BOGOTA, Colombia — El impacto del conflicto armado sobre los civiles en Colombia durante el año pasado ha sido el peor en una década a medida que la situación de seguridad del país se deteriora, dijo el martes el Comité Internacional de la Cruz Roja en un informe anual.
El grupo humanitario dijo que el número de personas desplazadas debido a que bandas criminales y rebeldes luchan contra el Estado colombiano y entre sí se duplicó en 2025, llegando a 235.000 personas. Mientras tanto, el número de personas que tuvieron que soportar los confinamientos impuestos por grupos rebeldes en pequeñas ciudades y aldeas aumentó un 99% el año pasado.
Durante décadas, grupos rebeldes y narcotraficantes han estado luchando contra el gobierno colombiano por el control de las zonas rurales, incluidos los corredores vinculados al tráfico de cocaína.
Un acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno colombiano y el grupo rebelde más grande del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ayudó a reducir la violencia rural. Pero desde entonces la situación de seguridad se ha deteriorado en muchas partes del país, a medida que grupos más pequeños intentan controlar áreas que alguna vez estuvieron dominadas por los rebeldes de las FARC, donde cobran impuestos a las empresas locales e intimidan a los civiles que se interponen en su camino.
“La situación humanitaria en 2025 es el resultado de un deterioro progresivo sobre el que el CICR ha advertido desde 2018”, dijo Olivier Dubois, jefe de la misión del CICR en Colombia.
Durante los últimos cuatro años, la administración del presidente Gustavo Petro ha tratado de reducir la violencia en las zonas rurales de Colombia organizando conversaciones de paz con los grupos rebeldes que quedan en el país y acordando altos el fuego con algunos de ellos.
Pero los críticos dicen que los grupos rebeldes han utilizado estos altos el fuego para reagruparse, rearmarse y fortalecer su control sobre las comunidades, donde cada vez más niños son reclutados en las filas de grupos criminales.
La violencia política también ha empeorado en Colombia, donde un candidato presidencial recibió un disparo en la cabeza el año pasado durante una manifestación en la capital, Bogotá, y luego murió a causa de sus heridas. Las autoridades han culpado del ataque a uno de los grupos rebeldes del país.
En febrero, la oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia dijo que la situación de seguridad en el país estaba “regresando” y que los asesinatos de defensores de los derechos humanos aumentaron un 9% el año pasado.
La Cruz Roja también señaló el martes que en 2025 hubo 965 personas muertas o heridas por artefactos explosivos, incluidas minas terrestres y drones, un 33% más de casos que el año anterior.
La Cruz Roja instó a las partes en el conflicto armado de Colombia a respetar los derechos de los civiles y proteger a quienes ya no desean participar en las hostilidades.
«El respeto al derecho internacional humanitario no es opcional», afirmó el grupo humanitario.
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