La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió este miércoles una de las condenas más contundentes contra el régimen venezolano al ordenar el cierre definitivo de El Helicoide, un centro de detención convertido durante años en símbolo de la represión política, las torturas y las violaciones sistemáticas de derechos humanos denunciadas por organizaciones nacionales e internacionales.
La sentencia responsabiliza al Estado venezolano por la detención arbitraria, la tortura y los abusos sufridos por el estudiante Jorge Rojas tras una manifestación opositora realizada en Caracas en 2003, durante la dictadura de Hugo Chávez. Además de reconocer la responsabilidad internacional de Venezuela, el tribunal dispuso que El Helicoide sea clausurado en un plazo máximo de 18 meses desde la notificación oficial del fallo.
La decisión representa un fuerte golpe para el aparato de seguridad construido por el chavismo durante más de dos décadas. El Helicoide, actualmente utilizado por organismos de inteligencia del régimen, ha sido señalado repetidamente por ex-detenidos, organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales como uno de los principales centros de detención política del país.
En su resolución, los jueces concluyeron que existen abundantes evidencias que demuestran la existencia de torturas, tratos crueles, detenciones arbitrarias y otras graves vulneraciones contra personas privadas de libertad dentro de esas instalaciones. Por ese motivo, ordenaron que todos los detenidos que permanecen en el lugar sean trasladados a centros que cumplan con estándares internacionales de protección de derechos humanos.
»La Corte estima pertinente ordenar al Estado que disponga, en un plazo de 18 meses a partir de la notificación de la presente sentencia, el cierre del centro de detención ‘El Helicoide»’, señala el fallo.
Los magistrados destacaron además que numerosas investigaciones realizadas por organismos internacionales documentaron durante años patrones de abusos dentro del recinto. Entre las fuentes citadas figura la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que en varios informes concluyó que agentes estatales venezolanos cometieron violaciones graves y sistemáticas de derechos fundamentales.
La Corte sostuvo que los abusos registrados en El Helicoide no constituyen hechos aislados, sino parte de un patrón persistente de actuación de organismos de seguridad vinculados al régimen chavista. Según el fallo, existen fundamentos suficientes para concluir que numerosos detenidos fueron víctimas de torturas físicas y psicológicas mientras permanecían bajo custodia estatal.
El caso específico que originó la condena se remonta al 19 de septiembre de 2003, cuando Jorge Rojas fue arrestado durante una manifestación en la Plaza Francia de Altamira, uno de los principales focos de protesta contra el gobierno de Chávez. Los jueces determinaron que las autoridades venezolanas vulneraron su derecho a participar en una protesta pacífica y restringieron indebidamente libertades fundamentales como la libertad de expresión, pensamiento y participación política.
La sentencia describe con detalle los abusos sufridos por Rojas durante su detención. Según las conclusiones de la Corte, el estudiante fue golpeado en diversas partes del cuerpo, amenazado con violencia sexual, sometido a humillaciones constantes, apuntado con armas de fuego y obligado a soportar simulacros de ejecución, conductas que fueron calificadas como actos de tortura.
Los magistrados también cuestionaron duramente la actuación de las instituciones venezolanas por no investigar adecuadamente los hechos. De acuerdo con el fallo, el Estado incumplió su obligación de identificar y sancionar a los responsables, favoreciendo un clima de impunidad que permitió la repetición de abusos similares durante años.
Aunque Rojas fue condenado posteriormente por distintos »delitos» y permaneció varios años sometido a procesos judiciales, la Corte concluyó que el Estado violó múltiples garantías fundamentales durante todo el procedimiento. Su responsabilidad penal fue finalmente extinguida en 2009.
La orden de clausurar El Helicoide adquiere una relevancia especial porque el complejo se ha convertido en uno de los símbolos más reconocidos de la represión política en Venezuela. Concebido originalmente en la década de 1950 como un ambicioso centro comercial y arquitectónico, el edificio terminó siendo ocupado por organismos del régimen y transformado en sede de los servicios de inteligencia.
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