Por Redacción Despertar Matinal | Higüey, La Altagracia
Que la provincia que genera buena parte de los dólares del turismo dominicano haya necesitado que la Iglesia Católica y una alianza civil encabezaran su primer plan estratégico territorial —y no el Estado— dice más de lo que ningún discurso oficial puede ocultar. Este miércoles, en el Museo de La Altagracia, la Alianza Altagraciana Estratégica (ALTES) y el Obispado de la Diócesis Nuestra Señora de La Altagracia presentaron el «Plan Estratégico La Altagracia 2030», un documento que sus propulsores describen como el resultado de dos años de escucha real. La pregunta que queda suspendida en el aire de Higüey es si quienes tienen el poder ejecutivo y presupuestario de la provincia —y del país— lo leerán, o simplemente lo aplaudirán.
Un proceso que el Estado no lideró, pero que necesitará
Entre 2022 y 2024, 525 instituciones, más de 2,700 personas y 225 encuentros de trabajo en distintos rincones de la provincia construyeron, según explicó la coordinadora Ana Fulvia Valdez, un diagnóstico honesto del territorio. La metodología, descrita como «de abajo hacia arriba», contrasta con la lógica habitual de la planificación pública dominicana, donde los planes suelen diseñarse en oficinas capitalinas y aterrizan en los municipios ya terminados, sin consulta real.
El documento resultante incluye un diagnóstico retrospectivo, proyecciones hasta 2035 y 25 proyectos estratégicos orientados al desarrollo sostenible de la provincia. Fue elaborado con el acompañamiento técnico del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago —una institución que, dicho sea de paso, nació también desde la sociedad civil, no desde el gobierno central.
Que sean las organizaciones ciudadanas y la Iglesia quienes lideren este tipo de planificación no es un mérito menor: es un síntoma de la ausencia del Estado en su rol de articulador territorial.
La Altagracia crece sin planificación: la ironía detrás del turismo
La Altagracia es, sobre el papel, una de las provincias más prósperas de la República Dominicana. Punta Cana concentra una porción significativa del ingreso turístico nacional —que según el Banco Central superó los 10 mil millones de dólares en 2024—, y el corredor hotelero entre Bávaro y Cap Cana figura entre los más visitados del Caribe. Sin embargo, ese crecimiento económico convive con brechas profundas en salud, infraestructura, ordenamiento territorial y calidad de vida para las comunidades locales que no trabajan en los resorts.
No es casual que la gobernadora provincial Daysi de Óleo haya destacado específicamente los datos del sector salud como los más relevantes del plan. Esa mención, aunque breve, revela una realidad que los datos turísticos no muestran: una provincia que recibe millones de visitantes al año pero que no garantiza condiciones básicas de atención sanitaria a sus propios residentes.
El escritor del documento, Julio César Corral, fue directo al explicar el propósito del plan: «Somos todos protagonistas», afirmó, subrayando que este tipo de herramienta permite integrar las necesidades reales de los distintos sectores. El documento, según aclaró, funcionará como guía general para futuros planes de ordenamiento territorial —una función que, en teoría, debería haber estado coordinada desde hace años por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y los ayuntamientos locales.
La Iglesia como árbitro del desarrollo: ¿señal de madurez civil o de vacío institucional?
El obispo Jesús Castro Marte valoró la iniciativa como «una herramienta fundamental para orientar el crecimiento de La Altagracia». Su presencia en la presentación no es meramente simbólica: el Obispado fue uno de los impulsores del proceso. Que una diócesis co-lidere la planificación estratégica de una provincia es, en el contexto dominicano, un hecho que merece leerse en dos direcciones.
Por un lado, habla de la credibilidad y arraigo territorial que las instituciones eclesiales mantienen en comunidades donde el Estado llega tarde, mal o no llega. Por otro, plantea una pregunta incómoda sobre la debilidad del tejido institucional público a nivel provincial: si los municipios, las juntas de vecinos, los consejos de desarrollo y los ministerios sectoriales funcionaran con la fortaleza que la ley les atribuye, ¿necesitaría la Iglesia llenar ese espacio?
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ALTES: una estructura civil que expone lo que el gobierno debería hacer
La composición de ALTES incluye entidades tan diversas como la UASD Centro Higüey, la Asociación de Propietarios de Cap Cana, la Comisión Civil para el Desarrollo de La Altagracia, la Fundación AIB, los Escuchas del Pueblo Altagraciano, junto a organizaciones agrícolas, comunitarias y de mujeres de distintos territorios. Esa diversidad es, en sí misma, un logro.
Pero conviene no romantizarlo: una alianza civil no tiene poder de asignación presupuestaria, no puede modificar el plan de inversión pública ni obligar a los ayuntamientos a priorizar proyectos estratégicos. Su poder es el de la incidencia, la legitimidad y la presión. Para que los 25 proyectos estratégicos del plan pasen del papel a la realidad, necesitarán que el gobierno central, el Congreso y las autoridades locales los adopten formalmente, los financien y los ejecuten.
Enoide Cedeño calificó el proyecto como «un hito en la construcción de ciudadanía» y afirmó que permitirá tomar decisiones «con base científica y proyección territorial». Si eso es cierto, la pregunta que sigue es a quién le corresponde ahora actuar.
Cierre: el plan existe, el compromiso político aún no
El «Plan Estratégico La Altagracia 2030» es un documento valioso, construido con una seriedad metodológica poco común en el contexto provincial dominicano. Que haya tomado dos años, involucrado a más de 500 instituciones y producido 25 proyectos con proyección hasta 2035 lo convierte en una referencia que ninguna autoridad territorial puede ignorar con solvencia.
Pero los planes estratégicos, por sólidos que sean, no se ejecutan solos. La historia reciente del país está llena de documentos bien elaborados que duermen en gavetas ministeriales o se usan como decorado en actos protocolares.
La verdadera prueba del Plan Estratégico La Altagracia 2030 no fue su presentación este miércoles en el Museo de La Altagracia. Será lo que ocurra —o no ocurra— en los próximos doce meses con esos 25 proyectos estratégicos.
¿Adoptará el gobierno central el plan como referencia vinculante para la inversión pública en la provincia? ¿Lo incorporarán los ayuntamientos a su planificación operativa? ¿O terminará siendo otro ejercicio participativo impecable al que nadie con poder de decisión real le rinde cuentas?
Despertar Matinal seguirá el rastro.
