Política. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) comparece ante el país para advertir sobre el eventual fracaso de la Reforma Policial del Gobierno, que no ha logrado ofrecer a las familias dominicanas los resultados prometidos en materia de seguridad ciudadana. Persisten los robos, asaltos y extorsiones y, al mismo tiempo, preocupa el aumento del número de personas que pierden la vida durante intervenciones policiales.
Según la encuesta Gallup publicada en mayo de 2026, el 55% de los dominicanos considera que el Gobierno realiza un mal trabajo en seguridad ciudadana. La encuesta ACD Media, de julio de 2026, confirma que la delincuencia sigue como la segunda preocupación nacional.
En el primer semestre de este año, el Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana, CADSECI, registró 625 homicidios generales: 382 intencionales, 144 por intervención legal y 99 clasificados como otros.
En el primer semestre de 2025, 126 muertes fueron clasificadas como intervención legal. Es decir, esta categoría aumentó un 14.3 %, aun cuando los homicidios intencionales bajaron de 478 a 382.
Si bien es cierto que los homicidios intencionales se han reducido, no es menos cierto que ese dato no puede analizarse aisladamente de los demás indicadores de seguridad ciudadana ni del aumento de las muertes durante intervenciones policiales.
Al cierre de agosto pasado, la Policía Nacional informó una tasa acumulada de 7.41 homicidios por cada 100,000 habitantes, resaltando la reducción de los homicidios intencionales como uno de los principales resultados de su política de seguridad.
Sin embargo, en el boletín correspondiente al primer semestre, CADSECI distingue los homicidios generales de los homicidios intencionales y clasifica separadamente las muertes por intervención legal, dentro de las cuales se registran muertes ocurridas en actuaciones policiales conocidas popularmente como intercambios de disparos. Estas forman parte del total de homicidios generales, pero no del cálculo de la tasa de homicidios intencionales.
Por tanto, la reducción de la tasa de homicidios intencionales no describe por sí sola todo el fenómeno de las muertes violentas mucho menos la realidad de la seguridad ciudadana.
Como todos sabemos, el 21 de septiembre, delincuentes asaltaron la vivienda del merenguero Julián Oro Duro en Santo Domingo Este; su esposa, Zeneida Socorro Castillo, murió durante el hecho y el artista resultó herido.
Menos de 48 horas después, un regidor y su esposa sufrieron otro asalto violento dentro de su vivienda en Villa González.
Son hechos distintos, cuyas circunstancias particulares corresponde esclarecer a las autoridades, pero que recuerdan una preocupación elemental de cualquier dominicano: el derecho a sentirse seguro también dentro de su propia casa.
Frente a esa realidad, el país necesita una Policía Nacional firme, profesional y capaz de enfrentar eficazmente a la delincuencia.
El PLD respalda a cada agente policial que, cumpliendo la Constitución y la ley, arriesga su vida para proteger a un ciudadano o enfrentar a un delincuente armado. Un policía atacado tiene derecho a defender su vida y la de terceros.
Pero ese respaldo no impide plantear otra realidad que también debe preocuparnos: el significativo aumento de personas que pierden la vida durante intervenciones policiales.
Registros publicados por medios de comunicación reportan más de 30 personas fallecidas en actuaciones policiales solo durante el mes de septiembre, frente a 14 durante todo septiembre de 2025.
Veintitrés de esas muertes fueron contabilizadas en un período de apenas ocho días y distintos reportes periodísticos y de organizaciones sociales sitúan en más de 180 las muertes ocurridas durante actuaciones policiales en lo que va de 2026.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos declaró que, hasta el 25 de septiembre, su organización contabilizaba 31 casos durante el mes y doscientos en lo que va de año.
La disparidad entre las cifras publicadas refuerza precisamente la exigencia de que el país necesita una estadística oficial, actualizada y verificable.
Y precisamente ahí surge una pregunta que el Gobierno debe responder:
¿Cuál es la cifra oficial?
Ese es el punto de fondo. Mientras las muertes por intervención legal se contabilizan separadamente y quedan fuera de la tasa de homicidios intencionales utilizada por el gobierno para mostrar la reducción de estos últimos, su número puede aumentar sin reflejarse en ese indicador.
Por eso, la disminución de los homicidios intencionales no basta por sí sola para declarar exitosa la reforma policial
Esa reforma también debe evaluarse frente a los delitos que afectan cotidianamente a la población.
