1,087 certificados de seguridad laboral: ¿protección real para los trabajadores o vitrina de imagen para el Estado?

El Ministerio de Trabajo entregó esta semana 1,087 certificaciones de seguridad y salud en el trabajo a 633 empresas e instituciones, en un acto encabezado por el propio presidente Luis Abinader. La cifra se presentó como la mayor entrega de este tipo realizada «en la historia» del país. Pero toda afirmación de este calibre exige una pregunta elemental antes de aplaudir: ¿histórico comparado con qué? El programa que hoy se celebra fue creado en 2020, en el arranque del primer periodo de gobierno de Abinader (2020–2024), y continúa desarrollándose en su segundo periodo, iniciado en agosto de 2024. Es decir, la comparación «histórica» se hace contra un universo de apenas seis años de existencia del propio programa, no contra las décadas previas de política laboral dominicana. Esa distinción no es un detalle menor: es la base misma sobre la que se sostiene, o se derrumba, el relato oficial.

El programa de certificación de seguridad laboral se sustenta en el Reglamento núm. 522-06, un instrumento vigente desde hace casi veinte años, mucho antes de que el actual gobierno tomara posesión. Lo que cambió en 2020 no fue la obligación legal de proteger a los trabajadores —esa ya existía—, sino el mecanismo de reconocimiento público que el propio Ministerio diseñó para visibilizar a las empresas que, en teoría, ya venían cumpliendo la norma. Esto importa porque la narrativa oficial tiende a presentar cada entrega como una conquista nueva del actual gobierno, cuando en realidad se trata de la administración de un programa que documenta cumplimiento, no necesariamente lo genera.

El acto también incorporó un nuevo sistema de validación digital mediante código QR y una insignia digital para que las empresas certificadas la exhiban en sus plataformas. Es una modernización administrativa razonable, pero también convierte la certificación en un activo de reputación corporativa, un sello que las empresas pueden usar comercialmente. Ese uso no es ilegítimo, pero sí obliga a preguntar quién certifica, con qué independencia se audita el cumplimiento real en planta, y si existe algún mecanismo de revocación cuando una empresa certificada incumple posteriormente.

Quiénes reciben el reconocimiento y quiénes quedan fuera

La lista de empresas reconocidas —Banco Popular Dominicano, Barrick Pueblo Viejo, AES Dominicana, Central Romana Corporation, Grupo Ramos, Colgate Palmolive, entre otras corporaciones de gran escala— revela un patrón que merece cuestionamiento crítico: son, en su gran mayoría, empresas grandes y consolidadas, con departamentos de cumplimiento, presupuesto para consultoría en seguridad ocupacional y capacidad instalada para gestionar la burocracia de una certificación. La pregunta que el discurso oficial no responde es qué pasa con el universo de pequeñas y medianas empresas dominicanas, donde según datos históricos del propio Ministerio de Trabajo se concentra la mayor parte de la informalidad laboral y, por extensión, del riesgo ocupacional real. ¿Cuántas de las 633 entidades certificadas operan en zonas rurales, en construcción informal, en agricultura de subsistencia o en microempresas donde los accidentes laborales rara vez llegan a estadística oficial?

El acto tampoco ofreció una sola cifra sobre resultados, solo sobre procesos. Se habló de certificados entregados, no de reducción medible de accidentes laborales, tasas de mortalidad ocupacional o inspecciones sancionadoras realizadas en el mismo periodo. Un programa que mide su éxito por la cantidad de trofeos repartidos, sin cruzarlo con indicadores de siniestralidad laboral, corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de relaciones públicas antes que en una política de protección verificable. La ausencia de esa data no prueba mala fe, pero sí deja abierta la sospecha de que se privilegia la narrativa sobre la evidencia.

Un Estado puede certificar procesos sin certificar protección real. La diferencia entre ambas cosas es precisamente lo que ninguna ceremonia oficial está obligada a mostrar.

— Despertar Matinal

De acuerdo con el marco legal citado por el propio Ministerio, el Reglamento 522-06 y el Código de Trabajo dominicano establecen la seguridad ocupacional como obligación del empleador, no como un beneficio discrecional del Estado. Presuntamente, ese marco obliga a todas las empresas del país, estén o no certificadas, a garantizar condiciones seguras. La certificación, entonces, no otorga un derecho nuevo a los trabajadores: reconoce el cumplimiento de una obligación que ya debía existir. Confundir ambas cosas en el discurso público —presentar el cumplimiento legal como una dádiva o un logro excepcional del gobierno de turno— es, según diversos análisis de política laboral, una práctica común en administraciones que buscan capitalizar políticamente funciones administrativas rutinarias.

Nada de esto invalida que existan empresas dominicanas comprometidas genuinamente con la seguridad de su personal, ni que la prevención de riesgos laborales sea un objetivo legítimo. Pero una certificación sin auditoría pública, sin datos de siniestralidad y sin trazabilidad hacia el trabajador de a pie es, en el mejor de los casos, un incentivo incompleto, y en el peor, una pieza de comunicación política dressed up as política pública. El gobierno que preside Abinader desde 2020, y que continúa en su segundo periodo desde agosto de 2024, tiene la obligación no solo de entregar certificados, sino de mostrar con cifras verificables cuántos accidentes laborales se evitaron, cuántas inspecciones sancionadoras se realizaron y cuántas de esas 633 empresas certificadas operan realmente en los sectores de mayor riesgo del país.