Un funcionario presenta cifras. Anuncia un récord histórico. Nadie en la sala pregunta contra qué período se compara ese récord, ni quién verificó los datos antes de subirlos a un podio. Así ocurrió este martes, cuando el director ejecutivo del SNS, Julio Landrón, expuso el balance de sus primeros seis meses de gestión y habló de 25,395,290 servicios especializados como la mayor producción semestral de la Red Pública de Salud. La cifra suena contundente. Pero un récord histórico solo es histórico si existe una serie de datos comparables, auditada y accesible, algo que el SNS no exhibió ante la prensa ni ante la ciudadanía.
El SNS es la entidad rectora de los servicios de la Red Pública dominicana desde su creación en 2015, bajo la Ley 123-15, en el marco de la reforma del sistema de salud dominicano. Su mandato incluye administrar hospitales, centros de atención primaria y unidades especializadas en todo el territorio nacional.
Landrón asumió la dirección del SNS dentro del segundo mandato consecutivo del presidente Luis Abinader, quien inició su primer período en agosto de 2020 y, tras su reelección, comenzó un segundo período en agosto de 2024. Son dos gestiones distintas del mismo partido en el poder, no un bloque continuo de «cuatro años»; esa distinción importa cuando la institución habla de continuidad de resultados.
El balance presentado este martes destacó la ampliación de la Red Nacional de Salud Mental —47 unidades de intervención en crisis y 300 camas especializadas, con meta de 500 antes de fin de año—, el crecimiento de la Red Nacional de Trauma de tres a cinco hospitales, y reducciones porcentuales en mortalidad materna, infantil y neonatal durante el primer trimestre de 2026. Cifras positivas en apariencia. Pero todas provienen de la misma fuente que las anuncia: el propio SNS, sin mención de una auditoría externa, una ficha técnica pública o una comparación con series históricas verificables de administraciones anteriores.
Aquí está el problema de fondo. Un récord histórico presupone una base de comparación clara: ¿contra qué gobierno, contra qué período, contra qué metodología de conteo se mide esta cifra de 25,395,290 servicios? El país tuvo más de 20 años de administraciones fuera del PLD actual —y también dentro de él— que gestionaron salud pública bajo estructuras de datos distintas, muchas veces sin digitalización uniforme. Comparar un semestre de 2026, con sistemas tecnológicos modernos de conteo y mapificación en tiempo real, contra registros en papel o bases fragmentadas de hace una o dos décadas, no produce un récord histórico legítimo: produce una comparación entre dos formas distintas de medir, donde la más reciente siempre gana porque cuenta mejor, no necesariamente porque produce más.
Esa es la trampa de la autocelebración estadística: un Estado que se convierte en juez y parte de su propio desempeño. El SNS anuncia, el SNS certifica, el SNS compara consigo mismo. No hay una instancia externa —Contraloría, observatorio independiente, oficina de estadísticas de salud con autonomía real— que valide si el aumento de servicios responde a mayor eficiencia real, a un cambio en cómo se cuentan los servicios, a la incorporación de nuevos centros a la red, o simplemente a que se está registrando lo que antes no se registraba.
Las reducciones en mortalidad materna (57.5%), infantil (21%) y neonatal (18%) durante el primer trimestre de 2026 merecen la misma pregunta. Son cifras que, de ser reales y sostenidas, representarían un avance genuino para el país. Pero presentadas sin ficha técnica, sin margen de error, sin fuente de verificación independiente, y comparadas contra «el mismo período del año anterior» sin mayor desagregación regional, quedan atrapadas en la misma opacidad: buenas noticias que piden ser creídas por autoridad, no por evidencia trazable.
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El programa Chequéate RD, con más de 136 mil personas evaluadas, es una iniciativa preventiva valiosa en su concepto. Pero también forma parte de un patrón: cada anuncio del SNS llega empaquetado como logro sin contraparte crítica, sin espacio para la pregunta incómoda de cuántos de esos hospitales prometidos —Sosúa, San Cristóbal— siguen sin funcionar, o cuánto tiempo más tomará alcanzar las 500 camas de salud mental prometidas para diciembre.
Nadie duda de que el SNS haya prestado millones de servicios en seis meses. La duda —legítima, no política— es si «récord histórico» es una categoría real o una etiqueta que cualquier gestión puede colgarse cuando no existe quién la contradiga. Mientras el SNS siga siendo el único evaluador de su propio desempeño, cada cifra celebrada seguirá cargando la misma pregunta sin resolver: ¿un récord anunciado por quien lo produce puede llamarse, honestamente, un récord?
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