El papel aguanta todo. También los convenios institucionales, especialmente cuando están redactados con el lenguaje aspiracional propio de los comunicados de prensa gubernamentales: «resiliencia territorial», «desarrollo sostenible», «soluciones innovadoras». El Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono (CNCCMC) y el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) firmaron esta semana un acuerdo de cooperación interinstitucional que, sobre el papel, luce ambicioso. Sobre la realidad dominicana, en cambio, exige una lectura más exigente.
El acuerdo compromete metas concretas para los próximos tres años. Pero un país que lleva dos mandatos consecutivos del mismo gobierno —el primero de agosto de 2020 a agosto de 2024, el segundo desde agosto de 2024 hasta hoy— tiene el derecho de preguntarse: ¿qué se hizo en los cuatro años anteriores con la institucionalidad climática que ya existía?
Max Puig, vicepresidente ejecutivo del CNCCMC, describió el acuerdo como «un paso firme» para fortalecer la capacidad del país frente al cambio climático. Enrique Rosario García, presidente del Codia, habló de poner las capacidades técnicas del gremio «al servicio del país». Ambas declaraciones son razonables. Ninguna explica por qué este convenio no existía antes, ni qué obstáculos impidieron esta articulación durante el primer mandato del mismo oficialismo
Entre los compromisos más llamativos figura la capacitación y certificación de al menos 2,500 profesionales colegiados, la integración de 50 estaciones meteorológicas del Codia al sistema de información del CNCCMC, la ejecución de 15 proyectos piloto sobre infraestructura resiliente, y la publicación de una segunda edición del Atlas Nacional del Cambio Climático. También se habla de un Observatorio Nacional de Infraestructura Resiliente y de gestionar financiamiento internacional para la acción climática.
Son cifras precisas para un convenio que, hasta ahora, no tiene mecanismo público de seguimiento anunciado. ¿Qué instancia verificará que los 2,500 profesionales sean certificados? ¿Bajo qué estándares? ¿Quién auditará la integración de las estaciones meteorológicas y con qué periodicidad? El acuerdo, tal como fue comunicado, no responde ninguna de estas preguntas.
La mención a fondos internacionales de financiamiento climático merece atención especial. La República Dominicana tiene acceso potencial a mecanismos como el Fondo Verde para el Clima y el Fondo de Adaptación, entre otros. Sin embargo, ni el CNCCMC ni el Ministerio de Medio Ambiente han publicado —de forma sistemática y accesible— un registro consolidado de cuánto financiamiento climático internacional ha ingresado al país, bajo qué condiciones y en qué proyectos se ha ejecutado durante los dos mandatos del gobierno actual.
La opacidad en este renglón no es un detalle menor. Es un problema de gobernanza.
El acuerdo también contempla la integración de información geoespacial, tecnologías de observación terrestre y herramientas de análisis territorial para mejorar la planificación del desarrollo. Se trata de capacidades técnicas que el Estado dominicano debería haber estado fortaleciendo desde hace años, no solo ahora que se firma un convenio con un gremio profesional. Que esto figure como novedad en 2025 —durante el segundo mandato consecutivo del mismo partido en el poder— dice algo sobre las prioridades reales que ha tenido la agenda climática institucional.
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Ninguno de estos señalamientos implica que el acuerdo sea inútil o de mala fe. La colaboración entre el Estado y los gremios técnicos es necesaria y puede producir resultados valiosos. El problema es el patrón: en la República Dominicana, los convenios interinstitucionales se firman con fanfarria, se anuncian con cifras y plazos, y luego desaparecen del radar público sin que nadie rinda cuentas.
El Codia es una institución con credenciales técnicas reales. Sus más de 27,000 profesionales colegiados representan una masa crítica de conocimiento aplicado que el país necesita en materia de infraestructura resiliente. Si el convenio con el CNCCMC logra movilizar esa capacidad de forma efectiva, sería un aporte genuino. Pero eso depende de voluntad política sostenida, transparencia en la ejecución y un sistema de seguimiento que no dependa de los propios firmantes para evaluarse a sí mismos.
Porque eso, precisamente, es el nudo del problema: el Estado dominicano lleva dos mandatos consecutivos siendo juez y parte de sus propios logros climáticos. Se autopremia, se autocertifica y se autoevalúa. Frente a un país que tuvo más de 20 años de gobiernos distintos como base comparativa real, cualquier cifra presentada como la más alta reportada hasta ahora —o como avance sin parangón— debería venir acompañada de una metodología de comparación que no la produzca el mismo organismo que la celebra.
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¿Este convenio será distinto a los que lo precedieron, o es un acuerdo más diseñado para el comunicado de prensa y no para el cambio real en la gestión climática del país?
