BOGOTA, Colombia — Siete años después de que la ciudadana estadounidense Kelly Knight fuera encontrada muerta en su departamento en Medellín, Colombia, su familia busca una intervención legal internacional, alegando que el sistema de justicia colombiano les ha fallado.
El caso, investigado como presunto feminicidio, permanece estancado desde 2019, lo que llevó a sus padres a presentar la semana pasada una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o CIDH, pidiéndole que priorizara la denuncia que presentaron a principios de marzo.
La denuncia ante la CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos, alega que Colombia incumplió su deber de prevenir, investigar y sancionar la violencia de género, violando así el derecho de Knight a acceder a la justicia.
Kelly, que entonces tenía 34 años, fue encontrada sin vida por su marido colombiano en el apartamento que compartían. Si bien la autopsia documentó hematomas y múltiples lesiones, la causa de la muerte figuraba como “anoxia (falta de oxígeno) bajo investigación”.
Nadie ha sido detenido ni acusado formalmente por la muerte de Knight.
«No tuvimos ninguna satisfacción en Colombia. La fiscalía y el médico forense no hicieron nada», dijo la madre de la víctima, Lee Goodpaster Knight, a The Associated Press desde Winston-Salem, Carolina del Norte, donde viven los padres de Knight.
Ignacio Álvarez Martínez, abogado de la familia y ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, dijo a AP que la solicitud de estatus de prioridad tiene como objetivo agilizar la decisión de la Comisión sobre si procesa formalmente la denuncia. Esta medida podría reducir el tiempo de espera para ese paso inicial de un año a solo unas pocas semanas.
El esposo de Kelly, Esteban Camilo Bedoya Restrepo, no quiso comentar sobre el consejo de su abogado.
Mientras tanto, la fiscalía de Colombia dijo a la AP que un fiscal especializado en feminicidios está a cargo del caso, que aún se encuentra en la fase de indagatoria, la etapa inicial de la investigación. La oficina agregó que “actualmente se están ejecutando órdenes policiales” y se ha remitido información relevante a la CIDH.
Álvarez Martínez, abogado de la familia, dijo que el caso de Kelly busca sentar un precedente para que Colombia adopte una “política de Estado integral” destinada a prevenir los feminicidios.
Entre enero y septiembre de 2025 se documentaron 621 feminicidios en el país -un promedio de dos por día-, mientras que en 2024 la cifra llegó a 872, según el Observatorio de Femicidios de Colombia.
Cada 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los colectivos feministas colombianos exigen investigaciones más rápidas y denuncian la persistente impunidad. Sus llamados a la justicia persisten a pesar de una ley de hace una década que tipifica como delito el feminicidio, un delito que ahora se castiga con hasta 50 años de prisión.
Susana Mejía, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres de Colombia, describe una “brecha crítica” entre la legislación y su aplicación, señalando que se estima que la tasa de impunidad por violencia de género supera el 90%.
«Nunca lo superas. Tienes que superarlo, pero nunca lo superas», dijo el padre de Kelly, Raymond Allen Knight.
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