La política necesita símbolos porque los símbolos simplifican aquello que la realidad vuelve complejo. Un rostro puede representar esperanza, bronca o frustración; una frase de pocos segundos puede convertirse en la explicación de un país entero. Pero los símbolos tienen un inconveniente para quienes intentan administrarlos: cuando aparece el contexto, algunas historias empiezan a contar exactamente lo contrario de aquello para lo que parecían destinadas.
Dos escenas ocurridas en los últimos días muestran esa tensión con una claridad extraordinaria.
La primera ocurrió en Bahía Blanca. Javier Milei volvió a encontrarse con el joven que durante la campaña presidencial de 2023 se le había acercado para pedirle: “Por favor, salvá este país”. Tres años después, el mismo joven volvió a tomarle la mano y le manifestó que seguía acompañándolo. No había allí un reclamo por un beneficio personal ni la exigencia de una excepción concedida desde el poder. Había continuidad en una demanda política: cambiar el rumbo.
La escena adquiría además un significado particular por el lugar y el momento en que ocurría. Milei había llegado a Bahía Blanca para recorrer proyectos privados de enorme magnitud. Compañía Mega desarrolla una ampliación vinculada a una inversión de aproximadamente USD 365,4 millonesmientras Louis Dreyfus Company proyecta una nueva planta de molienda por USD 400 millonescon capacidad de procesamiento de hasta 4.000 toneladas diarias.
La imagen, por supuesto, no demuestra por sí sola el éxito de un programa económico. Las inversiones tienen plazos, riesgos y resultados que deberán evaluarse. Pero políticamente contiene algo difícil de ignorar: el mismo joven que en 2023 pedía que la Argentina dejara de hundirse reapareció mientras alrededor suyo se discutían proyectos destinados a producir, exportar e invertir cientos de millones de dólares.
A más de mil kilómetros de allí apareció una escena muy distinta.
Durante una recorrida del diputado nacional Gerardo Huesen por Graneros, Tucumán, se produjeron incidentes y enfrentamientos con un grupo de personas. Entre quienes aparecieron en los videos estaba Franco Ibán Jerez, quien cuestionó al Gobierno nacional y vinculó su situación con el “hambre”. Luego comenzaron a conocerse datos que modificaban la imagen inicial del vecino completamente ajeno a la política.
Jerez había sido presentado públicamente en 2022 como secretario de Gobierno de la Municipalidad de Graneros y en las elecciones tucumanas de 2023 ocupó el segundo lugar de una lista como candidato a concejal. El municipio sostiene que actualmente no integra su personal, de modo que sería incorrecto presentarlo como empleado municipal actual. Su trayectoria política previa, sin embargo, está documentada.
Ese detalle importa.
No porque haber ocupado un cargo político impida pasar dificultades económicas. Sería absurdo sostenerlo. Tampoco porque cualquier persona que haya militado pierda el derecho a protestar. El punto es otro: cuando una escena es presentada públicamente como la expresión espontánea de un ciudadano cualquiera, conocer que su protagonista tuvo responsabilidades dentro de la estructura política local cambia necesariamente el contexto.
Y el hambre es demasiado seria para aceptar contextos incompletos.
Cuando una familia realmente no puede comer, existe un drama que ninguna disputa partidaria debería banalizar. Precisamente por eso debería incomodar que la pobreza se transforme en un recurso narrativo cuyo valor político aumenta cuanto menos sabemos sobre quien aparece frente a la cámara.
La Argentina conoce demasiado bien esa relación entre necesidad y poder. Durante décadas, municipios, gobernaciones y estructuras territoriales desarrollaron mecanismos de intermediación mediante los cuales el dirigente distribuye recursos, organiza demandas y se convierte en interlocutor entre el ciudadano y aquello que necesita. El riesgo aparece cuando resolver la dependencia amenaza también con volver innecesario al intermediario.
Por eso Bahía Blanca y Graneros permiten mirar algo más profundo que dos videos virales.
En una escena aparece un joven que pidió un cambio de rumbo y tres años después vuelve a reclamar continuidad en esa transformación. A su alrededor hay proyectos privados que prometen ampliar capacidad productiva y exportadora. En la otra, una denuncia presentada inicialmente como expresión espontánea de malestar resulta protagonizada por alguien que había formado parte del poder municipal y había competido electoralmente por un cargo.
Las historias no son equivalentes y ninguna de ellas alcanza, por sí sola, para explicar la Argentina.
Pero juntas plantean una pregunta incómoda sobre la política: ¿qué ocurre cuando una estructura que durante años obtuvo poder representando la pobreza comienza a enfrentarse con una sociedad que quiere dejar de necesitar intermediarios?
Quizás ahí se encuentre uno de los conflictos más profundos de esta etapa.
No entre quienes sufren y quienes no sufren. No entre argentinos buenos y malos. Sino entre dos relaciones diferentes con el Estado: la expectativa de que el país genere oportunidades para que cada persona dependa cada vez menos del poder, y un modelo político cuya relevancia aumenta precisamente cuando el ciudadano sigue dependiendo de él.
En Bahía Blanca, aquel joven volvió a pedir que el cambio no se detenga.
En Graneros, el contexto mostró que detrás de una imagen de indignación espontánea también había historia política.
Y esa diferencia importa porque la pobreza debería ser un problema que la política intenta eliminar, nunca el argumento que necesita conservar para justificar su propia existencia.
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