Récord histórico o relato oficial: lo que Abinader no explicó sobre economía, clase media y reforma policial

Un presidente que se declara a sí mismo protagonista de un récord histórico rara vez explica quién hizo la medición, con qué gobiernos se compara y bajo qué metodología. Eso ocurrió en la más reciente entrevista de Luis Abinader, donde el mandatario —ya en su segundo mandato consecutivo, iniciado en agosto de 2024 tras el primero que corrió de 2020 a 2024— habló de protección a la clase media, de una supuesta fortaleza económica y de avances en la reforma policial. El problema no es lo que el presidente dijo, sino lo que decidió no explicar: la validez del récord histórico que él mismo se atribuye.

Según lo declarado por el jefe de Estado, la República Dominicana superó los cinco mil millones de dólares en inversión extranjera el año anterior, cifra que —de acuerdo con sus propias palabras— podría ser aún mayor este año. Ese dato, presentado como récord histórico, se ofreció sin ficha técnica pública, sin comparación explícita con periodos anteriores y sin precisar la fuente institucional que certifica la medición.

El país acumula más de sesenta años de gobiernos democráticos posteriores a 1961, con administraciones que gobernaron por más de veinte años combinados fuera del oficialismo actual. Afirmar un récord histórico implica, por definición, haber comparado el dato actual contra el desempeño de esas gestiones previas. Sin embargo, ni en la entrevista ni en las comunicaciones oficiales posteriores se presentó esa comparación de forma verificable.

En materia policial, el mandatario destacó el aumento de la formación de nuevos agentes —de meses a seis meses académicos más tres de práctica— y mejoras salariales, en el marco de un proyecto de reforma policial que continúa depositado en el Congreso Nacional sin fecha de aprobación. También se refirió al caso de un joven fallecido en un procedimiento policial, prometiendo transparencia en la investigación del Ministerio Público.

El uso del término récord histórico exige rigor antes de repetirse como titular. Primero, la base de comparación: ningún funcionario ha precisado contra qué años específicos se mide el supuesto récord, ni si la cifra está ajustada por inflación, por tipo de cambio o por el crecimiento natural de la economía regional en los últimos cuarenta años. Sin ese ajuste, comparar dólares nominales de 2026 con los de administraciones de hace dos o tres décadas carece de sentido técnico.

Segundo, el fallo implícito en la narrativa oficial: presentar cifras económicas positivas junto con el reconocimiento de que «muchas familias han sentido el impacto del aumento de los precios» revela una contradicción que el propio Ejecutivo admite pero no resuelve. Si la inversión extranjera alcanza niveles sin precedentes, cabe preguntar por qué ese dinamismo no se traduce, según las propias palabras presidenciales, en un alivio perceptible para la clase media que dice proteger.

Tercero, la opacidad del dato: un Estado que se audita, se mide y se premia a sí mismo —sin la intervención de un organismo independiente que valide la metodología del supuesto récord— no ofrece garantías de veracidad, aunque tampoco implica automáticamente manipulación. La ausencia de una ficha técnica pública, con sample, margen de error o entidad certificadora, es en sí misma un problema de transparencia institucional, independientemente de si la cifra resulta cierta.

Sobre la reforma policial, el patrón se repite: se anuncian avances de formación y salario, pero el proyecto de ley que institucionalizaría esos cambios permanece sin aprobación legislativa. Mientras tanto, casos como el del joven fallecido durante una actuación policial continúan generando la pregunta de fondo: ¿la reforma anunciada ya está operando en la calle, o sigue siendo, en la práctica, una promesa pendiente de aprobación?

Ningún gobierno debería ser juzgado únicamente por las cifras que decide destacar de sí mismo. El récord histórico de inversión extranjera que el oficialismo atribuye a su gestión, en su segundo mandato consecutivo, necesita algo más que una declaración en entrevista: necesita una ficha técnica pública, una metodología comparativa transparente y un organismo independiente que la valide. Mientras eso no ocurra, la ciudadanía tiene derecho a preguntar si el récord histórico es un hecho verificado o un relato construido para consolidar una narrativa de éxito.