MANILA, Filipinas — Un tribunal anticorrupción de Filipinas ordenó el viernes el arresto de un destacado senador por acusaciones de que se embolsó un soborno de millones de dólares en un proyecto de control de inundaciones, en la última crisis que afecta al Senado.
El senador Jinggoy Estrada se entregó y pagó la fianza ante el tribunal de Sandiganbayan, lo que le permitió permanecer en libertad mientras avanza el caso.
El tribunal prohibió a Estrada salir del país mientras enfrentaba el primero de dos cargos relacionados con corrupción en relación con las anomalías del proyecto de control de inundaciones.
Se espera que el tribunal emita pronto otra orden de arresto por el segundo cargo, que no admite fianza, dijo a The Associated Press el principal fiscal anticorrupción, Jesús Crispin Remulla.
Estrada, de 63 años, ha negado rotundamente las acusaciones, principalmente de un ex ingeniero de obras públicas del gobierno, de que recibió más de 570 millones de pesos (9,3 millones de dólares) en sobornos.
«Tengo la intención de hacer uso de todos los medios legales para defenderme y limpiar mi nombre», dijo Estrada.
El senador era actor al igual que su padre, el expresidente Joseph Estrada. Ambos habían sido detenidos anteriormente por otros cargos relacionados con la corrupción.
Varios otros senadores y miembros de la Cámara de Representantes han estado implicados en las anomalías en el control de inundaciones en un archipiélago asiático asolado por la pobreza y que se encuentra entre los más vulnerables a inundaciones y tifones mortales.
Otro senador, Ronald dela Rosa, ha pasado a la clandestinidad después de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de detención en su contra por un presunto crimen de lesa humanidad.
Dela Rosa fue un exjefe de la policía nacional que impuso una brutal represión antidrogas bajo el entonces presidente Rodrigo Duterte que dejó miles de muertos, en su mayoría sospechosos de poca monta. El número sin precedentes de asesinatos alarmó a los gobiernos occidentales.
Duterte, que dimitió en 2022 tras su tormentoso mandato de seis años, fue arrestado el año pasado por orden de la CPI y trasladado en avión a los Países Bajos, donde fue detenido y se enfrentará a un juicio por presuntos crímenes de lesa humanidad a partir de noviembre por algunos de los asesinatos.
Duterte y dela Rosa han negado haber actuado mal, pero Duterte había amenazado repetidamente de muerte a sospechosos de drogas.
Dela Rosa está ausente del Senado desde noviembre por temor a ser arrestado. El 11 de mayo, reapareció repentinamente para ayudar a un aliado, el senador Alan Peter Cayetano, a capturar la presidencia del Senado con una escasa mayoría de 13 votos en la cámara de 24 miembros.
Dela Rosa corrió a la sala de plenos del Senado después de que agentes del gobierno intentaron arrestarlo. Fue puesto bajo custodia protectora del Senado, pero huyó dos días después después de que el jefe de seguridad de la cámara y dos asistentes abrieron fuego después de ver agentes del gobierno en un edificio adyacente.
Las docenas de disparos no causaron heridos, pero provocaron un caos en el Senado que, según los investigadores de la policía, pudo haber proporcionado a Dela Rosa una excusa para escapar.
Estrada, dela Rosa y Cayetano son aliados de Duterte y su hija, la vicepresidenta Sara Duterte, quien fue destituida por la Cámara de Representantes en una votación abrumadora el 11 de mayo por acusaciones criminales que incluyen riqueza inexplicable y amenazas de asesinar al presidente Ferdinand Marcos Jr., su esposa y un ex presidente de la Cámara.
El vicepresidente, que ha anunciado planes para buscar la presidencia en 2028, niega las acusaciones pero no las ha respondido en detalle.
A pesar de las crisis que aquejan al Senado, éste se ha convocado como tribunal de impeachment para el juicio al vicepresidente que podría comenzar en julio.
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El videoperiodista de Associated Press Joeal Calupitan en Manila, Filipinas, contribuyó a este informe.
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