Cada jueves, en el kilómetro 25 de la Autopista Duarte, el Estado dominicano repite un mismo ritual: quemar drogas frente a cámaras, funcionarios y representantes del sistema de justicia. Esta semana la cifra fue de 974 kilogramos, 15 gramos y 526 miligramos de sustancias controladas, incineradas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en el Campamento Militar 16 de Agosto. El acto, cargado de simbolismo institucional, se presenta como prueba de eficacia en la lucha contra el narcotráfico. Pero detrás del humo queda una pregunta que el Inacif no responde en su informe: ¿qué pasó con las personas detrás de esos 4,117 casos?
La destrucción de drogas no es un evento aislado. Según el propio reporte forense, la institución acumula más de 33 toneladas incineradas hasta la semana anterior. Es una cifra que impresiona en un comunicado, pero que —sin contexto judicial— dice poco sobre si el flujo de narcotráfico hacia y desde República Dominicana efectivamente se contrae, o si el país sigue funcionando como corredor de tránsito mientras el aparato de justicia exhibe resultados parciales.
El desglose técnico es detallado: 481 kilogramos, 519 gramos y 333 miligramos correspondieron a clorhidrato de cocaína; 380 kilogramos, 739 gramos y 875 miligramos a marihuana; 87 kilogramos, 978 gramos y 60 miligramos a ecgonina; 20 kilogramos, 289 gramos y 469 miligramos a crack; 3 kilogramos, 456 gramos y 630 miligramos a éxtasis; y 18 gramos y 760 miligramos a heroína. Las incautaciones más significativas se concentraron en Santo Domingo (184 kilogramos, 970 gramos), Peravia (156 kilogramos, 150 gramos) y Santiago (106 kilogramos, 811 gramos), con montos menores en el Distrito Nacional, Duarte, La Romana, La Altagracia, María Trinidad Sánchez y La Vega.
Un dato que suele pasar inadvertido: 61 kilogramos, 4 gramos y 309 miligramos correspondieron a sustancias no controladas, es decir, «casos negativos». Ese volumen —casi una décima parte del total quemado— implica que una porción relevante de los operativos ejecutados por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) terminó en falsos positivos. El informe no detalla qué ocurrió con las personas vinculadas a esos casos negativos, si hubo detenciones asociadas, ni si existieron procesos de reparación o disculpa institucional para quienes, presuntamente, fueron señalados sin causa.
El Inacif certifica peso; no certifica justicia. Y esa distinción importa cuando el sistema puede pesar miligramos de droga pero no reporta con la misma precisión cuántas condenas sostienen la cifra.
El acto de incineración se ejecuta al amparo de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11, un blindaje jurídico que legitima el procedimiento técnico. Nadie cuestiona la validez del protocolo forense en sí. El problema es otro: la destrucción de drogas se ha convertido en el único indicador público y recurrente del combate al narcotráfico, mientras otros indicadores —capturas de estructuras completas, sentencias firmes, decomiso de activos financieros vinculados, extradiciones— rara vez acompañan estos comunicados con el mismo detalle numérico que reciben los kilogramos y miligramos.
El Inacif certifica peso; no certifica justicia. Y esa distinción importa en un país donde, según fuentes del propio sistema judicial, buena parte de los expedientes de narcotráfico enfrenta demoras procesales, cambios de calificación jurídica o archivo por falta de pruebas. Si el Estado puede reportar con precisión de miligramos cuánta droga quema cada semana, cabe preguntar por qué no existe una comunicación pública con el mismo nivel de detalle sobre cuántas de esas 4,117 causas llegaron a juicio, cuántas terminaron en condena y cuántas se diluyeron en el camino.
La opacidad no está en el peso de la droga —eso el Inacif lo documenta con rigor—. La opacidad está en el después: en el destino judicial de los casos, en la trazabilia de las estructuras criminales presuntamente desarticuladas y en la ausencia de un reporte trimestral que cruce toneladas incineradas con condenas obtenidas. Sin ese cruce de datos, la ceremonia de los jueves corre el riesgo de convertirse en un ritual de legitimidad institucional más que en evidencia de resultados sostenibles contra el narcotráfico.
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La actividad de incineración se ejecuta al amparo de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11. Los señalamientos sobre casos negativos o procesos pendientes se presentan según los datos oficiales disponibles hasta la fecha de esta publicación, sin que ello implique una acusación directa de irregularidad.
Treinta y tres toneladas destruidas no equivalen automáticamente a treinta y tres toneladas menos circulando en las calles, ni a una estructura de narcotráfico desmantelada de forma proporcional. El humo del Campamento 16 de Agosto se disipa cada jueves; lo que no se disipa es la pregunta pendiente: ¿cuántas de las 4,117 causas que sustentan esta cifra terminarán realmente en una sentencia, y quién audita esa relación entre kilogramos quemados y justicia efectivamente aplicada?
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