EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO RODRÍGUEZ.- Después de más de 7 años de intenso trabajo, organización y compromiso colectivo, la comunidad de La Cidra de Tomas celebró la inauguración de su nueva hidroeléctrica comunitaria, una microcentral de 42 kilovatios que transforma la vida de más de 800 personas y demuestra el poder de la acción comunitaria para impulsar el desarrollo sostenible.
Con una inversión total de $48.6 millones de pesos, aportado en alianza entre el Ministerio de Energía y Minas; el Programa de Pequeños Subsidios (PPS/GEF/PNUD) implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) bajo la rectoría del Ministerio de Medio Ambiente; el Ministerio de Hacienda y Economía; Guakía Ambiente, Fundación Popular a través del Plan Sierra, y la Presidencia de la República, La Asociación de Productores de la Cidra de Tomas (Asoprocito), y propia comunidad de la Cidra de Tomas; consolidando un modelo ejemplar de colaboración entre comunidad, Estado, sociedad, sector privado y cooperación internacional.
Ubicada en las profundidades de las montañas de la provincia Santiago Rodríguez, esta comunidad enfrentó durante décadas importantes limitaciones derivadas de la falta de acceso al servicio eléctrico convencional. Lejos de resignarse, sus habitantes decidieron organizarse para construir una solución propia, sostenible y adaptada a su realidad. El resultado es una microcentral hidroeléctrica que llevará energía limpia y confiable a 162 hogares, además de microempresas rurales, centros educativos, iglesias y alumbrado público.
Durante la inauguración el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, explicó que para este proyecto se instalaron más 1400 metros de tubería de 16 pulgadas que transporta 3600 galones de agua por minuto hasta la turbina; 13 kilómetros de redes eléctricas, 210 postes, 43 luminarias y 16 transformadores, “permitiendo que 162 hogares inicien una nueva etapa de su historia”. Además, se instalaron dos sistemas fotovoltaicos para ampliar los beneficios de esta iniciativa.
Además, anunció que el Ministerio de Energía y Minas trabaja actualmente en la primera etapa del proyecto de extensión de redes para las comunidades de Mata de Almácigos y Cañada de Palma, en el municipio de Sabaneta. Asimismo, informó que, como parte de la planificación institucional para el período 2026-2027, está prevista la ejecución de la extensión de redes en el paraje Ceja Larga, sección La Lana, municipio Villa Los Almácigos.
“Tenemos trece proyectos en proceso de levantamiento en las comunidades de Naranjo Chino, León Jiménez, Play de Mata de Jobo, José Cabrera, Cañada de Palma, Pata de Vaca, Los Bombones, Mata Clara, Los Piñones y otros sectores del municipio San Ignacio de Sabaneta. Estos levantamientos nos permitirán seguir avanzando y llevar el servicio de energía eléctrica a más comunidades”, expresó.
Mientras que, Sanja Bojanic, representante Residente Adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en República Dominicana, indicó que “la experiencia de La Cidra demuestra que el desarrollo sostenible no comienza con la infraestructura, sino con las personas. Esta hidroeléctrica es el resultado de años de organización, confianza mutua y trabajo colectivo, elementos que fortalecen la cohesión social y permiten que las comunidades se conviertan en protagonistas de su propio desarrollo”.
Durante du intervención, Micaela Izzo, directora de Guakia Ambiente explicó que la verdadera fortaleza de estos sistemas radica en cerrar la brecha de acceso a servicios de base para poblaciones vulnerables, bajo el un modelo participativo y las alianzas multi-actores que los hace posibles.
“Al empoderar a las comunidades y promover una gestión integral del territorio, estos proyectos generan capacidades, fortalecen la gobernanza local y crean las condiciones para una sostenibilidad real y duradera, demostrando que el desarrollo solo es posible cuando las instituciones públicas y la ciudadanía trabajan de manera conjunta”, agregó.
