Abinader llega a Samaná a premiarse a sí mismo por una transformación sin datos comparables

Este sábado, en el sector Wilmore de Santa Bárbara de Samaná, el presidente Luis Abinader encabezó una nueva edición de la jornada «Primero Tú», enmarcada en el programa Gobierno Contigo. Se anunciaron más de 3,000 beneficiarios, la reparación de 35 viviendas, la construcción de cuatro casas y una inversión declarada de RD$15.8 millones ejecutada por la Dirección de Asistencia Social y Comunitaria (DASAC). El mandatario, en el marco de su segundo mandato —iniciado en agosto de 2024 tras un primer período que arrancó en agosto de 2020—, describió el proceso como una transformación en Samaná «impulsada por importantes inversiones». La pregunta que el comunicado oficial no responde es sencilla: ¿por qué toma años de gestión presentar como noticia una intervención puntual de un día, y con base en qué comparación se mide el carácter «histórico» de esa transformación?

De acuerdo con el reporte de prensa presidencial, la jornada movilizó a más de 20 instituciones del Estado, entre ellas Senasa, Inaipi, Inavi, Conape, Conadis, el Ministerio de Salud Pública, Inefi e Infotep. Se habla también del techado de 100 viviendas, el amueblamiento de 55 hogares y la distribución de 5,000 raciones alimenticias en comunidades de Sánchez y Santa Bárbara de Samaná. Son cifras concretas, verificables en tanto provienen de un comunicado oficial, y no hay razón jurídica para dudar de que esas obras puntuales se ejecutaron. El problema no está en negar la obra: está en el salto narrativo que convierte una jornada de asistencia social en la prueba de una transformación en Samaná de carácter histórico, sin que el Gobierno explique frente a qué línea base mide ese «récord».

Esa es precisamente la pregunta que el discurso oficial evita. Cuando el Ejecutivo dice que Samaná vive una transformación sin precedentes, ¿el punto de comparación son los cuatro años del gobierno anterior, los ocho años previos a ese, o los más de 20 años que el actual partido de gobierno permaneció fuera del poder antes de 2020? Comparar el ritmo de obra pública de una administración que lleva alrededor de seis años en el Palacio Nacional —contando el primer período 2020-2024 y el segundo, iniciado en agosto de 2024— contra partidos que gobernaron por dos décadas consecutivas no es un ejercicio neutro. Es una comparación que, según cómo se plantee, puede inflar o desinflar cualquier «récord». Y ese marco metodológico, hasta ahora, no ha sido publicado por ninguna instancia oficial.

El segundo eje del problema es de fondo institucional. Un Estado que audita, premia y elogia su propia gestión, sin que un ente externo —Cámara de Cuentas, contraloría, prensa independiente con acceso a los soportes documentales— valide esas cifras, no está ofreciendo un dato: está ofreciendo un relato. Esto no equivale a decir que las cifras sean falsas; equivale a decir que, hasta que exista verificación independiente, la ciudadanía tiene derecho a tratarlas con la misma cautela con la que se trata cualquier autoevaluación. La legislación dominicana en materia de acceso a la información (Ley 200-04) reconoce el derecho ciudadano a solicitar los soportes de ejecución de fondos públicos, un mecanismo que sigue subutilizado frente a anuncios de esta naturaleza.

Un tercer punto, menos discutido, es el de la opacidad comparativa. El comunicado presidencial no ofrece series históricas ni indicadores per cápita que permitan comparar la inversión social en Samaná con la de otras provincias en el mismo período. Sin esa data, hablar de «transformación histórica» es una afirmación política, no un hallazgo técnico. La diferencia importa: una es opinión de gobierno, la otra sería un hecho verificable.

Ninguna de estas observaciones invalida las obras entregadas en Wilmore este sábado. Un techo nuevo, una vivienda reparada o una ración alimenticia entregada son beneficios concretos para quien los recibe, y eso no está en disputa. Lo que está en disputa es el salto retórico que convierte una jornada puntual en una narrativa de transformación histórica sin base de comparación pública. Ese salto no es un delito ni una ilegalidad: es una omisión de transparencia que la ciudadanía tiene derecho a señalar sin que ello se interprete como negación de la obra física ejecutada.

La provincia de Samaná, como el resto del país, necesita menos comunicados triunfalistas y más series de datos abiertos, auditables y comparables en el tiempo. Mientras eso no ocurra, cada nuevo anuncio de «récord» seguirá siendo, ante todo, un ejercicio de comunicación política antes que un hallazgo verificado.