VARSOVIA, Polonia — Los inmigrantes afganos en Polonia enfrentan deportaciones forzadas y temen por sus vidas a manos del gobierno dirigido por los talibanes en su país, preocupaciones que, según los grupos de derechos humanos, se han disparado después de que Polonia tomó medidas el año pasado para suspender parcialmente el derecho a solicitar asilo.
Los grupos de derechos humanos advierten que las autoridades están abusando de la medida, introducida en marzo de 2025. Se basa en una ley polaca enmendada que impuso restricciones temporales al derecho a solicitar protección internacional en la frontera con Bielorrusia para quienes cruzaron ilegalmente al estado miembro de la OTAN y la Unión Europea.
“Intenté más de mil millones de veces buscar seguridad”, dijo por teléfono un afgano de unos 20 años, actualmente en un centro de detención para inmigrantes en el este de Polonia. Contó cómo los talibanes mataron a su padre, y también lo detuvieron y lo golpearon.
El resto de su familia todavía está escondida en Afganistán, dijo, hablando con The Associated Press bajo condición de anonimato porque teme por su seguridad en caso de ser deportado a Afganistán.
Todo esto lo contó a las autoridades polacas, dijo, «pero no les importó».
El Ministerio del Interior polaco no respondió a las solicitudes de AP de comentarios sobre las deportaciones de afganos y cómo aplica la nueva restricción.
Como muchos de sus compatriotas, el joven afgano cruzó a Polonia, miembro de la UE, desde Bielorrusia y logró llegar a Alemania, donde fue arrestado y luego devuelto a Polonia para que su solicitud de asilo fuera evaluada según las leyes de la UE.
Ahora dice que las autoridades polacas decidieron deportarlo sin revisar adecuadamente su caso, simplemente porque había ingresado primero al país a través de Bielorrusia, una ruta complicada que Varsovia ha tratado de reprimir después de que decenas de miles de inmigrantes intentaron ingresar a la UE por esa vía en los últimos años.
Polonia dice que se ha visto abrumada por la afluencia y argumenta que Rusia y su aliado Bielorrusia enviaron a los inmigrantes para desestabilizar Polonia y otros países occidentales.
La suspensión temporal (por un total de 60 días) del derecho a solicitar asilo sólo se aplica «en la frontera con Bielorrusia», dice la nueva legislación. El gobierno ha prolongado este período varias veces, suspendiendo efectivamente las solicitudes de asilo durante más de un año o más.
Expertos jurídicos como el Defensor del Pueblo polaco, que protege los derechos civiles y humanos en Polonia, y el ACNUR han criticado la suspensión del derecho de asilo en Polonia.
Dicen que es incompatible con el derecho internacional y especialmente con las Convenciones de Ginebra sobre los derechos de los refugiados, que obligan a los países receptores a examinar la solicitud de protección de cada individuo.
El primer ministro liberal de Polonia, Donald Tusk, ha dicho que los riesgos de seguridad en la frontera con Bielorrusia justificaban las nuevas medidas, un argumento que la UE no rechazó aunque sus estados miembros deben proporcionar al menos un mínimo de derechos a los solicitantes de asilo incluso en casos de crisis migratorias orquestadas.
Desde que se introdujo la nueva ley, los grupos de derechos humanos y los inmigrantes dicen que Polonia ha estado ampliando la medida para incluir no sólo a los inmigrantes detenidos en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, sino también a los que se encuentran en cualquier parte del país, siempre que hayan entrado por esa frontera.
En la práctica, esto significa que los inmigrantes afganos, cuya ruta a Polonia casi siempre pasa por Bielorrusia, no pueden solicitar asilo, independientemente de sus circunstancias individuales.
El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, en una carta fechada el 1 de abril y publicada el martes, dirigida al gobierno polaco, expresó su preocupación por el hecho de que las solicitudes de asilo sean «suspendidas en todos los casos en que los guardias fronterizos consideren que la persona ha cruzado la frontera entre Polonia y Bielorrusia de manera irregular».
«En este sentido, tomo nota de la información sobre la reciente expulsión de un grupo de ciudadanos afganos de Polonia a Afganistán, a quienes no se les dio la oportunidad de presentar solicitudes de asilo», escribió O’Flaherty.
La zona legal gris aparentemente incluso ha incomodado a Frontex, la agencia de control fronterizo de la UE. Sus observadores se retiraron de un vuelo de deportación organizado por el gobierno a Pakistán el año pasado después de enterarse de que las autoridades polacas no habían evaluado adecuadamente las solicitudes de asilo de los deportados.
«Tenemos que asegurarnos de que las personas que regresan hayan pasado por todo el procedimiento de asilo según la legislación de la UE», dijo Krzysztof Borowski, portavoz de Frontex.
El joven migrante entrevistado por la AP se encuentra entre unos 120 afganos que se encuentran actualmente en centros de detención en Polonia. Un amigo suyo, afirmó, fue deportado recientemente por Polonia a Afganistán. Su familia no ha sabido nada de él desde entonces.
Alrededor del 65% de los afganos que solicitan asilo reciben protección en Europa, según la Agencia de Asilo de la UE, lo que indica que sus solicitudes tienen éxito en su mayoría en otras partes del bloque.
Tomasz Sieniow, de la no gubernamental Fundación Instituto para el Estado de Derecho, estaba a bordo de un vuelo el viernes pasado que las autoridades polacas utilizaban para deportar a nueve afganos a través de Uzbekistán.
Dijo a la AP que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había emitido fallos pidiendo a Polonia que no deportara a los nueve, pero que posteriormente las autoridades sólo sacaron del vuelo a seis de los afganos.
Sieniow dijo que la mayoría de los afganos detenidos en Polonia habían trabajado con el gobierno afgano anterior, aliado de Estados Unidos, que colapsó cuando los talibanes invadieron Afganistán en agosto de 2021, o con las tropas estadounidenses u otras tropas de la OTAN.
Estas personas, y sus familias, “no deberían ser expulsadas”, afirmó el trabajador de la ONG y añadió que “Polonia nunca analizó sus motivos para pedir protección”.
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