Un ministro presenta una cifra ante 200 agentes de viaje en San Juan. La cifra sube. El aplauso llega antes que la pregunta obligatoria: ¿sube respecto a qué? Cuando David Collado afirma que los turistas puertorriqueños que eligen República Dominicana crecieron 7.7% en lo que va de 2026, el dato circula como noticia de éxito sin que nadie —ni el funcionario, ni el boletín oficial— explique la base comparativa, el margen de variación estacional ni quién audita externamente esas cifras. En un país donde el turismo se ha convertido en el activo político más citado del oficialismo, la ausencia de metodología pública no es un detalle menor: es el patrón.
Según lo informado por el Ministerio de Turismo, 269 mil turistas puertorriqueños visitaron el país durante el año anterior, y la proyección oficial para el cierre de 2026 supera los 290 mil visitantes. La cifra se presenta como consolidación de un mercado «dinámico» dentro del Caribe, atribuida en parte a la conectividad aérea reforzada por la llegada de Arajet junto a JetBlue, Frontier y Sky High Dominicana, con rutas activas desde Santo Domingo, Punta Cana y Santiago hacia San Juan.
El anuncio se dio en el marco de una reunión del Comité de Marketing Público-Privado, instancia que define estrategias de promoción hacia mercados como el puertorriqueño. Es una gestión que, de acuerdo con el discurso oficial, se enmarca en el programa de promoción internacional que el actual gobierno —en su segundo mandato consecutivo desde agosto de 2024, tras el primero iniciado en 2020— mantiene como bandera de su política pública. Sin embargo, el comunicado no incluye la ficha técnica de la medición: no se precisa la fuente exacta de los datos de llegadas (Banco Central, Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, o registro migratorio), ni el período exacto que se compara contra el 7.7%, ni si la cifra está ajustada por estacionalidad o por el crecimiento poblacional del propio mercado emisor.
El primer problema es la base de comparación. Un crecimiento turístico del 7.7% solo tiene valor informativo si se sabe contra qué período se mide: ¿enero-mayo 2026 contra enero-mayo 2025? ¿Contra el promedio de los últimos tres años? El ministerio no lo especifica, y esa omisión no es inocente en un gobierno que ha convertido cada cifra turística en material de comunicación política.
El segundo problema es el fallo implícito en la narrativa del «récord». República Dominicana compite hoy, en materia de conectividad aérea con Puerto Rico, contra un mercado que estuvo prácticamente cautivo durante gobiernos anteriores que no invirtieron en diversificación de rutas. Cualquier cifra de crecimiento actual debe contrastarse con más de dos décadas de gestión turística previa —incluyendo períodos donde el país estuvo fuera de una comparación directa por falta de datos homologados— antes de calificarse como «histórica». Un estado que se audita a sí mismo y luego se premia a sí mismo por el resultado de esa autoevaluación no ofrece prueba, ofrece propaganda.
El tercer problema es la opacidad del dato. No existe, en el material difundido, un desglose que permita verificar de forma independiente el 7.7%: no hay tabla comparativa, no hay fuente primaria citada, no hay margen de error declarado. Frente a un gobierno que ha hecho del turismo su principal narrativa de éxito, la ausencia de transparencia metodológica no puede tratarse como omisión administrativa menor. Es, cuando menos, un patrón de comunicación que privilegia el titular sobre la evidencia.
Este medio no afirma que las cifras oficiales sean falsas. Se cuestiona, de acuerdo con estándares periodísticos de rigor investigativo, la ausencia de ficha técnica pública, fuente primaria verificable y metodología comparativa que permita a la ciudadanía y a la prensa contrastar de forma independiente la información difundida por el Ministerio de Turismo.
«Un estado que audita sus propios números y luego se premia por el resultado no está informando: está narrando su propia campaña.»
Que más turistas puertorriqueños elijan República Dominicana no es, en sí mismo, un problema. El problema es la costumbre institucional de convertir cada cifra en trofeo político sin someterla al escrutinio que una gestión pública transparente exige. Mientras el discurso oficial hable de «récords históricos» sin ficha técnica, la ciudadanía sigue sin herramientas para verificar si el éxito anunciado es real, parcial, o simplemente bien comunicado.
¿Puede llamarse récord histórico una cifra que el propio gobierno mide, audita y celebra sin ninguna instancia externa que la verifique?
Suscríbete y recibe las historias más importantes del día.
Al suscribirte aceptas nuestros términos y condiciones y política de privacidad.
