SANTO DOMINGO.— Detrás de lo que podría parecer un simple cambio de plástico, se esconde uno de los proyectos de Estado más ambiciosos y complejos que ha emprendido la República Dominicana en décadas. La Junta Central Electoral (JCE) inició en 2026 un proceso de renovación integral de la cédula de identidad y electoral que, según la propia institución, no es solo un cambio de documento: es una depuración profunda del Registro Civil y una reconfiguración del padrón electoral que determinará quién vota, cómo vota y con qué garantías en las elecciones de 2028.
El alcance es significativo. De acuerdo con datos oficiales de la JCE, el objetivo es actualizar o emitir nuevos documentos a 9,412,353 ciudadanos y residentes legales, entre los cuales figuran 942,795 menores de edad que alcanzarán la mayoría de edad a partir de 2025. Para absorber ese volumen, la institución proyecta atender a 600,000 personas por mes en sus 193 centros de cedulación a nivel nacional.
Al 27 de abril de 2026, según cifras oficiales, apenas se habían entregado 13,138 nuevas cédulas. La magnitud de lo que falta por hacer plantea interrogantes legítimas sobre los plazos, la logística y la capacidad real de ejecución.
El acta primero: la raíz del problema de identidad
El núcleo técnico y jurídico de este proceso es menos visible que el nuevo plástico, pero mucho más relevante: antes de emitir una nueva cédula, la JCE debe verificar que los datos del ciudadano en el Registro Civil coincidan exactamente con los que aparecerán en el documento.
La directora de Comunicaciones de la JCE, Suedi de León, reconoció públicamente que durante años existió una inconsistencia estructural en el sistema de identidad dominicano: personas cuyos nombres, fechas de nacimiento u otros datos diferían entre su acta de nacimiento y su cédula. Una identidad fracturada en dos registros que nunca se habían reconciliado formalmente.
«Lo que da inicio o da paso a la cédula es el acta», explicó De León. La consecuencia práctica es que ningún ciudadano puede recibir la nueva cédula sin que sus datos estén primero validados y armonizados en el Registro Civil.
Ese trabajo de depuración, iniciado hace más de un año según fuentes de la JCE, ha identificado 2,990,355 registros asociados a cédulas que requieren validación. A la fecha, solo se han verificado 1,581,323, lo que representa el 52% del total. El 48% restante —casi 1.4 millones de registros— aún está pendiente, y su resolución puede implicar desde correcciones administrativas simples hasta procesos más complejos que involucren discrepancias entre libros del Registro Civil.
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¿Qué ocurre con los ciudadanos cuyos registros aún no han sido depurados? ¿Podrán renovar su cédula en el mes que les corresponde, o quedarán atrapados en un proceso burocrático sin plazos claros? La JCE no ha ofrecido hasta ahora una respuesta pública específica a esa pregunta.
Tecnología: la cédula actual ya es vulnerable
Uno de los argumentos más sólidos que respalda este proceso es de naturaleza tecnológica. Según la JCE, la cédula vigente, emitida desde 2014, ya no garantiza seguridad frente a las herramientas de falsificación disponibles actualmente. Lo que hace una década era tecnología de punta —accesible solo a gobiernos— hoy puede replicarse con equipos convencionales y una inversión mínima.
La nueva cédula, de acuerdo con información oficial, incorpora policarbonato de nueve capas con grabado láser, tecnología NFC (chip sin contacto), elementos holográficos y autenticación biométrica vinculada a huellas dactilares del titular. El chip utilizará circuitos criptográficos que almacenarán información cifrada, protegida contra clonación y lectura no autorizada.
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Además, los certificados digitales integrados permitirán a los ciudadanos realizar transacciones electrónicas seguras y autenticación en línea, lo que convierte al nuevo documento en una herramienta de identidad digital, no solo física.
La base legal del proceso está sustentada en el artículo 20, numeral 12 de la Ley Núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, que faculta al Pleno de la JCE a modificar mediante resolución el diseño, formato y contenido de la cédula.
El impacto electoral: 2027 y 2028 en juego
Este proceso no ocurre en el vacío político. La renovación de la cédula tendrá consecuencias directas sobre los comicios más importantes del ciclo: las primarias de los partidos políticos en 2027 y las elecciones presidenciales y congresionales de 2028.
Una cédula vinculada al acta de nacimiento y con datos biométricos verificados implica, en teoría, un padrón electoral más depurado y confiable. Registros duplicados, datos inconsistentes o identidades cuestionables que históricamente han generado suspicacias en el sistema electoral podrían quedar eliminados.
La JCE confirmó que mantiene una mesa técnica que se reúne cada 15 días con todas las organizaciones políticas acreditadas, en un esquema de acompañamiento que busca garantizar transparencia y confianza en el proceso. Según De León, «sin los partidos no hay elecciones, no hay proceso electoral transparente».
Adicionalmente, la reforma constitucional de 2024 establece que en 2032 se unificarán en una sola fecha los siete niveles de elección que hoy se celebran por separado. Esa complejidad logística hace que contar con un padrón sólido y una cédula confiable no sea opcional, sino estructuralmente necesario.
La inversión que el Estado no ha cuantificado públicamente
La JCE ha defendido este proceso como «una inversión, no un gasto», argumentando que la durabilidad proyectada del nuevo documento —más de diez años— generará ahorros a mediano plazo. Sin embargo, hasta la fecha no se ha publicado oficialmente el costo total del proceso de renovación, lo que impide un análisis independiente sobre la relación entre la inversión requerida y los beneficios proyectados.
En un contexto en que el gobierno central ha declarado una política de austeridad fiscal, la ausencia de transparencia presupuestaria sobre un proyecto de esta magnitud es una omisión que merece atención. La ciudadanía tiene derecho a saber cuánto cuesta modernizar su identidad.
Lo que está en juego
Un acta que no coincide con una cédula no es solo un problema burocrático: es una persona cuya identidad legal está en disputa. Y una identidad en disputa es un voto que puede ser cuestionado, un trámite que no puede completarse, un derecho que se ejerce con dificultad.
La renovación de la cédula, bien ejecutada, puede corregir décadas de inconsistencias acumuladas en el Registro Civil dominicano. Pero la escala del desafío es enorme: casi nueve millones y medio de documentos, 600,000 personas por mes, casi 1.4 millones de registros aún por depurar, y un calendario electoral que no admite retrasos.
La pregunta que la JCE debe responder ante la ciudadanía no es si el proceso es necesario —claramente lo es— sino si tiene la capacidad institucional, los recursos suficientes y los plazos realistas para ejecutarlo sin que ningún dominicano quede, por razones administrativas, fuera del sistema que define su identidad y su voto.