Además de garantizar acceso a energía renovable, el proyecto contribuirá a fortalecer la educación, facilitar el acceso a las telecomunicaciones, impulsar pequeños emprendimientos rurales y mejorar las condiciones de vida de las familias. Se estima que permitirá reducir en más de un 60 % el gasto energético de los hogares, evitar el consumo de alrededor de 34,000 galones de combustible al año y generar ahorros superiores a US$170,000 anuales para la economía nacional.
La iniciativa también tendrá importantes beneficios ambientales. Gracias a la generación de energía limpia y a la conservación de los bosques de la cuenca del río Maíto, el proyecto contribuirá a evitar o capturar más de 350 toneladas de dióxido de carbono al año, al tiempo que protege más de 700 hectáreas de bosques que garantizan la disponibilidad de agua y la conservación de la biodiversidad de la zona.
Uno de los elementos más innovadores de la hidroeléctrica es su modelo de gestión comunitaria. La operación y mantenimiento del sistema estarán a cargo de la propia comunidad a través de Asoprocito y su Comité Hidroeléctrico, garantizando la sostenibilidad técnica, social, económica y ambiental de la obra a largo plazo.
En la actividad participaron la gobernadora provincial de Santiago Rodríguez, Glehany Azcona Torres; el senador de la provincia, Antonio Marte; el viceministro de Energía, Ricardo Guerrero; el director de la Dirección de Electrificación Rural y Suburbana (DERS), Erikc Díaz.
Además, Franz Villamán, de la Fundación Popular; Alberto Sánchez, coordinador nacional del Programa de Pequeños Subsidios (PPS-PNUD-GEF) y el presidente de la Red Dominicana para el Desarrollo de las Energías Renovables (REDSER),; del Comité Gestor de la Hidroeléctrica, Miguel Lizardo y MariaCristina Torres.
SOBRE EL PPS
El Programa de Pequeños Subsidios (PPS) es una iniciativa del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), implementada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) bajo la rectoría del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Desde 1993, ha apoyado más de 530 iniciativas locales en todo el país, transformando más de 1000 comunidades y beneficiando a más de 100,000 personas en zonas remotas mediante iniciativas de conservación, resiliencia climática, protección de los recursos naturales, energía limpia, servicios básicos como agua, entre otros.
Siete años. Eso fue lo que tardó la comunidad de La Cidra de Tomas, en las montañas de Santiago Rodríguez, en conseguir algo que en cualquier país con planificación energética seria sería una obligación estatal básica: electricidad. No fue el Ministerio de Energía y Minas quien identificó la necesidad y actuó. Fue la propia comunidad, organizada en Asoprocito, la que gestionó financiamiento internacional, sostuvo el proceso durante casi una década y terminó construyendo —literalmente— su propia infraestructura. Y aun así, el acto de inauguración se montó con el protagonismo discursivo puesto en el ministro Joel Santos, como si la cartera que dirige hubiese sido la artífice principal de una obra que pagó, en su mayor parte, otra gente.
Dato clave del proyecto
7 años
de organización comunitaria fueron necesarios para concretar la hidroeléctrica de La Cidra de Tomas, frente a una inversión total de RD$48.6 millones.
El proyecto de hidroeléctrica comunitaria de La Cidra de Tomas costó RD$48.6 millones. Según la información divulgada en el propio acto, el financiamiento provino de una alianza entre el Ministerio de Energía y Minas, el Programa de Pequeños Subsidios (PPS/GEF/PNUD), el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Hacienda, Guakía Ambiente, Fundación Popular y la comunidad misma. Lo que el comunicado institucional no precisa —y que cualquier cobertura crítica debería exigir— es el desglose exacto de cuánto puso cada actor. Sin esa cifra, la narrativa de «alianza» funciona como cortina: permite que el gobierno aparezca como socio principal de un proyecto sin que se sepa si aportó el 5%, el 20% o el 60% del total.
