SAN JUAN DE LA MAGUANA, RD.- Decenas de organizaciones y plataformas de movimientos sociales y ambientales de la Región Suroeste y la Republica Dominicana, dieron a conocer este domingo un documento de 12 puntos denominado Compromiso de San Juan, en donde las entidades dejaron plasmada su postura, en relación con un conjunto de problemas socioambientales que afectan al país.
En su primer punto las organizaciones establecen que la intención de explotación minera del Proyecto Romero en la Provincia de San Juan no tendrá permiso social, cuestión que consideran innegociable, ya que afectaría la salud, la vida y el medio ambiente de toda la población del Suroeste.
Las instituciones dicen que, si se permite que se inicie esta explotación minera en la vertiente sur de la cordillera central, seria inevitable que los intereses de las corporaciones mineras avancen sobre el corazón de la biodiversidad de la Isla afectando el potencial hídrico, agropecuario, agroindustrial y ecoturístico, lo cual consideran desataría una conflictividad social sin precedentes en la Republica Dominicana.
Con el Compromiso de San Juan, las organizaciones reclamaron del Estado atención para comunidades campesinas que protegen los ecosistemas y cuencas hidrográficas en la Región Enriquillo, Línea Noroeste, Cibao Central, Los Haitises y la Región Este del país.
Al tiempo que anunciaron el acuerdo de unificar todas sus luchas sociales y ambientales en un solo torrente para detener la voracidad de las corporaciones mineras y promover en un modelo sostenible e incluyente de desarrollo en la Republica Dominicana.
El documento integro
Después de analizar la situación socioambiental y de derechos de las comunidades del Suroeste y el país, declaramos y nos comprometemos con lo siguiente:
Profundiza en el debate político dominicano con nuestra cobertura independiente:
Ver noticias nacionales Análisis político completo
1. La explotación minera en el Proyecto Romero en la provincia San Juan y la GoldQuest no tendrán licencia social. Esta posición es innegociable porque sería una actividad que afecta la salud, la vida y los derechos socioambientales de los habitantes de la región suroeste del país.
2. Si se abre la posibilidad de que la Cordillera Central, recientemente declarada por la Unesco como madre de las aguas, sea explotada y herida en su vertiente sur con el Proyecto Romero, será inevitable que los intereses depredadores de las corporaciones mineras avancen sobre el corazón de la biodiversidad de la isla y sus reales posibilidades de desarrollo sostenible e incluyente.
3. Los impactos negativos a que las explotaciones mineras y depredaciones someten a la Cordillera Central, los ríos San Juan, Yaque del Sur, Yaque del Norte, Yuna, Nizao, Guayubin, Artibonito, Neita, Mao, Joca, Masacre, y demás cuerpos de agua, agravarían el estrés hídrico que ya sufre el país y podría desatar una conflictividad social sin precedentes en la Republica Dominicana.
Suscríbete y recibe las historias más importantes del día.
Al suscribirte aceptas nuestros términos y condiciones y política de privacidad.
4. La explotación del Proyecto Romero en San Juan impactaría negativamente a toda población del Suroeste, estimada en 953,957 habitantes por el Censo Nacional de Población y Vivienda de noviembre del 2022. En esta Región y sus dos subregiones (El Valle y Enriquillo), más del 50% de las familias dependen de la agropecuaria y actividades conexas, como fuente principal de subsistencia, a la que esta explotación minera pondría en riesgo.
5. De igual manera tenemos el deber de decirle No, a las pretensiones de Unigold de iniciar la explotación del Proyecto Minero Neita en Dajabón, en la vertiente norte de la Cordillera Central, dejando sin agua y afectando la agropecuaria en gran parte de la población de la Línea Noroeste.
6. Las comunidades del Suroeste, nos comprometemos a unir nuestras luchas con los esfuerzos de las provincias Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Sánchez Ramírez, Peravia, San Cristóbal, Monte Plata, Santo Domingo y el Distrito Nacional en defensa de los ríos Yuna, Camu, Bao, Jagua, Masipedro, Nizao, Ozama, Isabela y otras afluentes, y también para que las familias afectadas por las explotaciones mineras de la Barrick Gold, sean debidamente reubicadas y compensadas.
