El Servicio Nacional de Salud (SNS) anunció que entre enero y junio de 2026 ofreció 25,395,290 servicios especializados, la cifra más alta registrada en un primer semestre desde la creación de la Red Pública. El dato, presentado por la propia institución como un récord histórico, llega acompañado de un discurso de autoelogio institucional que —como ocurre con buena parte de las estadísticas oficiales del actual Gobierno— exige algo más que aplausos: exige verificación.
Porque en Despertar Matinal partimos de una pregunta simple y a la vez incómoda: ¿un récord histórico frente a qué? ¿Con qué base de comparación se mide, quién audita el dato, y por qué el Estado que produce la cifra es el mismo que la certifica como éxito, sin mediación de un organismo independiente?
Según la información oficial, el desempeño corresponde a los primeros seis meses de gestión del director ejecutivo del SNS, doctor Julio Landrón, período en el que la institución reporta 4,190,871 consultas, 224,814 hospitalizaciones, 347,416 cirugías, 15,702,742 pruebas de laboratorio, 2,408,155 estudios de imágenes y 2,521,292 atenciones de emergencias. La suma da la cifra difundida como récord histórico del SNS.
El comunicado oficial atribuye este desempeño al respaldo del presidente Luis Abinader y al trabajo de seguimiento con equipos técnicos, directores regionales y hospitalarios, además de una inversión reportada de RD$397,044,550.72 en equipamiento entre enero y el 22 de junio de 2026. También se menciona el fortalecimiento de la Red Nacional de Salud Mental, que pasó a contar con 47 Unidades de Intervención en Crisis, 25 habilitadas en este primer semestre bajo la gestión de Landrón.
Cabe recordar, con rigor jurídico y precisión histórica, que el actual mandatario cursa su segundo período consecutivo, iniciado en agosto de 2024, tras un primer mandato que corrió de agosto de 2020 a agosto de 2024. No son «cuatro años de gobierno»: son dos gestiones distintas, con equipos, presupuestos y metas propias, aunque bajo el mismo signo político. Diluir esa distinción —como suele hacerse en la narrativa oficial— facilita presentar como continuidad lineal lo que en realidad son dos ciclos administrativos separados.
El comunicado oficial compara el primer semestre de 2026 con el mismo período de 2019, año previo al inicio del actual Gobierno y correspondiente a una administración de signo político distinto. Es una decisión metodológica que llama la atención: ¿por qué comparar contra 2019 y no contra 2023 o 2024, años ya bajo gestión del propio oficialismo? Saltar directamente a un punto de comparación de seis años atrás, sin mostrar la serie completa de datos intermedios, no prueba manipulación, pero sí constituye una opacidad metodológica que Despertar Matinal no puede dejar de señalar.
Un aumento en el número de servicios prestados —consultas, cirugías, pruebas de laboratorio— puede reflejar efectivamente una mayor capacidad instalada. Pero también puede reflejar crecimiento poblacional, mayor demanda por deterioro de la atención privada, saturación de los centros de primer nivel que empuja pacientes hacia el segundo y tercer nivel, o simplemente un cambio en los criterios de registro estadístico. Ninguna de estas hipótesis se descarta ni se confirma en el comunicado oficial, porque el comunicado no fue diseñado para responder preguntas: fue diseñado para celebrar una gestión
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Tampoco se ofrece información sobre tiempos de espera, calidad percibida por el paciente, tasa de mortalidad hospitalaria, disponibilidad real de medicamentos o desglose por región. Un récord histórico de producción de servicios no equivale automáticamente a un récord de calidad asistencial, y esa distinción —elemental en cualquier análisis serio de política pública— está ausente del discurso institucional.
El Servicio Nacional de Salud puede, en efecto, haber ampliado su capacidad de respuesta. Los hospitales pueden estar atendiendo a más dominicanos que antes. Pero un récord histórico anunciado por quien lo produce, medido contra un único punto de comparación elegido por el propio Gobierno, y sin auditoría externa que lo respalde, no es todavía una prueba: es una narrativa. Y las narrativas oficiales, en un país con más de veinte años de promesas de transformación en salud pública, merecen ser leídas con la misma rigurosidad con la que fueron redactadas para convencer.
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