Manuel Cruz destaca el «creciente poderío» político y la estructura de Wellington Arnaud dentro del PRM

Cuando un analista político asegura que «la realidad en los territorios» desmiente a las encuestas, conviene preguntarse de qué realidad habla. La estructura política de Wellington Arnaud fue presentada esta semana como una máquina imbatible: alcaldes, diputados, senadores, empresarios y hasta una cena de recaudación en Estados Unidos. Todo suena a fortaleza. Pero ningún dato de los expuestos por Manuel Cruz fue verificado de manera independiente, y según lo declarado, en un país donde el oficialismo lleva desde agosto de 2020 administrando el Estado —ahora en su segundo período consecutivo iniciado en agosto de 2024— la línea entre estructura partidaria y aparato estatal presuntamente vuelve a difuminarse.

El precandidato presidencial por el PRM, Wellington Arnaud, fue objeto de un extenso elogio del comunicador Manuel Cruz en el programa El Sol de la Mañana, donde se detallaron, según sus propias declaraciones, los principales activos de su estructura política: un presunto acuerdo interno en la Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM), el presunto respaldo próximo del diputado Orlando Martínez en Monseñor Nouel y Nagua, y el presunto apoyo de dirigentes como Nelson Eusebio y José Alberto Martínez.

A eso se suma, de acuerdo con lo expuesto por el analista, una cena de recaudación organizada en Estados Unidos por empresarios dominicanos vinculados a cadenas de supermercados y distribución, liderada por Augusto Ramírez, y el dato central que sostiene el relato: presuntamente más de 100 alcaldes y directores municipales, junto a un bloque de más de 40 congresistas, respaldarían el proyecto de Arnaud dentro del partido de gobierno.

Ninguna de estas cifras —ni el número de alcaldes, ni el de legisladores, ni el detalle del acuerdo en FEDODIM— fue acompañada de fuentes documentales, actas o listados públicos. Según lo expuesto por Cruz, todo se sostiene en su lectura personal de «la realidad en los territorios», una categoría que, por definición, no es verificable.

El primer problema de este relato no es Wellington Arnaud: es el método. Si, como se afirma, más de 100 alcaldes presuntamente respaldan a un precandidato, la pregunta obligada es institucional, no política: ¿esos alcaldes actuarían como funcionarios públicos electos para servir a sus municipios, o como operadores de una campaña interna? El presunto uso de estructuras municipales y legislativas —financiadas con fondos públicos— para consolidar candidaturas partidarias sería, de confirmarse, una zona gris que el periodismo crítico no puede dejar pasar sin cuestionamiento, sobre todo dentro de un oficialismo que ya lleva dos períodos consecutivos administrando el aparato del Estado.

El segundo eje crítico es la opacidad del dato. Frases como «el que tiene supremacía absoluta no hace acuerdos» o «un palo por los 411» son, hasta que se demuestre lo contrario, eslóganes de campaña, no evidencia. La presunta estructura política de Wellington Arnaud se describe con adjetivos —»extraordinaria», «sin precedentes», «la de mayor tracción»— pero sin una sola cifra contrastable ante un organismo electoral, un padrón partidario o un registro público. En periodismo de rigor, todo dato que no puede verificarse debe presentarse como presunta afirmación de parte, no como hecho consumado.

El tercer eje es el financiamiento. La presunta cena de recaudación en Estados Unidos, que según lo declarado habría sido protagonizada por empresarios del sector supermercadista y de distribución, plantea una pregunta legítima sobre el origen y destino de esos fondos, y sobre qué compromisos —presuntamente— adquiriría un precandidato con un sector empresarial que presuntamente habría pagado «altos costos» por respaldarlo. La ausencia de un desglose público de esos aportes no configura ilegalidad, pero sí una presunta falta de transparencia que merece ser señalada

Finalmente, la narrativa de «herencia política» —Arnaud como heredero del liderazgo de su padre Winston Arnaud dentro del histórico PRD— funcionaría, de sostenerse el relato, como legitimación simbólica, pero no sustituye la pregunta de fondo: ¿qué resultado legislativo concreto, medible y verificable dejó su paso de dos períodos como diputado para las comunidades que representó? El relato del presunto «poderío» no debería eclipsar la exigencia de rendición de cuentas.

El relato del presunto «creciente poderío» de Wellington Arnaud puede ser cierto, exagerado o una mezcla de ambos: eso es lo que el periodismo crítico está obligado a preguntar antes de repetirlo. Mientras no existan listados verificables de los más de 100 alcaldes y 40 legisladores citados, ni claridad sobre el financiamiento de la cena en Estados Unidos, la estructura política de Wellington Arnaud seguirá siendo, ante todo, un relato de poder construido con adjetivos y presunciones.

¿Puede un oficialismo que ya administra el Estado desde 2020 permitirse que sus precandidatos midan un «poderío» presunto con recursos y estructuras municipales sin rendir cuentas públicas de esos respaldos?