El presidente Luis Abinader recibió esta semana el informe final de la Consulta Nacional sobre Educación y prometió, una vez más, que los consensos «no quedarán archivados». La frase no es nueva. Ya en 2014 República Dominicana firmó un pacto educativo con vigencia hasta 2030, con 115 compromisos suscritos por 32 instituciones gubernamentales, universidades, sindicatos, iglesias y los ocho partidos con representación legislativa. Doce años después, ese pacto sigue técnicamente vigente y el Estado abre un nuevo proceso de consulta para, otra vez, «escuchar al país». La pregunta que el oficialismo no responde es simple: si el pacto de 2014 aún no vence, ¿qué falló para necesitar uno nuevo?
El Decreto 309-26 creó la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa y ordenó una Consulta Nacional sobre Educación que se lanzó formalmente el 11 de junio de 2026. El propio decreto obliga a esa comisión a «coordinar sus trabajos» con la Comisión Nacional creada mediante el Decreto 173-16, de 2016, bajo el argumento de «garantizar la coherencia» entre procesos. Es decir: el Estado dominicano reconoce en su propio texto legal que ya existía, desde hace una década, un mecanismo institucional pensado para lo mismo.
Entre el lanzamiento y la entrega del informe final el 22 de julio transcurrieron aproximadamente seis semanas. En ese lapso se realizaron foros territoriales, sectoriales y encuentros con organismos internacionales. Una fuente periodística citó que en la primera etapa territorial participaron «más de 6,000 personas» en todo el país. No hay, hasta el momento, una ficha técnica pública que detalle cuántas de esas personas fueron docentes, estudiantes, padres o técnicos del propio Ministerio, ni bajo qué criterio de representatividad se seleccionaron los foros regionales.
El comunicado oficial describe el proceso como «uno de los procesos participativos más amplios realizados en el país». Es una afirmación que el propio Estado se otorga a sí mismo, sin que exista todavía un documento metodológico público que permita contrastarla: no se conoce el tamaño de la muestra, el margen de representatividad territorial, el costo total del ejercicio ni los criterios de selección de los «líderes de opinión» convocados. Sin esa ficha técnica, calificar un proceso como el más amplio de la historia reciente es una afirmación política, no un dato verificable.
«Sin una ficha técnica pública, calificar un proceso como el más amplio de la historia reciente es una afirmación política, no un dato verificable.»
Despertar Matinal
El segundo elemento que exige escrutinio es la superposición institucional. El Ministerio de Educación (Minerd), el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) y el Infotep ya cuentan con estructuras de planificación, currículos y comisiones técnicas propias. La creación de una comisión adicional —que debe «coordinarse» con otra de 2016 y sobre un pacto de 2014 aún vigente— plantea una pregunta de fondo: ¿se trata de una verdadera reforma estructural o de un nuevo envoltorio institucional sobre compromisos que ya existían en papel?
Tampoco hay, en los documentos disponibles hasta ahora, un cronograma vinculante para el anteproyecto de la nueva Ley General de Educación. El presidente afirmó que «la ley que vamos a construir no va a retratar el sistema que ya tenemos», pero no fijó fecha de radicación ante el Congreso ni mecanismos de veeduría ciudadana para monitorear si los 115 compromisos del pacto anterior —o los nuevos que surjan de esta consulta— se cumplen. La experiencia de 2014 es la referencia obligada: un pacto firmado por prácticamente todo el arco institucional y político del país, con metas hasta 2030, del que hoy no existe una auditoría pública de cumplimiento accesible al ciudadano común.
El discurso oficial insiste en la participación y el diálogo. Pero un proceso de consulta que no publica su ficha técnica, que se ejecuta en seis semanas y que coexiste sin explicación clara con al menos otros dos instrumentos previos (2014 y 2016) corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de legitimación política antes que en una herramienta real de transformación educativa.
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Nota metodológica
Las cifras de participación citadas en este artículo provienen de fuentes periodísticas y comunicados oficiales del Poder Ejecutivo. A la fecha de publicación, no se ha localizado una ficha técnica pública con muestra, margen de error o metodología de selección del proceso de consulta, por lo que las afirmaciones sobre su alcance deben leerse como declaraciones institucionales pendientes de verificación independiente.
El Estado dominicano tiene ahora, sobre la mesa, un pacto educativo de 2014 vigente hasta 2030, una comisión de 2016 aún activa y un informe de 2026 recién entregado. Los tres documentos hablan del mismo objetivo: transformar la educación dominicana. Antes de aplaudir un nuevo proceso de consulta, valdría preguntarse por qué el anterior, firmado por casi todo el país, no se convirtió todavía en los resultados que hoy se vuelven a prometer.
¿Puede un país confiar en una tercera promesa de reforma educativa si nunca se auditó públicamente el cumplimiento de la segunda?
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