7. Reclamamos el cumplimiento inmediato los acuerdos firmados por el Gobierno con las comunidades desalojadas por la Presa de Monte Grande y con los campesinos beneficiarios de los asentamientos agrarios en el Valle de Neiba.
8. Demandamos que el Gobierno atienda las propuestas de la Coalición Enriquillo para recuperar el Ingenio Barahona, preservar la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo y sus áreas protegidas, sacar la BelfondEnterprises y la minería del Bahoruco Oriental donde nacen más de 25 ríos / arroyos y evitar que la inversión pública que pagaremos los contribuyentes para la construcción de la hidroeléctrica Monte Grande sea privatizada a favor del Consorcio Azucarero Central (CAC), que monopoliza más 75% de las aguas del Distrito de Riego Yaque del Sur.
9. Apoyamos la lucha de los campesinos que conviven y protegen el Parque Nacional de Los Haitises, por una solución integral para este ecosistema, respetando sus derechos.
10. De igual modo el Estado debe cumplir su compromiso de declarar de utilidad pública los terrenos en los que fueron asentados Los Peregrinos del Seibo en la Sección La Culebra y evitar los abusos de los acaparadores de tierra y depredadores en el Este y las demás regiones del país.
11. Nos comprometemos a educar e impulsar en el Suroeste, el Noroeste y el País sobre la necesidad de aprovechar las energías renovables solar, eólica e hidroeléctrica para impulsar un desarrollo regional y nacional realmente sostenibles e incluyentes, descartando proyectos altamente contaminantes e impuestos sin licencia social como las barcazas en Los Negros, Azua.
12. Nos comprometemos a unificar y articular todas nuestras luchas socioambientales en un torrente común, que impida que el Suroeste, la Línea Noroeste, el Cibao Central y toda la República Dominicana se vea afectada en su potencial hídrico, agrícola, agroindustrial y ecoturístico por la voracidad de los intereses de las corporaciones mineras. Esta voracidad no solo amenaza el medio ambiente y las posibilidades de desarrollo sostenible del país, sino que también vulnera los derechos fundamentales de sus habitantes en particular niños, mujeres, jóvenes, ancianos, a un entorno saludable, a la seguridad alimentaria y al acceso a recursos naturales esenciales para su subsistencia y bienestar.
Firmado:
Movimiento Suroeste Unido Por el Agua y la Vida, Coordinadora Popular Nacional, Red Socio ambiental Nacional, Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Foro Ciudadano, Coalición Por Una Seguridad Social Digna, Federación Nacional de Transportistas La Nueva Opción (Fenatrano), Coalición Socio Ambiental en Defensa de la Sierra, Articulación Nacional Campesina (ANC), Coalición Ambiental de la Línea Noroeste (Coanor), Coalición Enriquillo, Unión Anti-Barcazas Los Negros / Azua, Campamento Loma Miranda.
También, Comisión Ambiental de la UASD, Espacio Nacional Por Transparencia de la Industria Extractiva (ENTRE), Comité Nuevo Renacer / Encadenados de Cotuí, Comisión Ambiental por la Esperanza del Río Ozama-Cambieso, Instituto de Abogados Para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma), Coalición Ambiental de la Región Este de la República Dominicana, Movimiento Ecológico y Social Voces del Camú, Coordinadora Ecológica y Popular de Bonao, Fundación Ecológica Tropical (Fundetrop), Coalición por la Defensa de la Salud y el Medio Ambiente de la Provincia Peravia.
Además, Sociedad Ecológica de Nizao (SOEN), Sociedad Ecológica de Restauración, Amanecer Ambiental, Mao, Asamblea Ambiental de Dajabón (ANDA), Unión de Organizaciones Rurales del Noroeste Henry Segarra, Grupo Ecológico Las Lagunas, Villa González, Comité de Defensa de Laguna Saladillo, Red Ambiental de Santiago Rodríguez (Ransaro), entre otras.
