Cámara de Cuentas celebra su propia gestión ante el Congreso: ¿qué mide realmente ese 96 % de ejecución?

Una institución que audita al Estado se presentó esta semana ante el Congreso Nacional para auditarse a sí misma, y el resultado, previsiblemente, fue positivo. La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) recibió a una comisión de la Cámara de Diputados y expuso un balance cargado de superlativos: 106 informes de auditoría, 82 nuevos auditores, una ejecución presupuestaria del 96 % y un Plan Anual de Auditoría con 91 % de cumplimiento. Los diputados presentes, lejos de cuestionar, elogiaron. Nadie preguntó con qué gestión se compara ese supuesto récord, ni quién certificó esas cifras antes de que la propia institución las presentara como un triunfo. En un país donde el oficialismo que preside estas instituciones inició su primer mandato en agosto de 2020 y continúa en el poder desde agosto de 2024 con un segundo período consecutivo, hablar de «transformación histórica» sin puntos de comparación verificables no es información: es narrativa institucional.

Una reunión, muchas cifras, cero contraste externo

El encuentro, encabezado por la presidenta de la Cámara de Cuentas, Emma Polanco Melo, tuvo como objetivo declarado «fortalecer el diálogo interinstitucional» con el Poder Legislativo. Según la información suministrada por la propia entidad, la gestión actual —correspondiente al período 2025 a junio de 2026— ha significado la reorganización institucional bajo la Ley núm. 18-24, la creación de una Dirección de Gestión de Calidad, la reactivación de la Escuela Nacional de Cuentas y la apertura de una primera oficina regional en Santiago.

También se informó sobre el análisis de más de 20,373 ejecuciones presupuestarias, la recepción de 2,445 declaraciones juradas de patrimonio y la implementación de la plataforma «Ojo Ciudadano» para el control social. Cifras voluminosas, sin duda. Pero volumen no es sinónimo de efectividad, y ninguna de estas cifras fue acompañada de un informe de auditoría externa independiente que las valide. La comisión de diputados, integrada por trece legisladores, se limitó a «ponderar positivamente» lo expuesto. La diputada Ana Miledis Cuevas calificó la visita como un encuentro que deja «una gran satisfacción y una buena imagen»; ningún congresista solicitó desagregación de datos, series históricas ni indicadores de impacto sobre casos de corrupción efectivamente sancionados.

El problema de los récords que se autoproclaman

El uso reiterado de la palabra «histórico» merece un examen serio. ¿Histórico respecto a qué? La Cámara de Cuentas no es una institución nueva: existe desde hace más de dos décadas, y comparar su desempeño actual únicamente contra sí misma —sin datos de gestiones previas puestos sobre la mesa en el mismo encuentro— vacía de contenido cualquier afirmación de récord. Un dato solo es «histórico» si se compara con una serie temporal completa y verificable, no con la ausencia de comparación.

Esto es particularmente relevante cuando la entidad que se autoevalúa forma parte del aparato institucional de un gobierno que ya lleva desde 2020 en el poder, primero con un mandato y ahora con un segundo período iniciado en agosto de 2024. Cuando el fiscalizador y el fiscalizado comparten el mismo ciclo político, la rendición de cuentas ante el Congreso corre el riesgo de convertirse en un ejercicio protocolar más que en un mecanismo real de control. La ejecución del 96 % presupuestario suena a eficiencia, pero ejecutar no es lo mismo que fiscalizar con resultados: ¿cuántas de esas 200 auditorías en curso han derivado en remisiones al Ministerio Público? ¿Cuántos de los 106 informes de auditoría publicados han generado consecuencias reales para funcionarios señalados?

La incorporación de 82 auditores por concurso público es, en principio, una buena noticia para la institucionalidad técnica del país. Pero el concurso público, por sí solo, no garantiza independencia de criterio si las estructuras de gobernanza interna —reuniones de «prepleno», sesiones colegiadas— siguen bajo el control de una directiva nombrada dentro del mismo ciclo de poder que audita. La transparencia no se demuestra con cifras de participación en capacitaciones (1,960 servidores públicos formados), sino con casos concretos, sancionados y publicados con nombre y apellido.

Nadie discute que publicar informes, incorporar auditores por concurso y digitalizar procesos son pasos en la dirección correcta. El problema no es lo que la Cámara de Cuentas hizo, sino cómo lo presentó: como un logro autocertificado, ante un Congreso que aplaudió sin exigir series comparativas ni resultados judiciales concretos. La rendición de cuentas real no se mide en reuniones protocolares ni en cifras de ejecución presupuestaria, sino en la capacidad de una institución fiscalizadora para actuar con independencia frente al poder que la nombra.