Santo Domingo, República Dominicana
¿Puede el Estado ser responsable de una muerte no por lo que hizo, sino por lo que deliberadamente decidió no hacer? En el derecho penal moderno, la respuesta es categórica: sí. Eso se llama homicidio por omisión impropia, y hoy ese concepto merece ser analizado con seriedad frente a lo que ocurre sistemáticamente en el Seguro Nacional de Salud (SENASA).
Mientras familias enteras se desangran emocionalmente en pasillos de hospitales esperando autorizaciones que nunca llegan, mientras pacientes se deterioran porque un trámite administrativo se eterniza, la pregunta deja de ser política para convertirse en penal. ¿Cuántas muertes evitables hace falta para que alguien responda jurídicamente?
El homicidio por omisión impropia ocurre cuando quien tiene el deber legal, moral y funcional de actuar para evitar un resultado fatal no lo hace, aun teniendo la capacidad real de impedirlo. En materia de salud pública, ese deber es incuestionable: garantizar acceso oportuno, cobertura efectiva, medicamentos, procedimientos y decisiones administrativas que literalmente determinan si alguien vive o muere.
Cuando ese deber se incumple de manera sistemática, negligente o deliberada, la omisión deja de ser un simple fallo burocrático y se transforma en responsabilidad penal. Y sin embargo, en República Dominicana seguimos tratando estas muertes como «desgracias inevitables del sistema» en lugar de lo que realmente son: tragedias evitables con responsables identificables.
Mi postura es clara y firme: cuando un paciente fallece como consecuencia directa de la negación injustificada de una autorización médica, del retraso deliberado en aprobar un procedimiento vital o de la omisión en garantizar un tratamiento que pudo salvarlo, estamos ante una posible responsabilidad penal por omisión.
No se trata de criminalizar la medicina ni de perseguir errores de buena fe. Se trata de establecer que hay límites infranqueables: cuando funcionarios públicos con poder de decisión sobre la vida de otros optan por la inacción, el tecnicismo burocrático o la negación sistemática, y esa conducta resulta en muerte, la justicia debe intervenir. No como venganza, sino como precedente civilizatorio.
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Los casos documentados son escalofriantes y abundantes. Pacientes oncológicos a quienes se les niega la autorización para quimioterapias urgentes mientras sus casos «se revisan» durante semanas. Personas con insuficiencia renal que mueren esperando diálisis porque el sistema no procesa la autorización a tiempo.
Niños con cardiopatías congénitas cuyas cirugías se posponen indefinidamente por «falta de cupo» o «pendiente de evaluación», hasta que el cuadro se vuelve irreversible. Estos no son accidentes: son patrones. Y cuando un patrón se repite con regularidad estadística, dejamos el terreno de la casualidad para entrar en el de la responsabilidad institucional.
El SENASA no son entidades decorativas ni organizaciones privadas con libertad de decisión discrecional. Son instituciones del Estado con mandato constitucional de garantizar el derecho fundamental a la salud. Administran recursos públicos, toman decisiones vinculantes y operan bajo el principio de que la vida humana es el bien jurídico supremo.
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Por eso, cuando existen indicios de que una persona falleció como consecuencia directa de la inacción del sistema, cuando hay pruebas de que funcionarios con capacidad de autorizar tratamientos vitales optaron por la dilación, la negación o el abandono, estamos ante una posible configuración de homicidio por omisión impropia. Y eso no es retórica jurídica: es una figura penal contemplada en nuestro ordenamiento legal.
Por supuesto, habrá quienes argumenten que el sistema está colapsado, que los recursos son limitados, que no se puede autorizar todo para todos. Es un argumento válido pero insuficiente. La escasez de recursos obliga a priorizar, no a abandonar. Obliga a gestionar eficientemente, no a dilatar hasta la muerte.
La escasez obliga a transparentar criterios médicos, no a escudarse en tecnicismos administrativos. Cuando un paciente cumple todos los requisitos clínicos para un procedimiento, cuando hay capacidad instalada para realizarlo, cuando los médicos tratantes lo solicitan con urgencia y aun así la autorización se niega o se eterniza sin justificación técnica válida, no estamos ante un problema de recursos. Estamos ante negligencia institucional que debe tener consecuencias.
Lo más grave es la impunidad sistémica que rodea estas muertes. Rara vez se investiga. Casi nunca hay responsables identificados. Las familias reciben condolencias institucionales, tal vez una disculpa burocrática, pero jamás justicia. Los expedientes se archivan, los funcionarios involucrados siguen en sus cargos y el sistema continúa operando con la misma lógica letal.
Esa impunidad no solo perpetúa el problema: lo normaliza. Le dice a la ciudadanía que su vida vale menos que un trámite, que su salud es una concesión y no un derecho, que pueden morir esperando sin que nadie responda por ello. Esta es la perversión más profunda del sistema: convertir el derecho a la vida en un favor administrativo revocable.
He conversado con médicos del sector público que confiesan su frustración: elaboran solicitudes perfectamente fundamentadas, documentan la urgencia clínica, argumentan la necesidad vital del procedimiento, y aun así las autorizaciones se pierden en laberintos administrativos. «A veces sientes que no estás luchando contra una enfermedad, sino contra el propio sistema que debería ayudarte a combatirla», me confesó una oncóloga que prefirió el anonimato.
