Cuando un gobierno anuncia por primera vez algo que debió existir hace veinte años, la celebración institucional choca de frente con la evidencia histórica. La apertura de la primera Semana por la Salud Mental Penitenciaria en República Dominicana, celebrada en el Palacio Presidencial con la presencia del presidente Luis Abinader, generó titulares favorables. Pero detrás del protocolo y los discursos, persiste una pregunta incómoda: ¿qué pasó durante los años en que el Estado dominicano ignoró sistemáticamente la salud mental penitenciaria como una prioridad de política pública? El anuncio llega, pero la rendición de cuentas sobre el abandono previo brilla por su ausencia.
De acuerdo con declaraciones oficiales, el presidente Abinader afirmó que República Dominicana es «uno de los primeros países en establecer una estructura integrada para atender los severos problemas de salud mental en las prisiones». Anunció la apertura de tres unidades de salud mental penitenciaria en un plazo de un año, ubicadas en Najayo, La Vega y San Pedro de Macorís, además de reportar la habilitación de aproximadamente 105 camas psiquiátricas en hospitales del país desde el lanzamiento de la política nacional de salud mental.
«Descuidar este flagelo paga un precio, el costo es muy doloroso.»
— Roberto Santana Sánchez, Director General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC)
Una admisión que confirma que el Estado conocía el problema. La pregunta es cuánto tiempo supo y cuánto tiempo tardó en actuar.
El acto contó con la juramentación del Comité Nacional Interinstitucional de Salud Mental Penitenciaria, presidido pro tempore por Sandra Fernández, e integrado por entidades como la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, el Colegio Dominicano de Psicólogos (CODOPSI), el Servicio Nacional de Salud (SNS), la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), y múltiples universidades, incluyendo la UASD y la UNEFA.
Roberto Santana Sánchez, titular de la DGSPC, reconoció que «descuidar este flagelo paga un precio» y que las consecuencias del deterioro de la salud mental penitenciaria «son terribles para todos». Una admisión significativa que, sin quererlo, implica que el Estado conocía el problema y tardó en reaccionar.
Datos del anuncio oficial — Mayo 2026
105
Camas de salud mental habilitadas en hospitales del país desde el lanzamiento de la política nacional
3
Unidades de salud mental penitenciaria anunciadas: Najayo, La Vega, San Pedro de Macorís
0
Cifras epidemiológicas presentadas sobre prevalencia real de trastornos mentales en la población carcelaria
Análisis crítico
La retórica del anuncio merece ser examinada con detenimiento. Afirmar que República Dominicana es «de los primeros países» en establecer esta estructura supone un estándar comparativo que no fue respaldado con datos verificables durante el acto. Según informes de organismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la salud mental penitenciaria ha sido objeto de protocolos regionales en varios países latinoamericanos desde hace más de una década. La afirmación presidencial, presuntamente hecha de buena fe, carece de contraste documental en el discurso oficial.
Más revelador es lo que no se dijo. En ningún momento del acto se presentaron cifras sobre la prevalencia real de trastornos mentales en la población carcelaria dominicana. No se ofreció un diagnóstico epidemiológico. No se informó cuántos internos han sido procesados penalmente sin evaluación psiquiátrica previa. No se habló de cuántas situaciones de violencia intracarcelaria están vinculadas a condiciones de salud mental penitenciaria no atendidas. La política se anuncia sin línea de base.
Sandra Fernández, presidenta pro tempore del comité, habló de «corregir la fragmentación histórica de los servicios de salud dentro de los recintos» y de «dejar atrás las prácticas obsoletas». Una declaración que, leída con atención, es un reconocimiento implícito de que esas prácticas obsoletas existieron bajo administraciones de las cuales el Estado actual forma parte del continuum institucional.
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La promesa de un expediente clínico digital integrado para pacientes reclusos es bienvenida en términos técnicos. Pero en un sistema penitenciario donde, según informes de organizaciones de derechos humanos, el hacinamiento supera regularmente el 200% de la capacidad instalada, la digitalización de historiales clínicos sin resolver el problema estructural de sobrepoblación equivale a poner un sistema de alarma en una casa sin paredes.
El comité interinstitucional creado es amplio y técnicamente diverso, lo que es positivo. Sin embargo, la salud mental penitenciaria como política requiere presupuesto garantizado, no solo voluntad declarada. A la fecha de este informe, no se ha publicado ninguna asignación presupuestaria específica, ni se han detallado los mecanismos de supervisión independiente sobre las tres unidades anunciadas.
Dato clave
Según informes de organizaciones de derechos humanos, el hacinamiento en cárceles dominicanas supera regularmente el 200% de la capacidad instalada. Anunciar expedientes clínicos digitales sin resolver la sobrepoblación es atender el síntoma, no la enfermedad.
El Estado dominicano ha dado un paso. Es verificable, es concreto y merece reconocimiento como hecho. Pero un paso no borra años de omisión. La salud mental penitenciaria no emergió como problema en 2024 ni en 2025: lleva décadas documentada por organismos internacionales, por psiquiatras forenses y por los propios registros de violencia carcelaria que las autoridades prefirieron no publicar. El comité interinstitucional es técnicamente competente en su composición. La pregunta es si tendrá presupuesto real, independencia operativa y mecanismos de rendición de cuentas que vayan más allá de los actos en el Palacio.
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La rehabilitación como objetivo declarado de la pena, tal como lo enunció Sandra Fernández, es un principio correcto. Pero su cumplimiento no se mide en discursos de juramentación sino en cuántos internos reciben atención psiquiátrica continua en doce meses, cuántos son evaluados antes de ser procesados, y cuántos egresan del sistema con un plan clínico de reintegración. Esos números, hasta ahora, el Estado dominicano no los ha puesto sobre la mesa.
La pregunta que el poder no responde
¿Cuántos internos dominicanos deterioraron irreversiblemente su salud mental en los años en que el Estado tenía la información, el mandato constitucional y los recursos para actuar, y eligió no hacerlo?
