La escena tiene algo de ironía estructural. El presidente Luis Abinader tomó el miércoles 4 de junio el podio de la VII Conferencia Latinoamericana de Saneamiento (Latinosan 2026) en el Hotel Barceló Bávaro Palace —un complejo de lujo enclavado en la misma zona costera que durante décadas operó sin sistemas de tratamiento de aguas residuales adecuados— para proclamar que el saneamiento no puede seguir siendo secundario. La pregunta que el discurso no respondió es la más incómoda: ¿por qué lo fue durante tanto tiempo, precisamente aquí?
Que un mandatario afirme ante la comunidad internacional que «no puede existir turismo sostenible sin saneamiento» es, en principio, un avance discursivo. Que esa afirmación se pronuncie en el destino turístico más lucrativo del Caribe, donde el crecimiento hotelero se consolidó sin infraestructura sanitaria paralela durante al menos tres décadas, es una admisión implícita de fracaso institucional acumulad
La zona Verón-Punta Cana concentra más del 60% de la planta hotelera del país y genera alrededor del 40% de los ingresos totales del turismo dominicano, según estimaciones del sector. Sin embargo, de acuerdo con informes de organismos ambientales y denuncias de organizaciones locales que datan de los años 2000, las aguas residuales de esa franja costera se vertían —y en zonas periféricas aún se vierten— sin tratamiento suficiente, afectando mantos acuíferos, arrecifes de coral y calidad del agua en playas de acceso comunitario.
El Proyecto de Acueducto y Alcantarillado con reúso de la Zona Verón-Punta Cana, presentado ahora como la gran apuesta, es parte del Programa de Saneamiento Universal de Ciudades Costeras y Turísticas, desarrollado con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se trata de una inversión cercana a los US$1,000 millones que, según el director ejecutivo del INAPA, Wellington Arnaud, beneficiará directamente a más de un millón de personas y protegerá más de 200 kilómetros de litoral.
Presuntamente —porque la transparencia en la ejecución de grandes contratos hídricos en República Dominicana no tiene un historial impecable— estos fondos estarán sujetos a los mecanismos de seguimiento del BID. No obstante, ni durante el evento ni en los comunicados oficiales se ofrecieron cronogramas de ejecución detallados, porcentajes de avance actuales ni mecanismos de auditoría ciudadana.
Tres ejes de análisis crítico
1. La brecha entre el discurso y la línea de base. El propio presidente reconoció que «durante décadas el sector acumuló importantes rezagos». Es una confesión que merece desagregarse: ¿qué gobiernos, qué períodos, qué decisiones presupuestarias produjeron ese rezago? El discurso del saneamiento como «responsabilidad compartida» diluye la responsabilidad específica de cada administración. En materia de política pública hídrica, la omisión sostenida no es neutral: es una decisión.
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2. El contraste presupuestario como evidencia, no como mérito. El director del INAPA destacó que mientras entre 2016 y 2020 la inversión acumulada fue de RD$7,700 millones, solo en 2025 se ejecutaron RD$10,265 millones. La cifra confirma el aumento del esfuerzo fiscal actual, pero también evidencia que las administraciones anteriores mantuvieron el sector en un presupuesto crónicamente insuficiente. Presentar ese contraste exclusivamente como logro propio, sin analizar por qué se llegó a ese déficit, es gestión de imagen más que rendición de cuentas.
3. La opacidad en la ejecución de proyectos de esta escala. Una inversión de US$1,000 millones en infraestructura costera plantea preguntas que los comunicados oficiales no responden: ¿Cuánto está contratado? ¿Con qué empresas? ¿Bajo qué modalidad de licitación? ¿Cuál es el cronograma real de obras en la zona Verón-Punta Cana? La ausencia de estos datos en un evento de proyección regional no es una omisión menor: es el patrón habitual por el cual los grandes anuncios de inversión hídrica en el país han tardado años en materializarse —o nunca lo han hecho— sin consecuencias institucionales.
«Apostar por el agua. Apostar por el saneamiento. Apostar por una visión de desarrollo que entiende que no puede existir crecimiento sostenible sin acceso universal a servicios básicos de calidad.»
— Presidente Luis Abinader, Latinosan 2026 · Punta Cana, junio 2026Si el saneamiento es «una cuestión de dignidad humana», como afirmó el presidente Abinader, ¿por qué el Estado dominicano permitió durante décadas que el destino turístico más rentable del país creciera sin la infraestructura sanitaria que hoy se presenta como urgente e inédita?
Cierre que nadie pronunció
Que la República Dominicana sea sede de Latinosan 2026 es un logro de imagen diplomática que no puede separarse de la ironía de fondo: el país anfitrión es también uno donde comunidades sin alcantarillado conviven, a pocos kilómetros, con hoteles de cinco estrellas que drenan sus aguas hacia el mismo sistema costero sin tratamiento históricamente suficiente. La visión del desarrollo que el presidente articuló en Punta Cana es la correcta en sus principios. Lo que falta es el documento que muestre cuándo, cómo y bajo qué controles ese principio se convierte en tubería instalada.
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Las generaciones futuras que el mandatario invocó en su cierre no heredarán discursos. Heredarán —o no— los 200 kilómetros de litoral que hoy el Estado promete proteger. La diferencia entre promesa e infraestructura real se mide en contratos auditables, cronogramas públicos y mecanismos de rendición de cuentas que, hasta ahora, brillan por su ausencia en la narrativa oficial.
