El Intendente Fernando Rambaldi, sigue cumplido su promesa de campaña: transparentar y depurar la planta de empleados municipales terminando con ñoquis, nombramientos irregulares, ausentismos injustificados, hechos de corrupción y otras prácticas clientelares.
En la misma línea, durante la primer semana de gestión, en diciembre de 2023, se dispuso la baja de más de 200 agentes municipales que no concurrían a trabajar y se declaró la nulidad del pase a planta permanente de 70 empleados que el ex intendente Rufeil intentó dejar designados sin concurso antes de abandonar el cargo.
El trabajo de la gestión para separar a los buenos de los malos empleados es incesante, y en dos años y medio la Dirección de Sumarios de la Asesoría Letrada, a cargo del Dr. Agustin Anglada Allende, ha llevado adelante más de 45 sumarios administrativos. Ante la magnitud de las pruebas recogidas más de 60 empleados fueron cesanteados con causa, en tanto que otros decidieron renunciar para evitar el proceso.
Fruto de estas investigaciones internas la gestión logró descubrir y denunciar penalmente a la justicia a un empleado que ingresaba facturas truchas y a dos personas que habían falseado su título médico y demás documentación para prestar servicios de salud.
La mayoría de los sumarios, que comienzan con una denuncia del Director o Secretario ante la Asesoría Letrada y terminan con un decreto del Intendente, en su mayoría han tenido relación con mal desempeño de funciones, ausencias reiteradas injustificadas, hechos de violencia entre compañeros, utilización de bienes de la Municipalidad en beneficio propio, robos de herramientas, combustible, utilización de vehículos para cuestiones personales, pedidos de coimas, daños a la maquinaria y vehículos municipales, entre otros.
De ese total, pocos ex empleados decidieron llevar su caso a la Justicia. En todos los casos resueltos hasta el momento, la Justicia falló a favor de la Municipalidad de La Calera, ratificando la legalidad y el fundamento de las decisiones adoptadas por la gestión.
Algunos casos judiciales
1. Emilio «Lulo» Torresagente municipal que según consta, habría prestado servicios de manera ocasional en la gestión anterior, con gran ausentismo y que habiendo ingresado a planta permanente de manera irregular, es decir, sin concurso. Una vez regularizada la cuestión por Decreto, Torres se negó a firmar el contrato que le permitía continuar cobrando su sueldo, teniendo obra social para él y su hija, y aportes previsionales. Por el contrario, prefirió ir por una medida de fuerza extrema, encadenándose en el Municipio, abandonando su trabajo durante días, y acudiendo a la Justicia. Torres presentó primero un amparo que le fue rechazado, y luego otro juicio en la Justicia Contencioso Administrativa, que también le fue rechazado. Actualmente no cuenta con trabajo ni con cobertura médica para su hija, situación derivada de su insistencia en no aceptar el contrato de la gestión. Pese a ello el intendente Rambaldi dispuso el pago de los últimos días trabajados, no así los que estuvo encadenado, al considerar el intendente que aún sin contrato el ex empleado trabajó.
2. Susana Margarita Fiorinise desempeñó como empleada de planta permanente, hasta el mes de febrero de 2026 cuando obtuvo su jubilación como empleada pública. Durante la gestión Rufeil fue la jefa del Registro Civil, que como se descubrió a mediados de 2025, y fuera denunciado en la Justicia Federal por el intendente Fernando Rambaldi y el Asesor Letrado Agustín Anglada Allende, no fiscalizó y posibilitó que 500 personas fallecidas continuaran en los padrones de las elecciones nacionales y al menos 300 de esos DNI fueron utilizados fraudulentamente para votar, lo que constituyó no sólo un delito sino un fuerte daño para la memoria de los calerenses y sus familias.
Tras la denuncia, Fiorini comenzó con carpetas médicas y distintas excusas para no presentarse a trabajar. Ante esto la Municipalidad la convocó a Juntas Médicas que decretaron que se encontraba apta para el trabajo; sin embargo, continuó sin prestar servicios ni justificar sus inasistencias. A causa de esto le fue dada la cesantía por no trabajar por más de 10 días y abandonar su trabajo. En ese momento, presentó una acción de amparo ante la Cámara Contencioso Administrativa, que la Justicia le ha rechazado absolutamente, habilitando al Municipio a recuperar el sueldo de diciembre que debió abonar sin que ella trabajara, dinero que desde el municipio afirman reclamarán en los próximos días.
3. Gonzalo Dacol fue cesanteado por la Municipalidad por distintos hechos graves (delitos) contra la misma, la Justicia ratificó su cesantía con causa en favor de la municipalidad obligándolo a alejarse de la misma hasta que se dicte sentencia.
4. Sergio Finoccio, fué cesanteado junto a Gonzalo Dacol y otros dos compañeros. Al ser encontrado culpable contaba con tutela sindical y no podía ser desvinculado, pero fué la misma Justicia, ante los hechos comprobados, la que ordenó el levantamiento de la tutela sindical y la efectiva desvinculación de Finoccio, en dos instancias.
Un caso particular
Gastón Moránex Secretario de Gobierno en la gestión Rufeil, y actual concejal de la ciudad, en el mes de noviembre de 2024 decidió renunciar a su salario como concejal por razones que mantuvo ocultas en su momento. Luego, de que se conociera que el cargo que tenía en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba le había sido dado de baja, inició un reclamo para cobrar retroactivo todos los meses desde su renuncia al salario como concejal. Inició una acción de amparo contra el Concejo Deliberante de La Calera para reclamar esos pagos, pero la Justicia se lo rechazó.
Luego del primer rechazo el concejal insistió con una nueva acción de amparo que todo indica será nuevamente rechazada por la justicia. Desde la municipalidad remarcaron que el concejal reclama un salario al que renunció y que no le corresponde ya que hace meses no se presenta a sesionar en el Concejo.
Una política sostenida y con respaldo judicial
Esta política, impulsada por el intendente Fernando Rambaldi y llevada adelante junto al asesor letrado Agustín Anglada, cuenta con pleno respaldo legal, tal como lo demuestran los fallos judiciales obtenidos hasta el momento. La decisión política de no permitir que ñoquis, empleados con denuncias por corrupción o hechos de robo continúen prestando servicios en el municipio se sostiene con el objetivo de proteger los recursos públicos y los intereses de los vecinos de La Calera.
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