El Gobierno nacional determinó una recomposición del 24,33% para el sistema universitario, junto con una actualización de partidas de funcionamiento, refuerzo para hospitales universitarios y una suba del 50% en las Becas Manuel Belgranoen una decisión fiscalmente sustentable que busca ordenar el conflicto sin aplicar la deficitaria Ley de Financiamiento impulsada por la oposición, frenada por la Justicia y considerada imposible de pagar por el Ejecutivo.
La medida fue formalizada por el Ministerio de Capital Humano a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que suscribió un acta con el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios docentes y no docentes. El acuerdo permitirá transferir a las Universidades Nacionales los fondos necesarios para recomponer salarios y gastos, pero dentro de los límites de la capacidad real de pago del Estado.
La actualización se aplicará en dos tramos: un aumento del 21,33% en junio sobre los básicos vigentes a mayo de 2026 y una suba adicional del 3% en octubre sobre los básicos de septiembre. De esta manera, el Ejecutivo busca recomponer salarios sin comprometer el equilibrio fiscal, uno de los pilares centrales del programa económico del presidente JavierMiley.
El acuerdo también establece una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de junio de 2026. Además, se dispondrá un incremento de $50.000 millones en la partida destinada a hospitales universitarios para el año 2026un punto clave para garantizar el funcionamiento de áreas sensibles del sistema universitario.
En materia estudiantil, el acta contempla una actualización del 50% de las Becas Manuel Belgrano desde junio. También se garantizarán fondos de capacitación para entidades gremiales docentes y no docentes, mientras que las Universidades Nacionales deberán rendir los fondos asignados conforme a la legislación vigente.
La decisión del Gobierno se da después de semanas de tensión política y sindical alrededor del financiamiento universitario. La oposición había promovido en el Congreso una ley de financiamiento que, además de plantear serios cuestionamientos legales, implicaba un gasto muy superior a la capacidad real de pago del Estado. Frente a ese escenario, la administración nacional optó por una recomposición fiscalmente sustentable.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Ciro Álvarezafirmó que el objetivo es “dejar atrás el conflicto” y volver a poner el foco en la normalización académica. En ese sentido, remarcó la necesidad de “recuperar los días de clases perdidos” y terminar con la situación irregular que atraviesan muchas universidades.
El entendimiento también prevé la continuidad de las paritarias del sector docente y no docente, con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendario. Una vez cumplida la convocatoria del 10 de junio, la discusión salarial pasará a un cuarto intermedio por un plazo máximo de tres meses, contemplando la variación acumulada del IPC informada por el INDEC.
Con esta decisión, el Gobierno busca ordenar un conflicto utilizado por el kirchnerismo y la izquierda para forzar un aumento del gasto incompatible con el programa económico oficial. La Casa Rosada decidió avanzar con una recomposición salarial y presupuestaria, pero dentro de los límites que impone la capacidad real de pago del Estado.
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