Policía Nacional reafirma transformación institucional al conmemorar los 22 años del IPES

La Policía Nacional volvió a reunir este martes a sus principales autoridades, representantes militares, académicos y religiosos para conmemorar el aniversario 22 del Instituto Policial de Educación Superior (IPES). El discurso oficial giró, una vez más, en torno a la transformación institucional: nuevos programas de maestría, tecnificación, marco normativo actualizado. Pero ese relato de modernización convive, en la calle, con una realidad que el acto conmemorativo no mencionó: la reforma policial integral, anunciada como bandera de la actual gestión gubernamental, sigue sin completarse, mientras organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas continúan denunciando casos de niños, niñas y adolescentes muertos en circunstancias vinculadas a actuaciones de agentes policiales.

El IPES fue creado mediante el Decreto No. 610-04 del 7 de julio de 2004, inicialmente bajo el nombre de Instituto Especializado de Estudios Superiores de la Policía Nacional (IEESPON). Desde entonces, según fuentes institucionales, se ha consolidado como el principal centro de formación superior de la corporación.

En el acto de este año, celebrado en el auditorio de la Plaza Educativa Juan Pablo Duarte y Díez, se destacaron logros como la Maestría en Dirección y Seguridad Ciudadana y el Técnico Superior en Operaciones Policiales, aprobado por el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (CONESCyT). El rector del IPES, general Juan Hilario Guzmán Badía, afirmó que la verdadera transformación policial no se mide solo en aulas, sino en el respeto a la vida, la dignidad humana y el uso racional de la fuerza.

Es precisamente en ese punto donde el discurso institucional se distancia de los señalamientos que, de acuerdo con informes de organismos de derechos humanos y reportes periodísticos recogidos en los últimos años, han documentado casos de menores de edad fallecidos en hechos donde estuvieron involucrados agentes policiales, muchos de ellos catalogados presuntamente como «balas perdidas» o intercambios de disparos en operativos. La reforma policial integral —que incluye protocolos de uso de la fuerza, control de armamento y mecanismos independientes de investigación— fue presentada públicamente por la actual gestión gubernamental, que inició su primer período en agosto de 2020 y transita su segundo período consecutivo desde agosto de 2024, como una prioridad de Estado. Sin embargo, hasta la fecha no existe, según fuentes disponibles, un informe de avance público que detalle en qué etapa se encuentra ni cuándo culminaría.

Resulta contradictorio que una institución celebre 22 años de profesionalización académica mientras la reforma estructural que debía corregir los patrones de violencia policial continúa, presuntamente, estancada. La formación de posgrado y las maestrías especializadas son avances legítimos en el plano curricular, pero no sustituyen la exigencia ciudadana de protocolos claros que impidan que un menor de edad pierda la vida en medio de un operativo policial.

Las denuncias sobre niños y adolescentes muertos en hechos vinculados a agentes no son casos aislados ni recientes; organizaciones de derechos humanos han insistido, de manera reiterada, en la necesidad de mecanismos de investigación independientes y de rendición de cuentas pública sobre el uso de armas de fuego en zonas urbanas densamente pobladas. El discurso del rector del IPES sobre «respeto a la vida y la dignidad humana» suena, en ese contexto, más a una aspiración pedagógica que a una descripción de la realidad operativa de la institución.

La reforma policial prometida por la actual gestión gubernamental fue presentada en su momento como respuesta directa a este tipo de hechos. Pero la ausencia de un cronograma público, de indicadores verificables y de informes periódicos sobre su implementación deja la impresión de que la promesa se ha convertido, con el paso de los años, en un anuncio recurrente más que en una política ejecutada. Mientras tanto, la formación académica avanza y se celebra con actos solemnes, pero el problema estructural que motivó la propia reforma —el uso desproporcionado o indebido de la fuerza— sigue sin una respuesta institucional medible.

No se trata de negar los avances formativos del IPES, sino de señalar que la profesionalización en las aulas no puede presentarse como sinónimo de transformación policial completa mientras persistan, sin resolver, los casos que han costado la vida a menores de edad en las calles del país.

Los 22 años del IPES merecen reconocimiento por sus avances en el plano académico. Pero ese reconocimiento no puede convertirse en una cortina que oculte lo esencial: la reforma policial que debía transformar de raíz la relación entre la fuerza pública y la ciudadanía sigue sin llegar a su meta, y mientras tanto, las calles del país continúan registrando denuncias de menores de edad muertos en hechos donde participan agentes.

¿Cuánto tiempo más deberá esperar la sociedad dominicana para que la reforma policial prometida deje de ser un anuncio institucional y se convierta en una política con resultados medibles que eviten que otro niño pierda la vida en un operativo?