El Tribunal Superior de Justicia y el Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba formularon un ofrecimiento salarial reformulado para resolver la disputa laboral con los trabajadores judiciales. La iniciativa fue presentada luego de 5 meses de negociaciones intermitentes, paros de actividades y medidas de fuerza en distintas dependencias del fuero provincial. El plan sustituye el borrador de junio y contempla la aceleración de cuotas de equiparación, modificaciones normativas y esquemas de bonificación directa en los haberes.
Las discusiones previas habían quedado paralizadas tras la votación de las asambleas sindicales que rechazaron la propuesta de junio e impulsaron un reclamo del 25% de incremento salarial. Ese descontento inicial respondió a los descuentos por días de huelga, las directivas del Memorando 01/2026 sobre guardias mínimas y la vigencia de la Ley 11.087. Ante este escenario, las autoridades elaboraron un esquema que establece la finalización de los tramos de equiparación federal a lo largo del año 2026.
La reestructuración beneficia a los cargos superiores al adelantar los plazos de equiparación parcial pautados originalmente hasta julio de 2027 en acuerdos firmados durante 2025. Sin embargo, los sectores medios representados por Escribientes y Auxiliares Ayudantes verán desplazados sus tramos desde julio hacia septiembre de 2026, resignando sumas retroactivas. El documento oficial dispone además dejar sin efecto el bono extraordinario de $140.000 por única vez ofrecido en la mesa de negociación de junio.
Modificaciones en escalafón y reducciones de aportes
El nuevo esquema salarial incorpora de manera estructural el adelantamiento del 50% de la bonificación por permanencia en la categoría correspondiente a los trabajadores. Según los datos oficiales difundidos por los organismos provinciales, la medida equivale al 5% del total de la asignación del cargo a liquidar desde los sueldos de septiembre. Asimismo, esta disposición se extiende a más de 550 agentes judiciales que habían quedado al margen en reestructuraciones previas del sistema del escalafón.
El beneficio alcanza tanto al personal que obtuvo ascensos en octubre de 2024 como a los agentes ingresantes bajo la modalidad de contratados en las dependencias judicial. La oferta contempla la aplicación de un adicional del 1,9% para todas las categorías a partir de septiembre a cuenta de futuros incrementos federales. En paralelo, la reglamentación reduce la alícuota de aportes extraordinarios previstos en la Ley 11.087 para el último tramo, disminuyéndola del 8% al 6%.
Esta modificación recoge lo determinado por un fallo emitido por el propio tribunal a fines de mayo sobre la necesidad de disminuir de forma gradual dichos porcentajes. Respecto a las sanciones económicas por protestas, el órgano judicial confirmó que mantendrá los descuentos aplicados por jornadas no trabajadas en los meses previos. No obstante, las autoridades asumieron el compromiso formal de suspender las quitas pendientes en caso de obtener una aprobación total de la propuesta.
Esquema de pagos federales y evaluación gremial
Antes de recibir formalmente la documentación técnica del ofrecimiento, la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial requirió precisiones sobre los aumentos nacionales. Ante la consulta formulada por los representantes gremiales, la administración detalló la liquidación de las pautas establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las planillas oficiales indican que el incremento del 1,9% correspondiente al mes de junio será abonado conjuntamente con la liquidación de los haberes de agosto.
Por su parte, el aumento del 2,1% pautado a nivel federal para julio se cancelará junto con los salarios de septiembreincluyendo los montos retroactivos pertinentes. Con estas precisiones integradas al expediente administrativo, la entidad gremial inició una fase de evaluación interna para debatir el contenido global del proyecto. Las delegaciones sindicales convocarán a los agentes a votar de manera formal la aceptación o el rechazo definitivo de la pauta salarial presentada.
El proceso deliberativo determinará si la oferta formalizada alcanza para resolver un conflicto signado por la paralización de servicios en las unidades judiciales cordobesas. La incorporación de la bonificación porcentual por permanencia representa el cambio más sustancial dentro de la propuesta estructurada por los administradores de la justicia provincial. La resolución definitiva dependerá del resultado de los debates que llevarán a cabo los empleados en cada una de las sedes judiciales de Córdoba.
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