Cada año, con la precisión de un reloj electoral, el gobierno del presidente Luis Abinader activa su protocolo de sensibilidad social justo antes del Día de las Madres. Este lunes, en el Club San Carlos del Distrito Nacional, se lanzó oficialmente el Bono Madre 2026, cuarta edición del programa conocido como «El Cariñito», que destinará RD$1,500 a más de un millón de madres dominicanas en condición de vulnerabilidad. La intención declarada es legítima. El esfuerzo presupuestario, concreto. Pero desde agosto de 2020, cuando esta administración comenzó a distribuir bonos y subsidios de manera masiva, ninguna edición ha cerrado sin que circulen denuncias de irregularidades, duplicidades o uso político de los padrones. Este Bono Madre 2026 no ha arrancado de forma distinta.
CONTEXTO INFORMATIVO
El Bono Madre 2026 es un aporte económico de pago único y libre disposición por un monto de RD$1,500 por beneficiaria, lo que representa una inversión total de RD$1,500 millones del Estado dominicano, canalizados a través de la Dirección de Desarrollo Social Supérate. La selección de beneficiarias se realiza, según las autoridades, mediante el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), bajo criterios técnicos de focalización de pobreza.
Las madres afiliadas al programa Supérate recibirán el bono directamente en su tarjeta de subsidios. Quienes no estén en el sistema podrán acceder al beneficio mediante una remesa del Banco de Reservas, notificada por mensaje de texto. Las beneficiarias disponen de 90 días para canjear el incentivo.
La directora de Supérate, Mayra Jiménez, destacó que los programas de protección social del gobierno impactan actualmente a más de un millón de hogares dominicanos, de los cuales el 65% están encabezados por mujeres y el 54.5% corresponde a madres. También señaló que la selección fue realizada bajo un proceso de focalización que calificó como «muy estricto», aunque sin abrir el detalle metodológico al escrutinio público.
En el acto estuvieron presentes la coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, Geanilda Vásquez; el director del SIUBEN, Augusto de los Santos; el director del CONAPE, Demetrio Vicente; y subdirectoras regionales de Supérate.
RD$1,500 millones Inversión total del Bono Madre 2026 — RD$1,500 por beneficiaria — distribuida a más de un millón de madres dominicanas. Plazo de canje: 90 días.
ANÁLISIS CRÍTICO
Profundiza en el debate político dominicano con nuestra cobertura independiente:
Ver noticias nacionales Análisis político completoQue el Estado transfiera recursos directos a madres en situación de pobreza tiene sustento constitucional y respaldo en los modelos de protección social de la región. Eso no está en discusión. Lo que sí exige escrutinio ciudadano es el patrón que se ha repetido sin excepción desde agosto de 2020, cuando la administración Abinader comenzó su ciclo de distribución masiva de bonos: cada programa ha generado denuncias de irregularidades que no terminan en sanciones documentadas ni en responsables identificados públicamente.
El SIUBEN, presentado en cada acto oficial como el escudo técnico que garantiza la imparcialidad del sistema, no publica auditorías independientes periódicas de sus padrones. La promesa de que la selección no responde a «ningún tipo de consideración política o personal» se repite en cada edición del Bono Madre, pero no está respaldada por mecanismos de verificación accesibles a la ciudadanía. Decir que el proceso es «muy estricto» sin mostrar los números, los rechazos y los casos de exclusión indebida no es transparencia — es comunicación institucional.
El mecanismo de distribución por remesa del Banco de Reservas vía SMS a madres fuera del sistema Supérate introduce además un riesgo concreto: ¿qué garantía existe de que el número de teléfono registrado corresponde a la beneficiaria real? En un país donde el mercado informal de datos personales es una realidad documentada, esa pregunta no es alarmismo — es la pregunta mínima que cualquier órgano de control debería hacerle al gobierno antes de aprobar la transferencia.
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La Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República tienen mandato constitucional para fiscalizar este tipo de programas. Sin embargo, desde agosto de 2020 a la fecha, ninguna de esas instituciones ha publicado un informe de auditoría específico sobre las ediciones anteriores del Bono Madre ni sobre los programas de transferencias directas de Supérate. La ausencia de rendición de cuentas verificable no absuelve al programa — lo deja permanentemente bajo sospecha.
RD$1,500 no transforma una estructura de pobreza. No financia un mes de alimentación familiar. No cubre una consulta médica completa. Lo que puede hacer, si llega íntegro a quien corresponde, es aliviar por unos días la presión de una madre sin más opciones. Ese alivio tiene valor real. Pero el Estado dominicano le debe a esa misma madre algo más que bondad estacional: le debe la certeza de que ni un peso de esos RD$1,500 millones se desvió, se duplicó ni sirvió para comprar voluntades.
Desde agosto de 2020, ninguna edición de bonos de la gestión Abinader ha cerrado sin denuncias de irregularidades. Ninguna ha producido sanciones documentadas.
— Análisis editorial, Despertar Matinal
Las observaciones contenidas en este artículo se fundamentan en información de acceso público, antecedentes de gestión gubernamental documentados y los principios de transparencia establecidos en la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública. No se atribuyen conductas delictivas a personas físicas o jurídicas identificadas. Despertar Matinal ejerce su función periodística en el marco del artículo 49 de la Constitución dominicana.
El Bono Madre 2026 llegará a más de un millón de familias dominicanas. Ese dato es real, y merece ser reconocido. Pero un gobierno que en cinco años no ha podido mostrar una sola auditoría independiente y publicada de sus programas de transferencias directas no puede exigirle a la ciudadanía que cambie la desconfianza por aplauso. La confianza institucional no se construye con actos en el Club San Carlos — se construye con cuentas claras, padrones abiertos y órganos de control que funcionen sin miedo.
¿Por qué la Cámara de Cuentas y la Contraloría no han publicado ningún informe de auditoría sobre las cuatro ediciones del Bono Madre desde agosto de 2020, y quién es responsable de esa omisión?














































































