El Gobierno de JavierMiley echó al ñoqui kirchnerista Ricardo Echegaray de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), luego de que quedara firme la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos que le impuso la Justicia por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.
La decisión implicó la desvinculación definitiva del exfuncionario kirchnerista, quien durante mucho años fue un ñoqui dentro del Estado.
La medida fue adoptada por la administración de Javier Milei en cumplimiento de la orden judicial y comunicada a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el organismo especializado en investigar hechos de corrupción y controlar la integridad en el sector público, conducido por el fiscal Sergio Rodríguez.
Según la documentación, ARCA resolvió hacer efectiva la inhabilitación especial perpetua y, en consecuencia, avanzar con la exoneración del ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La disposición fue firmada en las últimas horas en el marco de un expediente administrativo que seguía la situación de Echegaray dentro del organismo recaudador. En ese contexto, se formalizó el cumplimiento de la condena judicial que pesa sobre el ex funcionario y se determinó que correspondía su expulsión definitiva de la estructura estatal.
La condena de Echegaray
En los fundamentos de la resolución se recuerda que Echegaray fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 como autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.
La sentencia incluyó una pena de cuatro años y ocho meses de prisiónademás de la inhabilitación especial perpetua a ejercer cargos públicos.
El derrotero judicial posterior también fue detallado en la disposición. Tras la condena, la defensa del exfuncionario presentó distintos recursos para revertir el fallo.
Sin embargo, el 12 de mayo de este año la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto, dejando firme la posibilidad de ejecutar la sanción.
Echegaray tuvo un rol central durante los gobiernos de la corrupta Cristina Kirchneral frente de la AFIP entre 2009 y 2015, además de haber conducido la Dirección General de Aduanas y la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA). Durante ese período, acumuló una fuerte influencia en la política tributaria y en los mecanismos de fiscalización del Estado.
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Su situación judicial se complicó a partir de la causa vinculada a Oil Combustibles, la empresa del Grupo Indalo controlada por Cristóbal López y Fabián De Sousa. La investigación determinó la existencia de un esquema mediante el cual la firma dejó de transferir al Estado el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) que cobraba a los consumidores.
En ese marco, los jueces concluyeron que desde la AFIP se otorgaron planes de pago irregulares que permitieron sostener durante años ese mecanismo y evitar el cobro de una deuda millonaria. El Tribunal Oral Federal N.º 3 consideró acreditada la participación de Echegaray en esa maniobra y lo condenó por administración fraudulenta agravada.
