La acreditación internacional de escuelas de medicina es, sin duda, un asunto de salud pública. Cuando un país fabrica médicos en serie, la calidad de esa formación no es un dato estadístico: es el criterio que define si un paciente recibirá un diagnóstico correcto o un error que le cueste la vida. Por eso, el acto protocolario con el que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) renovó su acuerdo con la Autoridad de Acreditación del Caribe para la Educación en Medicina (CAAM-HP) merece algo más que un comunicado de prensa: merece preguntas incómodas.
De acuerdo con el ministro Rafael Santos Badía, la República Dominicana cuenta actualmente con 11 universidades y cuatro recintos adicionales que imparten la carrera de Medicina, para un total de 15 escuelas médicas que, según informó, avanzan en procesos de actualización curricular y adecuación a estándares internacionales.
La CAAM-HP, con sede en Jamaica, es la principal entidad acreditadora regional del Caribe. Su función es evaluar que las escuelas de medicina cumplan con normas reconocidas globalmente, lo que permite —entre otras cosas— que los egresados puedan acceder a residencias médicas en Estados Unidos y que los estudiantes dominicanos de esas instituciones apliquen a fondos federales estadounidenses.
El doctor Raymundo Jiménez, presidente de la CAAM-HP, destacó durante la firma que el proceso de acreditación internacional conecta directamente a las universidades dominicanas con el reconocimiento ante el Comité Nacional de Acreditación de Educación Médica Extranjera (NCFMEA) del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Ese vínculo es, en términos prácticos, el pasaporte profesional de los médicos dominicanos hacia el mercado laboral norteamericano.
«La acreditación significa perseguir permanentemente la excelencia. Cada universidad acreditada tiene el compromiso de continuar fortaleciéndose y elevando sus estándares académicos», señaló Jiménez durante el acto.
Hasta aquí, el relato oficial luce prolijo. Pero hay una omisión estructural que ningún comunicado institucional se molestó en aclarar: de esas 15 escuelas de medicina activas en el país, ¿cuántas están efectivamente acreditadas por la CAAM-HP? ¿Cuántas se encuentran en proceso formal de evaluación y cuántas apenas operan bajo el paraguas de una renovación de memorándum que, según el propio ministro, no constituye un requisito obligatorio?
Esa distinción no es semántica. Un memorándum de entendimiento entre el Mescyt y un organismo acreditador internacional establece un marco de cooperación, no una certificación de calidad. Que 15 escuelas formen médicos no significa que 15 escuelas hayan superado una evaluación rigurosa de sus programas, cuerpo docente, infraestructura clínica y protocolos de egreso.
Presuntamente, según fuentes del sector académico consultadas por Despertar Matinal, la mayoría de las escuelas de medicina del país se encuentra aún en fases iniciales o intermedias de adecuación curricular, y no todas han iniciado formalmente el proceso de acreditación ante la CAAM-HP.
El ministro Santos Badía anunció la conformación de una comisión de expertos encabezada por el doctor Marcos Núñez Cuervo, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Iberoamericana (Unibe). La medida puede ser positiva, pero plantea una interrogante de gobernanza: ¿por qué designar a un funcionario de una universidad privada específica para liderar un proceso que afecta a 14 instituciones más? ¿Qué mecanismos de transparencia garantizan que ese liderazgo no derive en ventajas competitivas para la casa de estudios representada?
Tampoco es menor el dato de que la acreditación internacional, según reconoció el propio titular del Mescyt, «no constituye un requisito obligatorio». Si el Estado dominicano tiene 15 escuelas habilitadas para formar médicos, pero la certificación de calidad de esas escuelas es optativa, la pregunta inevitable es: ¿qué mecanismo de control real existe para garantizar que quien se gradúe de las instituciones no acreditadas posee las competencias clínicas mínimas para ejercer sin poner en riesgo a pacientes?
De acuerdo con informes de organismos internacionales, la sobrepoblación de escuelas de medicina sin estándares unificados es uno de los factores que incide en la calidad del sistema de salud de los países en desarrollo. La República Dominicana, con 15 escuelas activas para una población de 11 millones de habitantes, tiene una densidad de formación médica superior a la de países comparables en la región.
La renovación del acuerdo con la CAAM-HP puede ser un paso genuino. Pero un paso anunciado con fanfarria institucional sin cifras, plazos ni indicadores verificables se parece más a una declaración de intenciones que a una política pública de calidad. El rigor exige más: ¿cuántas escuelas serán evaluadas este año? ¿Cuáles son los plazos para que la acreditación deje de ser voluntaria y se convierta en requisito de operación? ¿Qué ocurre con las universidades que no superen la evaluación?
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Si la acreditación internacional no es obligatoria y el Estado permite que 15 escuelas formen médicos bajo estándares dispares, ¿quién responde cuando el sistema de salud paga las consecuencias de esa permisividad?
¿Debería la acreditación internacional ser un requisito obligatorio para todas las escuelas de medicina del país antes de que puedan emitir títulos reconocidos por el Estado?