Los miles de millones de pesos invertidos en la reforma policial no impidieron que entre abril y junio de 2026 se reportaran 887 robos de motocicletas —42 % solamente en Santo Domingo— y, al 31 de agosto, la propia Policía Nacional había reportado 4,402 robos, pese a más de 1.7 millones de acciones preventivas realizadas.
La extorsión revela, además, el problema del subregistro. El propio presidente de Indotel ha reconocido que el 85 % de las víctimas de extorsión y chantaje digital no denuncia, principalmente por miedo, vergüenza o desconfianza.
Una realidad con semejante nivel de subregistro no puede ignorarse al momento de afirmar que la inseguridad ciudadana disminuye.
La Policía tiene el deber de enfrentar el crimen y sus agentes tienen derecho a emplear legítimamente la fuerza cuando sea necesario para proteger su vida o la de terceros ante una amenaza real.
Pero precisamente porque defendemos una Policía fuerte y respetada, cada muerte producida durante una actuación policial debe ser esclarecida, para distinguir el uso legítimo de la fuerza de cualquier eventual exceso.
La Constitución y la Ley 590-16 establecen las funciones y límites de la actuación policial: la Policía previene y detiene; el Ministerio Público dirige la investigación penal y ejerce la acción pública; y los jueces juzgan.
Firmeza contra la delincuencia y respeto a la ley no son posiciones contradictorias. Son las dos obligaciones de un Estado de derecho.
La reforma policial reporta entre 11,001 y 12,272 nuevos agentes desde 2021, con una meta de 20,000 para 2028.
Pero una reforma policial no puede medirse solamente por el número de agentes graduados, cámaras instaladas, vehículos adquiridos o acciones preventivas realizadas. Tiene que medirse por sus resultados: denuncias atendidas, delitos prevenidos y esclarecidos, responsables sometidos a la justicia, reducción de las víctimas, confianza ciudadana y uso de la fuerza sometido a controles efectivos.
En ese sentido, el PLD demanda del gobierno lo siguiente:
- Publicar un registro mensual y desagregado de homicidios intencionales, homicidios generales y muertes por intervención legal, con las rectificaciones correspondientes y el estado de esclarecimiento de cada caso.
- Garantizar, bajo la dirección efectiva del Ministerio Público, una investigación independiente de cada muerte ocurrida durante una intervención policial, e informar periódicamente sobre las diligencias y resultados, respetando la reserva legal de las investigaciones.
- Revisar los planes operativos y los protocolos de uso de la fuerza, incluyendo la planificación de arrestos, evaluación del riesgo, asistencia médica inmediata y preservación de las evidencias.
- Fortalecer el patrullaje y la investigación criminal con agentes especializados por territorio, mapas de concentración delictiva y metas verificables de prevención y esclarecimiento.
- Extender el uso de cámaras corporales y de vehículos en las unidades operativas, estableciendo reglas claras de encendido, conservación y acceso a las grabaciones, así como controles externos y disciplinarios.
- Publicar, por provincia, las denuncias de robos, asaltos, robos de motocicletas y extorsiones, indicando cuántos hechos se investigan, esclarecen y llegan a los tribunales, y fortalecer los canales de denuncia segura y confidencial.
- Presentar ante el Congreso Nacional un balance verificable de la reforma policial, de la plantilla efectiva de la policía, de los recursos utilizados y de sus resultados en materia de seguridad ciudadana y respeto de los derechos fundamentales.
Los dominicanos queremos caminar por las calles del país sin miedo, vivir tranquilos en nuestras casas y atender nuestros negocios sin temor.
Quien delinque debe saber que el Estado lo va a perseguir, arrestar, investigar y someter a la justicia con todo el peso de la ley.
Y el policía que cumple con su deber merece el respaldo de la sociedad y del Estado para proteger su vida y la de los ciudadanos dentro del marco que establece la ley.
Pero, de igual manera, cada muerte ocurrida durante una actuación policial debe ser esclarecida y el país tiene derecho a conocer qué ocurrió.
Queremos una Policía firme frente al delincuente, pero profesional en su actuación y respetada por la sociedad. Queremos seguridad, pero seguridad dentro de la ley.
Porque la autoridad se ejerce dentro de la ley. Seguridad sin legalidad no es seguridad.
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