varios movimientos: JetBlue pasó, desde el 9 de julio, de uno a tres vuelos diarios entre Fort Lauderdale y Santo Domingo. Copa Airlines alcanzó cinco frecuencias diarias con Panamá desde julio. Arajet sumará una octava frecuencia semanal con Bogotá a partir del 10 de agosto. Sunrise Airways iniciará vuelos hacia Guadalupe el 3 de agosto, e ITA Airways, Air Canada y United Airlines abrirán rutas estacionales hacia Roma, Montreal y Houston entre noviembre y diciembre.
Celebrar la conectividad aérea sin exigir la fiscalización de la concesión que la produce es aplaudir un contrato que el ciudadano nunca llegó a leer.
A esto se suma el programa de inversiones que Aerodom atribuye a sí misma: una nueva terminal de pasajeros valorada en RD$24,000 millones, la rehabilitación de la pista principal y un sistema automatizado de manejo de equipajes (BHS). Cifras que la propia empresa difunde en su comunicado, sin que exista —hasta donde se ha hecho público— una verificación independiente del avance real de esas obras ni del cumplimiento de los plazos comprometidos en el contrato de concesión.
Ahí está el primer vacío. Aerodom no es una entidad estatal: es una concesionaria privada, con capital mayoritariamente francés, que opera bajo un contrato firmado con el Estado dominicano. Cuando el discurso oficialista se apropia de estos anuncios como logro de «conectividad nacional», diluye una distinción elemental: una cosa es la gestión comercial de una empresa privada persiguiendo rentabilidad en sus rutas, y otra muy distinta es la política pública de turismo y transporte que corresponde fiscalizar al Estado. Confundir ambas cosas no es un matiz semántico, es una forma de trasladar mérito ajeno a la gestión gubernamental sin que medie evaluación alguna.
El segundo vacío es la opacidad del dato. RD$24,000 millones es una cifra considerable para cualquier estándar de infraestructura nacional. ¿Quién certifica ese monto? ¿Existe una auditoría pública, un informe de la Dirección General de Aeronáutica Civil o de algún ente contralor que confirme el avance físico de la obra frente a lo anunciado? Mientras esa verificación no sea pública, la cifra sigue siendo, en rigor, un dato autorreportado por la parte interesada, no un hecho auditado por terceros independientes.
El tercer vacío es el más incómodo: el reparto de beneficios de la concesión. El contrato entre el Estado dominicano y Aerodom establece condiciones de explotación, canon y participación que rara vez se discuten públicamente cuando se celebra una nueva ruta aérea. La pregunta pertinente no es si más vuelos son positivos —lo son, en principio, para el sector turístico— sino si el modelo de concesión vigente garantiza que ese crecimiento se traduzca en beneficio proporcional para las arcas públicas y no solo en mayor rentabilidad para el operador privado y en crédito político gratuito para el gobierno de turno.
Este artículo no atribuye irregularidades a Aerodom, VINCI Airports ni a ninguna autoridad dominicana. Las cifras de inversión citadas provienen del propio comunicado de la empresa. Este medio señala la ausencia de verificación pública independiente como una condición pendiente de transparencia, no como una acusación de falsedad.
Nada de lo anterior implica que las nuevas rutas sean negativas para el país; implica que celebrarlas sin exigir transparencia es renunciar al rol de vigilancia que corresponde a la prensa y a la ciudadanía frente a cualquier concesión de un activo estratégico como el principal aeropuerto del país.
¿Se atreverá el Estado dominicano a hacer pública la fiscalización real de esta concesión, o seguirá conformándose con repetir los comunicados de la propia empresa?
¿Se atreverá el Estado dominicano a fiscalizar públicamente la concesión de Aerodom, o seguirá repitiendo los comunicados de la propia empresa?
Suscríbete y recibe las historias más importantes del día.
Al suscribirte aceptas nuestros términos y condiciones y política de privacidad.
