La Cámara de Acusación de los tribunales de Córdoba confirmó de manera definitiva la elevación a juicio de la compleja causa penal denominada como Bomberos SAla cual investiga una red de corrupción institucional. El principal implicado en el expediente judicial es el exsubjefe de la Policía provincial, Gustavo Folli, quien es señalado por el Ministerio Público Fiscal como el presunto líder, creador y máximo ideólogo de una organización delictiva corporativa. La resolución dictada por los magistrados alcanza también a otros 12 acusados que integraban esta estructura delictiva dedicada a otorgar de manera irregular las certificaciones de seguridad contra incendios a diversos comercios de la Capital.
Las investigaciones penales encabezadas por el fiscal de instrucción Guillermo González determinaron que la presunta estructura criminal operó de manera ininterrumpida y sistemática en Córdoba Capital entre los años 2008 y 2023. La organización ilícita exigía el pago de dádivas económicas y sumas de dinero por fuera de los circuitos legales a los dueños de locales comerciales a cambio de confeccionar los permisos de bomberos de forma fraudulenta. Las autoridades judiciales intervinientes confirmaron que la operatoria delictiva se estructuraba a través del accionar coordinado de agentes pertenecientes a la Dirección Bomberos y empleados de la Municipalidad de Córdoba.
El proceso penal cuenta actualmente con tres condenas firmes dictadas mediante la modalidad de juicios abreviados luego de que los imputados reconocieran formalmente su participación activa en las maniobras delictivas investigadas por la fiscalía. Los bomberos Marcos Lúquez y Eduardo Rivadero recibieron penas de 3 años de prisión efectiva, mientras que el exjefe de inspectores de la Municipalidad, Leandro Rodríguez, fue sentenciado a 2 años de ejecución condicional tras admitir los hechos. El principal acusado de la causa, Gustavo Folli, decidió no interponer recursos de oposición a la elevación a juicio a través de la representación legal ejercida por su abogado defensor José D ‘ Antona.
Composición de los imputados procesados
El tribunal II de Córdoba dispuso el enjuiciamiento de los exdirectores de la Dirección Bomberos, Sergio Enrique Sosa y Julio Zárate, quienes se desempeñaron sucesivamente en el cargo y se encuentran imputados por asociación ilícita y falsedad ideológica. El imputado Julio Zárate afronta acusaciones acumuladas por los presuntos delitos de cohecho, encubrimiento agravado por la función pública y uso de documento público falso en el ejercicio de sus funciones institucionales. En el sector denominado normativamente como los subordinados policiales se incluyó a la exsecretaria Mónica Elizabeth Barrionuevo, al bombero Marcos Fernando Lúquez y al oficial chofer Leonardo Gorocito.
La nómina de civiles enviados a debate público incluye a los ingenieros y gestores particulares Félix Calama y Mario Javier García, quienes responderán ante el tribunal en carácter de presuntos miembros organizativos de la banda delictiva. El bloque de los comerciantes está integrado por Darío Sebastián Brasca y Natalia Vanina Brasca, directivos responsables de la firma comercial Cyre SA que explota operativamente supermercados en la región. El primero de ellos responde ante la ley por los delitos de encubrimiento agravado y falsedad documental reiterada, mientras que la mujer está procesada penalmente por la supuesta comisión del delito de cohecho activo.
La resolución judicial también afectó de manera directa la situación procesal de los empresarios cordobeses Carlos Goldaracena Altamirano, Miguel Ángel Amil, Roque Javier Olmedo y Marcos Octavio Gennaro bajo acusaciones conexas. Este último imputado es un conocido empresario vinculado formalmente al desarrollo de actividades nocturnas en la provincia de Córdoba y está señalado por supuestas conexiones institucionales de carácter político. Las defensas legales de los ingenieros y de los comerciantes de las firmas comerciales evalúan la presentación de recursos de casación para intentar revertir los procesamientos de la Cámara.
Detenciones por extorsiones en la vía pública
Las investigaciones complementarias derivadas de la causa principal permitieron desglosar nuevos expedientes relacionados con presuntos esquemas de corrupción administrativa en las dependencias de control municipal del gobierno de la ciudad. A fines del año 2024, la fiscalía de instrucción actuante ordenó la detención inmediata de tres inspectores de la Municipalidad de Córdoba bajo el grave cargo de extorsión agravada por la función pública. Los agentes públicos cumplían funciones operativas de inspección en el sector de la Peatonal cordobesa y fueron denunciados por los vendedores ambulantes damnificados por las maniobras.
Los operativos ordenados por el fiscal de instrucción Guillermo González incluyeron un pormenorizado allanamiento en las dependencias físicas del área de Fiscalización y Control de la comuna de la ciudad. Los informes policiales demostraron que los inspectores arrestados exigían cobros de dinero mensuales fijos a los comerciantes informales para permitir el desarrollo de sus tareas comerciales habituales. Las exigencias extorsivas se realizaban de manera sistemática bajo la amenaza directa de proceder al secuestro de la totalidad de las mercaderías que estaban siendo exhibidas al público.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal ratificaron que este tramo de las investigaciones judiciales constituye uno de los tantos expedientes complementarios generados tras desarticular la organización delictiva de Bomberos SA. Los elementos probatorios recolectados en las sedes estatales confirmaron la existencia de ramificaciones delictivas que excedían el ámbito exclusivo de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba. Los procesos continuarán tramitándose de forma independiente para determinar con precisión el grado de responsabilidad penal de cada funcionario público y empresario involucrado en el caso.
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