El ministro Santos anunció además trece levantamientos en proceso en otras comunidades de Sabaneta y una «primera etapa» de extensión de redes hacia Mata de Almácigos y Cañada de Palma, sin fecha de inicio, sin presupuesto público, sin mecanismo de seguimiento. Es el mismo libreto de siempre: el anuncio en el podio sustituye al cronograma verificable.
«El desarrollo solo es posible cuando las instituciones públicas y la ciudadanía trabajan de manera conjunta», afirmó una representante del PNUD durante el acto.
Primer eje: el Estado llega a cortar la cinta, no a resolver el problema. La electrificación de La Cidra de Tomas no nació de una política pública de extensión de redes con metas y plazos. Nació porque el PPS —un programa internacional operativo desde 1993, no una iniciativa del gobierno dominicano— decidió apoyar la gestión que la propia comunidad llevó adelante. El Ministerio de Energía y Minas se sumó después, cuando el proyecto ya estaba armado. Presentarlo en el acto de inauguración como un logro institucional del gobierno en turno es, presuntamente, una operación de relaciones públicas más que un reconocimiento honesto del origen del proyecto.
Segundo eje: trece comunidades «en levantamiento» es una frase sin compromiso. Decir que hay trece proyectos «en proceso de levantamiento» no es un plan, es una lista de intenciones sin presupuesto asignado ni fecha de ejecución. Mientras el ministro hablaba de Naranjo Chino, León Jiménez, Pata de Vaca y otros sectores de San Ignacio de Sabaneta, ninguna fuente oficial precisó cuánto costará, de dónde saldrá el dinero ni cuándo —si acaso— se ejecutará. Para una comunidad que ya esperó siete años organizándose por su cuenta, ese tipo de anuncio suena más a gesto de campaña política que a planificación de Estado.
Tercer eje: cuando el Estado convierte la autogestión comunitaria en modelo, también se exime de responsabilidad. El sistema quedará bajo operación y mantenimiento de Asoprocito y su Comité Hidroeléctrico. Esto se presenta como «empoderamiento», pero también significa que el Estado dominicano transfiere a la comunidad —que ya puso el trabajo de gestión, organización y parte del financiamiento— la carga futura de mantener funcionando un servicio que constitucionalmente debería garantizar. Si la microcentral falla en cinco años, ¿quién responde? No el Ministerio de Energía y Minas, que ya tendrá su próximo acto de inauguración en otra comunidad.
⚠ Punto de atención
Los anuncios de extensión de redes hacia Mata de Almácigos, Cañada de Palma y Ceja Larga no incluyeron fechas de ejecución ni montos presupuestarios públicos.
Este artículo documenta declaraciones públicas y datos divulgados oficialmente durante el acto de inauguración. Las afirmaciones sobre el rol del Estado en el financiamiento y la gestión del proyecto se presentan como análisis periodístico basado en información pública, sin imputar incumplimiento legal específico a funcionario alguno.
La Cidra de Tomas tiene luz porque su gente se organizó, no porque el Estado dominicano cumplió a tiempo con su función. Ese matiz —entre celebrar la resiliencia comunitaria y exigirle al gobierno que explique por qué hicieron falta siete años y financiamiento internacional para resolver algo tan básico como el acceso eléctrico— es justamente lo que el discurso oficial prefiere no abordar. ¿Cuántas inauguraciones más necesita el gobierno para reconocer que el verdadero protagonista de estos proyectos nunca fue el Ministerio, sino la comunidad que no tuvo más remedio que resolver sola lo que el Estado le debía?
Este artículo se basa en declaraciones públicas e información oficial divulgada durante el acto de inauguración. Las afirmaciones sobre patrones institucionales se presentan como análisis periodístico, no como imputación de incumplimiento legal específico.
¿Cuántas comunidades dominicanas siguen esperando su turno para que el Estado, y no solo la cooperación internacional, garantice su derecho a la energía?
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