La madrugada del martes 17 de junio de 2026, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitió un veredicto que el procurador adjunto Wilson Camacho no dudó en calificar de «histórico»: 29 personas condenadas, entre generales, coroneles, oficiales y civiles que, según la acusación, desviaron fondos públicos de dos de los cuerpos de seguridad más sensibles del Estado dominicano. El fallo tardó casi doce horas en leerse. Pero la pregunta que no formuló ningún funcionario en tribuna es la que más incomoda: ¿por qué tomó más de seis años llegar hasta aquí? Y, sobre todo, ¿qué garantiza que los casos abiertos desde 2020 no seguirán la misma ruta lenta mientras los actores implicados permanecen en sus cargos, gozan de contratos o siguen figurando en nóminas del Estado?
El entramado que el tribunal desmontó
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, la red operó entre 2012 y 2020 y comprometió al menos dos instituciones de seguridad del Estado: el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). Según lo determinado por el tribunal, el dinero sustraído de las nóminas de ambas entidades fue utilizado para adquirir bienes por parte de los miembros del entramado. La acusación también señaló intentos de trasladar parte de la estructura que operaba en el Cusep y el Cestur al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), lo que el tribunal validó como probado.
Las penas impuestas son las siguientes:
Operaciones Coral y Coral 5G — Sentencia histórica
El mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, director del Cusep, y el general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cestur, junto al coronel Rafael Núñez de Aza, recibieron 20 años de reclusión mayor y multas de 400 salarios mínimos. El general Julio Camilo De los Santos Viola y Rossy Maybelline Guzmán Sánchez —conocida como «la pastora»— fueron sentenciados a 15 años y multas de hasta 400 salarios mínimos. Otros oficiales de menor rango recibieron penas de entre 3 y 10 años. El tribunal también ordenó la disolución de seis empresas vinculadas al esquema, entre ellas CSNA Universo Empresarial, Randa Internacional Company y Hacienda Kelman S.R.L.
Seis imputados —entre ellos Guillermo de Jesús Torres Robiou y la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo— recibieron sentencias absolutorias, aunque con varios votos disidentes que el tribunal no explicó en detalle durante la lectura del dispositivo. La sentencia íntegra será leída el 14 de agosto de 2026.
Una victoria real, pero parcial — y eso importa
El Ministerio Público tiene razón en celebrar. Una condena a generales activos y en retiro por corrupción sistemática es, en el contexto institucional dominicano, un avance sin precedentes recientes. Pero la narrativa de victoria total que proyecta el procurador adjunto Camacho omite deliberadamente lo que este fallo no resuelve.
La red Coral operó entre 2012 y 2020. Es decir, atravesó al menos dos administraciones. La investigación comenzó en 2017 con la Operación Coral y se extendió con Coral 5G. El juicio no arrancó hasta el 27 de junio de 2024. El veredicto llegó casi dos años después. Eso son ocho años desde los primeros indicios hasta la sentencia. ¿Cuánto dinero público continuó moviéndose durante ese período de instrucción? ¿Cuántos funcionarios tuvieron tiempo suficiente para borrar rastros? El tribunal no respondió esa pregunta. Tampoco se la hizo nadie en la conferencia de prensa.
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«Condenar a quienes ya salieron del poder es necesario. Pero la impunidad real vive en los casos que aún no llegan a juicio, en los actores que siguen activos y en las instituciones que no rinden cuentas.»
— Análisis editorial · Despertar Matinal
El mapa de la impunidad pendiente: casos 2020–2026
El fallo Coral no puede leerse en el vacío. Desde 2020, la República Dominicana ha acumulado una lista de presuntos casos de corrupción que, a diferencia de Coral, no han producido condenas firmes —y varios ni siquiera han alcanzado la fase de juicio de fondo.
⚠ Casos abiertos bajo vigilancia pública — 2020 al 2026
· Caso SeNaSa / Santiago Hazim: Presuntas irregularidades en contrataciones y pagos dentro del Seguro Nacional de Salud. Hazim, exfuncionario vinculado al sector, figura en investigaciones que, de acuerdo con fuentes cercanas al proceso, presuntamente involucran pagos sin contrapartida real y contratos direccionados. El expediente avanza lentamente en instancias fiscales.
