Salud mental en las cárceles: un comité de doce miembros no basta para tapar décadas de abandono institucional

Que el Estado dominicano reconozca que las personas privadas de libertad padecen trastornos de salud mental no es un avance —debería ser el punto de partida mínimo de cualquier política penitenciaria seria. El acto celebrado en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, con traje, discurso y cámaras, basta para titular una nota de prensa gubernamental, pero no para responder la pregunta que nadie hizo ante los micrófonos: ¿por qué tardó tanto, y quién rinde cuentas por los años perdidos? La salud mental penitenciaria no es una innovación —es una deuda.

El gesto y el vacío detrás del protocolo

La reforma penitenciaria dominicana es un proceso que se enuncia con frecuencia y se concreta con lentitud. El Comité Dominicano de Salud Mental Penitenciaria quedó formalmente constituido en el Palacio Nacional con doce integrantes que representan a universidades, colegios profesionales, el Servicio Nacional de Salud (SNS) y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC). Ninguna declaración oficial precisa cuánto dinero tendrá para operar, bajo qué mecanismo de fiscalización actuará, ni cuáles son sus metas verificables en un horizonte concreto.

El director de la Oficina Nacional de Apoyo a las Reformas Penitenciarias, Roberto Santana, señaló que la iniciativa toma como referencia experiencias observadas en Puerto Rico, donde universidades participan activamente en programas de salud mental para privados de libertad. Representantes de instituciones dominicanas visitaron ese territorio para conocer el modelo. El detalle, aunque positivo en términos de aprendizaje comparado, también revela una pregunta incómoda: ¿cuánto costó ese proceso de observación y con qué fondos fue financiado?

De acuerdo con información oficial, el gobierno también anunció la apertura de tres centros penitenciarios especializados en salud mental ubicados en Azua, La Vega y San Pedro de Macorís, que comenzarían a operar días después del acto de juramentación. La rapidez con que se anuncia la operatividad de infraestructura —sin que medie una auditoría técnica pública ni una evaluación de capacidad instalada— es parte del patrón comunicacional del Estado dominicano: inaugurar antes de consolidar.

Análisis crítico: tres ejes que el acto oficial no respondió

Primero, la ausencia de datos base. Para hablar de reforma en salud mental penitenciaria, el Estado necesita primero revelar el diagnóstico real: ¿cuántos privados de libertad tienen algún trastorno documentado? ¿Qué porcentaje recibe tratamiento hoy? ¿Cuántos psiquiatras y psicólogos opera actualmente el sistema penitenciario? Ninguna de estas cifras fue presentada en el acto de juramentación. Sin línea de base, cualquier promesa de mejora es inmedible y, por tanto, no verificable.

Segundo, el modelo universitario como sustituto de política pública. Que universidades integren el comité puede ser valioso para la investigación aplicada, pero trasladar responsabilidades clínicas y de política pública a instancias académicas —sin presupuesto estatal asignado y sin marco regulatorio específico— es una forma de tercerizar lo que el Estado debe asumir directamente. Según fuentes del sector salud mental, la participación universitaria en sistemas penitenciarios requiere protocolos claros de confidencialidad, supervisión y financiamiento que, presuntamente, aún no han sido formalizados en este caso.

Tercero, la opacidad sobre el personal penitenciario. La presidenta pro tempore del comité, Sandra Fernández, destacó que los esfuerzos también estarán dirigidos al personal que trabaja en los centros de corrección. Es un reconocimiento legítimo de la carga psicoemocional de esos trabajadores. Sin embargo, de acuerdo con informes del sector, el personal penitenciario dominicano carece históricamente de cobertura adecuada de salud ocupacional. Nombrar ese problema en un acto protocolario sin vincular compromisos presupuestarios específicos es, en el mejor de los casos, una intención —no una política.

Lo que sí representa un avance —con reservas

Sería deshonesto ignorar que la creación de un comité interinstitucional con participación académica y de colegios profesionales es, formalmente, un paso más robusto que el silencio institucional previo. La articulación entre la Sociedad Dominicana de Psiquiatría (SDP), el Colegio Dominicano de Psicólogos (Codopsi), el SNS y la DGSPC puede generar sinergias técnicas si se les da autonomía real. La construcción de un Centro Docente de Salud Penitenciaria —si llega a concretarse— podría ser una aportación duradera al sistema.

Sin embargo, la historia reciente de la reforma penitenciaria dominicana muestra un patrón donde los anuncios superan en velocidad a las transformaciones verificables. La infraestructura mejora en algunos puntos; las condiciones de hacinamiento, violencia estructural y acceso a servicios básicos en otros centros siguen siendo motivo de denuncia por organizaciones de derechos humanos, según informes públicos disponibles. La salud mental penitenciaria no puede ser una isla de progreso en un sistema que sigue crujiendo.