De crítico del sistema carcelario a vocero de su modernización: la metamorfosis de Santana CCR Bonao

BONAO, Monseñor Nouel, RD. — El 19 de junio de 2026, el Estado dominicano colocó el primer bloque de lo que será el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Bonao. El acto tuvo protocolo, autoridades civiles y militares, bendición sacerdotal y el lenguaje institucional de siempre: estándares internacionales, reinserción social, segundas oportunidades. Roberto Santana Sánchez, titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), habló de normas de la ONU, de trabajo obligatorio, de áreas agrícolas. Sonó bien. Pero entre el discurso y la realidad del sistema penitenciario dominicano hay una distancia que no se mide en metros cuadrados de construcción, sino en años de desidia acumulada. Esa distancia, precisamente, es la que este artículo intenta medir.

Lo que se construye en Juma Bejucal

El nuevo CCR Bonao, ubicado en la comunidad de Juma Bejucal, se proyecta como un recinto de mediana y máxima seguridad con aulas, bibliotecas, talleres, granjas, áreas deportivas y programas de educación y trabajo. El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), Víctor «Ito» Bisonó, detalló que la infraestructura superará los 22,000 metros cuadrados y tendrá capacidad para 700 privados de libertad, con énfasis en la reinserción social como eje rector.

El director Santana Sánchez añadió que el sistema penitenciario dominicano generará alrededor de 200 puestos de trabajo en áreas técnicas —educadores, médicos, enfermeras, personal de mantenimiento y agricultura— y 200 plazas de seguridad, reclutadas mediante convocatorias públicas entre jóvenes bachilleres de la provincia. En paralelo, informó que en el proceso de depuración del personal penitenciario se han cancelado y sometido a la justicia a 52 servidores, una señal institucional hacia los colaboradores en funciones.

El CCR Bonao se suma a un plan de expansión que ya incluye centros similares en Azua, Hato Mayor, El Seibo, Santiago Rodríguez y Cotuí. El objetivo declarado es acercar a los internos a sus familias y facilitar la rehabilitación penitenciaria desde el entorno provincial, en lugar de recluirlos a cientos de kilómetros de sus vínculos afectivos.

Aquí es donde el análisis crítico se vuelve necesario. Roberto Santana Sánchez no llegó al frente del sistema penitenciario dominicano sin historia previa. Antes de asumir la dirección de la DGSPC bajo la actual administración —que inició en 2020—, Santana fue una voz reconocida en espacios de análisis jurídico y social, donde la crítica al estado de las cárceles dominicanas era frecuente y documentada: hacinamiento estructural, ausencia de programas reales de rehabilitación penitenciaria, corrupción entre custodios, ingreso de drogas por redes internas, y un modelo carcelario que reproducía la criminalidad en lugar de interrumpirla.

El contraste entre aquella retórica crítica y el lenguaje institucional que usa hoy no es un dato menor. Es un patrón observable en el ejercicio del poder dominicano: desde la oposición, las fallas del Estado se señalan con precisión quirúrgica; desde el oficialismo, esas mismas fallas se convierten en «procesos de transformación en curso». El CCR Bonao podría ser un avance genuino en infraestructura. Pero la infraestructura, por sí sola, no es política penitenciaria.

⚠ Alerta editorial

El propio Santana reconoció en el acto inaugural que 52 servidores han sido sancionados por conducta irregular. Esa cifra, lejos de ser un logro de gestión, es evidencia de que el problema de corrupción dentro del sistema penitenciario dominicano persiste de forma activa. Construir nuevas paredes sin sanear la cultura institucional interna reproduce el mismo ciclo que se promete romper.

El modelo que se exporta como ejemplo

Santana Sánchez afirmó que el modelo de reforma penitenciaria dominicana «es un ejemplo en la región». La afirmación merece contexto. El modelo del nuevo sistema penitenciario dominicano —que comenzó a implementarse a inicios de los 2000 con el apoyo de la cooperación italiana— sí produjo resultados documentados en materia de reducción de reincidencia y mejora de condiciones en los centros reformados. Ese reconocimiento es legítimo. Pero ese modelo coexiste con un sistema dual: los centros reformados y los antiguos, estos últimos aún con condiciones que contradicen cualquier narrativa de ejemplo regional.

Hablar de «modelo» sin precisar a qué porcentaje del sistema aplica es hacer un uso selectivo del dato.

El senador Héctor Acosta valoró la obra como «un acontecimiento nacional». La gobernadora Adela Tejada Gil participó. Las autoridades civiles y militares de la provincia asistieron. El ritual institucional se cumplió. Pero el estándar para evaluar el CCR Bonao no debería ser el acto de inicio de obra, sino la apertura del centro, el perfil de su personal, la calidad de sus programas y —sobre todo— la tasa de reinserción real de quienes pasen por sus instalaciones.

Bonao tendrá, en algún momento, un nuevo centro de corrección. La obra está iniciada, la capacidad proyectada es significativa y los programas anunciados —si se implementan— son pertinentes. Eso no se discute. Lo que sí debe discutirse es la coherencia entre el diagnóstico que funcionarios como Santana hacían antes de ocupar cargos y las políticas que impulsan una vez dentro del aparato institucional. El sistema penitenciario dominicano no se transforma con primeras piedras. Se transforma con supervisión independiente, presupuesto sostenido, personal capacitado y rendición de cuentas sobre los centros que ya existen, no solo sobre los que se construirán.