¿Movilidad solo cuando el mundo mira? El plan de los Juegos Centroamericanos que Santo Domingo no tiene el resto del año

Durante dos semanas, Santo Domingo tendrá lo que muchos usuarios de transporte público llevan años pidiendo: monitoreo permanente del tránsito, rutas especiales, transporte gratuito y coordinación entre instituciones. El coordinador del Gabinete de Transporte, Deligne Ascención, presentó esta semana el operativo de movilidad para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, vigente del 24 de julio al 8 de agosto. El anuncio suena, en el papel, a un sistema de transporte funcional y bien administrado. Despertar Matinal se pregunta algo simple pero incómodo: si el Estado puede montar este nivel de eficiencia cuando el mundo observa, ¿por qué esa misma capacidad no existe el resto del año, cuando solo observa el ciudadano dominicano?

Un operativo de excepción, no una política permanente

El plan contempla al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) coordinando la estrategia desde su Centro de Control de Tráfico, y a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) reforzando la regulación en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y otros escenarios. El Metro de Santo Domingo ofrecerá acceso gratuito a atletas, voluntarios y colaboradores acreditados, además de una tarjeta especial con 14 viajes por RD$100. La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) anunció servicio gratuito en todos sus corredores desde el mediodía del 24 de julio hasta el 8 de agosto, con rutas especiales hacia las sedes deportivas.

Todo esto —monitoreo en tiempo real, transporte gratuito, coordinación interinstitucional— es exactamente lo que reclaman a diario los usuarios de la OMSA en zonas donde los corredores fueron reducidos o directamente desaparecieron. La diferencia es que ese reclamo cotidiano no tiene fecha de vencimiento ni cobertura mediática internacional que lo respalde.

La movilidad como espectáculo temporal

Aquí está la pregunta que el comunicado oficial no responde: ¿por qué la capacidad de coordinación que hoy se despliega para los Juegos no se sostiene como política pública permanente? Desde su llegada al poder en agosto de 2020, la actual gestión —que continúa en su segundo período desde agosto de 2024— ha sido señalada de manera reiterada por la reducción y desaparición de corredores de la OMSA, particularmente en la zona Este del Gran Santo Domingo, donde miles de usuarios han quedado sin cobertura regular de transporte público. Ese deterioro no se corrigió con un plan estructural; se corrige, ahora, con un operativo de dos semanas pensado para las cámaras.

Este patrón —invertir capacidad institucional cuando hay visibilidad internacional y desatender la rutina cuando no la hay— no es exclusivo de este gobierno, pero sí es una contradicción que merece ser señalada cuando el mismo funcionario que hoy garantiza movilidad eficiente es el mismo que, durante años, ha gestionado un sistema de transporte con corredores sin reposición y sin explicación pública sobre los criterios de asignación de rutas.

Presuntamente, la gestión de corredores y rutas del transporte masivo ha involucrado la participación de sectores sindicales del transporte en la administración de ciertas líneas desde 2020, un esquema que —de no existir mecanismos claros de licitación o fiscalización pública— plantea dudas legítimas sobre quién decide, con qué criterios técnicos y bajo qué supervisión, qué corredores existen, cuáles desaparecen y cuáles se activan solo cuando conviene mostrar resultados. No se trata de una acusación, sino de una pregunta de gobernanza que el Gabinete de Transporte no ha respondido con datos abiertos.

Vale además una precisión metodológica: cualquier comparación que el gobierno haga entre este operativo y gestiones anteriores debe evaluarse con cautela. Un dispositivo de excepción de dos semanas, con recursos concentrados y bajo escrutinio internacional, no es comparable con la administración ordinaria de un sistema de transporte durante cuatro años de gestión. Presentar lo primero como evidencia de éxito de lo segundo sería, cuando menos, una simplificación que no resiste el análisis.

El 9 de agosto, cuando termine la fiesta deportiva, el Centro de Control de Tráfico seguirá existiendo, la Digesett seguirá existiendo, el Metro seguirá existiendo. Lo único que probablemente desaparezca es la voluntad política de coordinarlos con la misma intensidad. Si el gobierno demostró en dos semanas que puede garantizar movilidad eficiente, la pregunta que le queda pendiente a la ciudadanía es: ¿por qué no lo hizo antes, y por qué nadie puede garantizar que lo siga haciendo después?