Esa frase resume la perversión institucional: profesionales de la salud luchando no solo contra patologías, sino contra la burocracia homicida que los obstaculiza. Médicos que se convierten en gestores administrativos en lugar de sanadores, perdiendo tiempo valioso en llamadas, correos y seguimientos a autorizaciones que deberían procesarse automáticamente según criterio clínico.
También he escuchado testimonios de familias destrozadas. Padres que vendieron todo para pagar estudios privados mientras esperaban una autorización que nunca llegó. Hijos que vieron deteriorarse a sus padres día tras día, llamando diariamente a SENASA para obtener respuestas que oscilaban entre «está en proceso» y «todavía no tenemos información».
Madres que enterraron a sus hijos sabiendo que una autorización a tiempo habría cambiado el desenlace. Esas historias no son anécdotas: son evidencias de un sistema que mata por omisión y que opera con impunidad porque hemos normalizado estas tragedias como parte inevitable del subdesarrollo.
La pregunta jurídica central es: ¿tienen los funcionarios del SENASA una posición de garante respecto a la vida de los pacientes? La respuesta es afirmativa. Una posición de garante existe cuando alguien tiene el deber legal específico de impedir un resultado lesivo y cuenta con la capacidad de hacerlo.
Los funcionarios que autorizan o niegan procedimientos médicos vitales están, por definición, en esa posición. Su decisión marca la frontera entre la vida y la muerte. Por tanto, cuando optan por la inacción injustificada, cuando diluyen responsabilidades en estructuras burocráticas diseñadas para evadir consecuencias, cuando priorizan protocolos administrativos sobre vidas humanas, su omisión no es moralmente neutral: es jurídicamente reprochable.
No estoy proponiendo una cacería de brujas ni una judicialización indiscriminada de la medicina. Estoy exigiendo que cuando existan indicios serios de que una muerte pudo evitarse mediante la acción oportuna de funcionarios con capacidad de decisión, esos casos sean investigados con rigor, que se determinen responsabilidades individuales y que, donde corresponda, se apliquen consecuencias penales.
Porque normalizar estas muertes es aceptar que la pobreza enferme, que la burocracia mate y que la vida del ciudadano común valga menos que el expediente administrativo que la contiene. Es claudicar ante la barbarie institucional disfrazada de procedimiento. Es renunciar a la idea misma de que el Estado existe para proteger la vida de sus ciudadanos.
Las implicaciones de no actuar son gravísimas. Cada muerte por omisión que queda impune envía un mensaje letal: no pasa nada. Refuerza la cultura institucional de la irresponsabilidad, donde nadie responde porque todos se escudan en protocolos, en niveles jerárquicos, en complejidades administrativas.
Perpetúa un sistema donde el dolor ciudadano se diluye en la indiferencia burocrática. Y lo más terrible: condena a futuras víctimas, porque mientras no haya consecuencias, el patrón se repetirá. La impunidad de hoy es la sentencia de muerte de mañana para otro paciente en la misma situación.
¿Qué se necesita entonces? Investigaciones independientes y rigurosas de cada muerte sospechosa de omisión institucional. Fiscales especializados en delitos contra la salud pública que actúen de oficio. Auditorías forenses de expedientes donde se denieguen o dilaten procedimientos vitales.
Protocolos claros de tiempos máximos de respuesta según urgencia médica, con consecuencias administrativas y penales para quienes los incumplan. Y sobre todo, voluntad política para establecer que en materia de salud pública, la omisión letal no será tolerada. Sin esto, cualquier reforma del sistema será cosmética.
Aquí no bastan comunicados de prensa, comisiones investigadoras que nunca concluyen o silencios cómplices de autoridades que prefieren mirar hacia otro lado. Se necesitan responsabilidades individuales, nombres propios, consecuencias reales. Porque cuando el Estado falla en su deber constitucional de proteger la vida, no hay excusa administrativa que lo justifique.
Cuando funcionarios públicos con poder de decisión optan por la inacción y esa inacción resulta en muerte, no estamos ante un simple error administrativo. Estamos ante una tragedia evitable que exige verdad, justicia y reparación. Estamos ante la evidencia de que el sistema de salud se ha convertido en una estructura letal que debe ser reformada desde sus cimientos.
La vida no puede seguir siendo la variable de ajuste del sistema de salud. Y la muerte por omisión no puede seguir siendo el costo normalizado de la ineficiencia institucional. Ha llegado el momento de establecer límites penales claros: omitir cuando se debe actuar, dilatar cuando se debe responder, negar cuando se debe autorizar, puede configurar homicidio.
Y si eso incomoda a funcionarios que han operado durante años bajo la lógica de la impunidad, que se incomoden. Porque del otro lado de sus decisiones hay vidas reales, familias destrozadas y ciudadanos que merecen un Estado que los proteja en lugar de matarlos con trámites. La burocracia no puede seguir siendo una sentencia de muerte.
Jorge Polanco
Comunicador | Columnista de Opinión
Santo Domingo, República Dominicana
Esta columna forma parte del espacio de análisis de salud pública y derechos ciudadanos de Despertar Matinal. Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y no reflejan necesariamente la línea editorial del medio.
