El gobierno dominicano acaba de firmar la promesa de un Estado que se anticipa. Un Estado que, según el decreto 384-26, detectará el nacimiento de un niño, su ingreso a la escuela, su primer empleo, su jubilación, y activará servicios proactivos antes de que el ciudadano tenga que pedirlos. Suena, en el papel, a la administración pública que cualquier dominicano querría tener. Pero mientras el Ministerio de Administración Pública (MAP) diseña ese futuro anticipatorio, miles de dominicanos siguen esperando —de forma nada anticipada— que el Estado resuelva lo que ya está roto: hospitales colapsados, un sistema de salud señalado por presuntas irregularidades, un transporte público que se degrada y una seguridad ciudadana que no da tregua.
El decreto 384-26 pone en marcha la Estrategia Nacional de Servicios Proactivos 2026-2028, un modelo que el MAP describe como el paso «de una administración reactiva y burocrática hacia un Estado anticipatorio». La normativa se articula mediante un Portafolio Nacional por Eventos de Vida y descansa sobre principios de interoperabilidad, gobernanza de datos, trazabilidad, auditoría y supervisión humana. La Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) asumirá la implementación tecnológica, mientras el MAP conserva la rectoría metodológica.
Desde finales de abril, el MAP ya trabajaba en talleres junto al Gabinete de Políticas Sociales, el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Programa Supérate, el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) y los hospitales Hugo Mendoza y Reynaldo Almánzar. Es decir, el sector salud —el mismo sector donde se han documentado casos como el de SeNaSa (Operación Cobra) y el manejo del hospital oncológico pediátrico Onco14— es uno de los primeros laboratorios de este modelo de servicios proactivos. Quedan excluidos del ámbito obligatorio los órganos constitucionalmente autónomos y los ayuntamientos, para quienes la adopción del reglamento será apenas exhortativa.
La ironía no es un recurso retórico: es un dato verificable. El mismo aparato estatal que promete anticiparse a la jubilación de un ciudadano es el que, presuntamente, según informes de organismos de control y denuncias públicas, no ha logrado sostener con transparencia el sistema de salud que administra hoy. El caso SeNaSa, investigado bajo la llamada Operación Cobra, y el manejo del hospital oncológico infantil son referencias que cualquier lector dominicano reconoce sin necesidad de explicación. No se trata de negar que la interoperabilidad y la trazabilidad —principios que el propio decreto reivindica— sean necesarias. Se trata de preguntar por qué el discurso de modernización avanza en paralelo, y no como respuesta directa, a expedientes de opacidad que aún no tienen cierre público.
Lo mismo ocurre con el transporte público. La Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y el Metro de Santo Domingo —servicios que ya existen, que ya deberían funcionar sin necesidad de «eventos de vida» que los activen— arrastran un deterioro que miles de usuarios reportan a diario: unidades en mal estado, frecuencias reducidas, quejas que no encuentran respuesta institucional oportuna. Si el Estado aspira a anticiparse a las necesidades futuras del ciudadano, cabe preguntarse con qué autoridad lo hace cuando no ha resuelto las necesidades presentes que ya fueron solicitadas, formalmente, por la vía correspondiente.
A esto se suma la seguridad ciudadana, uno de los reclamos más constantes de la población dominicana en los últimos meses. Ningún Estado anticipatorio puede sostenerse como narrativa creíble si la percepción de inseguridad —medida en encuestas, en denuncias vecinales, en la cobertura diaria de sucesos— no encuentra una respuesta proactiva equivalente a la que se promete para trámites administrativos. El reglamento 384-26 no incluye a la seguridad ciudadana entre sus primeros pilares de implementación, lo cual es, en sí mismo, un dato revelador sobre las prioridades reales del modelo.
El gobierno tiene el derecho —y quizás la obligación— de modernizar la administración pública. Pero la modernización no puede ser una cortina que desplace la exigencia de resultados inmediatos en lo que ya está fallando. Mientras el Estado diseña algoritmos para anticipar el nacimiento de un dominicano, ese mismo dominicano espera, sin algoritmo alguno, que le resuelvan una cita médica, un autobús que llegue a tiempo o una calle segura para volver a casa. ¿De qué sirve un Estado que se anticipa al futuro si no logra sostener el presente?
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