· Caso INTRANT / Hugo Beras: Presuntas irregularidades administrativas en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre bajo la gestión de Hugo Beras. Según informes, las anomalías habrían afectado procesos de contratación y manejo de fondos públicos destinados a modernización vial. El caso no ha llegado a juicio de fondo.
· Ministerio de Educación / Roberto Fulcar y Ángel Hernández: Ambos exfuncionarios han sido señalados, presuntamente, en relación con irregularidades en contratos, compras y manejo de fondos en el sistema educativo público. Los montos en cuestión, según fuentes vinculadas a auditorías internas, serían significativos. A la fecha, ninguno de los dos enfrenta condena firme.
· Ministerio de Bienestar Estudiantil: Múltiples denuncias de irregularidades en la distribución de beneficios, licitaciones de alimentación escolar y contratación de servicios. La opacidad en la rendición de cuentas de esta cartera ha sido señalada reiteradamente por organizaciones de sociedad civil.
· Ayuntamiento de Santo Domingo Este: Presuntas irregularidades en contratos de obras y servicios municipales. Según denuncias documentadas por medios locales, exfuncionarios del cabildo habrían beneficiado empresas vinculadas a su entorno. El expediente permanece en fase investigativa.
· Ayuntamiento de Jarabacoa: Señalamientos similares en manejo de fondos municipales y adjudicaciones sin concurso. La Contraloría General no ha publicado informes de auditoría accesibles al público sobre esta gestión.
· Hospital Oncológico de Santiago: Presuntas irregularidades en compras de insumos médicos y equipos. De acuerdo con informes preliminares, existirían contratos sobrevaluados y compras fraccionadas para evadir umbrales de licitación. El Ministerio Público no ha formulado acusación formal pública a la fecha.
Lo que une a todos estos casos no es solo la presunta corrupción. Es el patrón: instituciones que no publican datos, fiscalías que tardan años en acusar, tribunales que reciben expedientes incompletos, y ciudadanos que nunca ven una condena. Coral tardó ocho años. ¿Cuánto tardarán estos?
Lo que el Estado aún debe explicar
El tribunal determinó que los fondos desviados provenían de nóminas del Cusep y el Cestur —dos cuerpos financiados íntegramente con dinero público. Eso significa que, durante años, el Estado dominicano pagó salarios a empleados que presuntamente no existían o que transferían sus sueldos a la cúpula de la red. Nadie en la Contraloría General, la Dirección General de Presupuesto ni la Tesorería Nacional ha ofrecido explicación pública sobre cómo ese mecanismo operó sin ser detectado por los sistemas de control interno.
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Nota de rigor jurídico
Los señalamientos sobre los casos mencionados en este artículo —SeNaSa, INTRANT, Educación, Bienestar Estudiantil, Ayuntamientos de Santo Domingo Este y Jarabacoa, y el Hospital Oncológico de Santiago— se basan en informes preliminares, denuncias documentadas y fuentes vinculadas a los procesos. En los casos donde no existe acusación formal ni sentencia, Despertar Matinal aplica el principio de presunción de inocencia. El uso del adverbio «presuntamente» y el tiempo condicional son deliberados y forman parte del rigor editorial de este medio.
La condena de las Operaciones Coral y Coral 5G es, en términos procesales, un logro real del Ministerio Público. Pero un fallo no construye un sistema anticorrupción. Lo que construye ese sistema es la consistencia: la misma energía fiscal aplicada a todos los expedientes, sin importar quién sea el imputado ni qué tan cercano esté al poder de turno. Hasta que esa consistencia sea demostrable con datos —tiempos de instrucción, tasas de acusación, condenas por año— el Estado dominicano seguirá teniendo victorias aisladas en medio de una impunidad estructural que no se resuelve con conferencias de prensa nocturnas.
¿Si el Estado dominicano pudo condenar a 29 personas por una red que operó entre 2012 y 2020, por qué los casos de corrupción documentados entre 2020 y 2026 —con actores identificados y denuncias públicas— siguen sin llegar a juicio de fondo?
