SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra dos hombres imputados por presuntamente cometer actos de maltrato físico y psicológico y someter a trabajos o servicios forzados a varios niños, niñas y adolescentes que permanecían en un local donde operaba la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive), en el municipio Bajos de Hainaprovincia San Cristóbal.
Los imputados Ángel Gabriel Capellánconocido como “el Pastor” o “Capellán”, e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez fueron sometidos a la justicia ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal. El tribunal fijó para este jueves 3 de septiembre de 2026 la audiencia en la que conocerá la solicitud de medida de coerción.
La petición fue presentada por Yoanna Bejarántitular de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (FRAUDE), junto a las fiscales Ramona Santanatitular de la Fiscalía de San Cristóbaly Fanny M. Garabitos Guerrerocoordinadora de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales (GUÍA DE UAV).
Según la instancia depositada por el Ministerio Públicodurante una operación ejecutada entre la noche del 29 y la madrugada del 30 de agosto de 2026 fueron realizados allanamientos simultáneos en los sectores La Pared y El Carrilen Bajos de Haina.
Durante el operativo fueron rescatados 13 niños, niñas y adolescentes, con edades comprendidas entre cuatro meses y 13 años, quienes, de acuerdo con el Ministerio Públicopresentaban signos evidentes de maltrato físico y psicológico.
Las autoridades indicaron que el lugar intervenido funcionaba bajo la fachada de una fundación y un espacio religioso instalado en el interior de una finca.
Los allanamientos fueron ejecutados por la Fiscalía de San Cristóbal y la FRAUDEcon apoyo del Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional y la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC). En las labores de protección participaron la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conan).
La investigación se inició luego de que uno de los menores que permanecía en el lugar escapara y se presentara en un destacamento policial, donde alertó a las autoridades sobre las condiciones en las que, según su denuncia, se encontraban los niños, niñas y adolescentes.
A partir de esta alerta, el Ministerio Público inició las investigaciones y posteriormente obtuvo órdenes judiciales para el arresto de los dos imputados.
Como parte de las diligencias, el menor que realizó la denuncia fue sometido a una evaluación médico-legal. De acuerdo con el informe citado por el Ministerio Públicopresentaba múltiples lesiones en el rostro, miembros superiores e inferiores, dorso y espalda, además de quemaduras de segundo grado en el dorso de ambas manos, que se encontraban en proceso de cicatrización.
El menor también fue evaluado por una psicóloga forense, quien estableció, según la acusación, que no asistía a la escuela y que era obligado a realizar trabajos con madera destinados a la construcción de una vivienda. Asimismo, habría sido sometido de manera constante a maltratos físicos y castigos.
Durante las labores de inteligencia, las autoridades identificaron a Isaías Ramón Muñoz Rodríguezquien, según el expediente, al enterarse del arresto de Capellántrasladó a varios menores desde el inmueble donde funcionaba la Fundación Restaurando Vida hasta una vivienda ubicada en el sector El Carril, Los Solares.
El Ministerio Público señala que Muñoz Rodríguez realizó el traslado a bordo de un Toyota Corolla CEaño 1994, color beige, placa A272601, y permaneció posteriormente en las inmediaciones de la propiedad.
Durante los registros realizados con autorización judicial, las autoridades encontraron pertenencias de menores de ambos sexos y diferentes edades; entre ellas, ropa, cuadernos, uniformes, mochilas, juguetes, reconocimientos y recuerdos escolares.
También fueron ocupadas actas de nacimiento y documentos personales correspondientes a personas ajenas al lugar, además de armas blancas.
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En su solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público sostiene que la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive) no contaba con autorización de la autoridad competente para operar como hogar de acogida de niños, niñas y adolescentes.
La Fiscalía señala que, debido a esa falta de autorización, el funcionamiento del lugar, así como la recepción de fondos, donaciones y otros mecanismos de captación de recursos, se realizaban al margen de la regulación legal correspondiente.
La audiencia para conocer la solicitud de prisión preventiva contra los dos imputados está pautada para este jueves 3 de septiembre de 2026, ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal.
